Tuvieron que pasar 30 años para que el Gobierno pidiera perdón a las víctimas del Palacio de Justicia. En el marco de la conmemoración de tres décadas de luchas por conocer la verdad de los sucedido y obtener justicia ¬dos cosas que han sido ausentes a lo largo de las investigaciones¬, un par de actos de perdón llegaron desde distintas orillas: exguerrilleros del M-19 y el expresidente Belisario Betancur . Pero el gran aliciente para las familias de los desaparecidos y fallecidos en el holocausto, que estaban sentadas en la plazoleta del Palacio de Justicia –el epicentro del horror–, fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos.
“Reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por las desapariciones forzadas de Carlos Rodríguez Vera, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Beltrán Fuentes, Gloria Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda; por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas (....) Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Esguerra Forero hasta la actualidad (...) Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano (...) Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano”, manifestó el presidente.
Fue un acto de perdón obligatorio. Así lo había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena contra el Estado colombiano el 10 de diciembre de 2014; aunque el presidente Santos aseguró que el perdón lo hacía de corazón, no solo para cumplir. “Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19”, expresó. Y agregó una frase con un “si” condicional que molestó a más de una víctima en la ceremonia: “Pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”.
Unas palabras que contrastaban con las pronunciadas en febrero de 2012. Cuando el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 30 años de cárcel al coronel (r) Alfonso Plazas Vega y solicitó que la Corte Penal Internacional investigara al expresidente Belisario Bentacur por el holocausto, Santos dijo: “Yo por eso, más bien, le pido perdón al presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”, agregando después una frase que las víctimas del Palacio, especialmente los familiares de los desaparecidos, no olvidan: “Más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados”.
Sobre la ceremonia programada para ayer, la percepción de familias como la del magistrado Carlos Horacio Urán era que se trataba de algo “por cumplir”. Una sensación que ya había advertido la Corte Interamericana desde su fallo: “Este acto de reconocimiento solo tendrá valor y será reparador en la medida de que no sea un efecto simple acto protocolario sino que vaya acompañado de un compromiso del Estado con la verdad, la búsqueda y la justicia que de cumplimento pleno a la sentencia”. “Verdad” fue, de hecho, la mayor exigencia que hicieron todas las víctimas que se pararon en el atril a hablar antes de que el presidente Santos lo hiciera.
En el acto conmemorativo y de perdón en el Palacio de Justicia hablaron Héctor Beltrán, el padre de Héctor Beltrán Fuentes (desaparecido); Francisco Lanao, esposo de Gloria Anzola; y Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez (administrador de la cafetería, desaparecido). En ese espacio, hubo agradecimientos especiales para Eduardo Umaña Mendoza, el abogado y defensor de derechos humanos que acompañó a las familias de los desaparecidos desde el día uno, que exigió que la desaparición forzada hiciera parte del Código Penal colombiano (así es desde el año 2000) y que fue asesinado en su oficina por sicarios el 18 de abril de 1998.
Y no fue sólo Umaña quien perdió la vida sin haber completado el rompecabezas de los desaparecidos. “Padres, madres, hijos, hermanos, familiares murieron sin saber la verdad, sin lograr recuperar los restos de sus hijos y sin conseguir una justicia efectiva, mantuvieron su dignidad, su exigencia y la memoria de sus hijos. Rendimos homenajes a su valor y a su lucha que ha permitido conseguir los avances de justicia que aunque tardíos han permitido rescatar en parte la memoria y dignidad de nuestros familiares”, expresó Alejandra Rodríguez.
Para los familiares de los desaparecidos aún queda por responsabilizar a los protagonistas que permitieron que la barbarie, las balas y el fuego se tomaran el Palacio de justicia ese 6 y 7 de noviembre de 1985. El presidente Belisario Betancur, entre ellos, a quien abogados de las víctimas denunciaron esta semana ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al expresidente Betancur, argumentando que se deben aclarar sus responsabilidades. Ayer, justamente, el exmandatario emitió un comunicado. Las palabras más directas que haya dicho hasta ahora por los hechos del Palacio: “Pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país (...) he estado siempre a disposición de la justicia”.
Otro de los que pidió perdón por la toma del Palacio de Justicia fue el congresista Antonio Navarro Wolff, quien fuera uno de los principales líderes del M-19 y estuvo en la ceremonia discretamente. El senador, que para la época de los hechos no se encontraba en el país pues se estaba recuperando de un atentado, indicó que, como lo ha venido haciendo cada vez que lo invitan a un evento para conmemorar a las más de 100 víctimas que dejó el holocausto, se arrepentía de los hechos tan graves que propició el M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985. “Este es un camino a la reconciliación”, dijo.
En su discurso, el presidente Santos sostuvo que lo más importante en este momento es conocer la verdad. “Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional (… ) La paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades (...) Este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades. En un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra misma. Esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que solo parecía ocurrir en los noticieros”, enfatizó el primer mandatario.
En medio del acto de conmemoración, de remembranza de los magistrados caídos, de los civiles y militares muertos, de los desaparecidos y víctimas de tortura, el presidente Santos no desaprovechó la oportunidad para impulsar los diálogos de paz: “Nuestro compromiso con la paz también lo es con la verdad, con la reconciliación y con el perdón (...) La tarea es ardua pero necesaria, y fundamental si queremos paz en nuestros territorios”.
El presidente finalizó su discurso al dirigirse al ministro de Justicia Yesid Reyes, hijo del magistrado Alfonso reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia que suplicó por medios radiales por su vida y la de sus compañeros: “Hoy, 6 de noviembre de 2015, queremos que la justicia y la verdad brillen de nuevo. Y queremos hacer realidad, apreciado Yesid, pero en otro contexto –un contexto más amplio–, esa frase angustiosa de su padre, que todavía taladra nuestros oídos: ¡Que cese el fuego! ¡Que cese el fuego en Colombia para siempre!.
No todas las víctimas, sin embargo, acogieron las palabras del presidente Santos. Anahí Urán, una de las cuatro hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán –reconocido por la Corte Interamericana como una muerte extrajudicial– aseguró que el presidente no cumplió con lo exigido por la Corte Interamericana: asumir una responsabilidad directa por las irregularidades que se presentaron en el interior del Palacio de Justicia y en la casa del Florero. Su madre, Ana María Bidegaín, viuda del magistrado Urán, le dijo a este diario: “Colombia no ha entendido que la militarización de este país no es normal”.