El alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo) haría parte de una red de minería ilegal

os doce capturados en Bogotá, a donde fueron trasladados para la legalización de su captura. / Foto: Cortesía Policía Carabineros

En la tarde del pasado lunes, Juan Carlos Paya Torrijos, actual alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo), fue detenido en el palacio municipal del municipio que dirige. La razón: sus presuntos nexos con una red criminal, dirigida por alias Barbas, que estaría extrayendo oro de los ríos Caquetá y Putumayo a través de enormes maquinas extractoras de metales preciosos.

Según las indagaciones adelantadas por la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de la Policía y la Fiscalía, el daño ambiental que estas operaciones ilegales dejaron en ambos afluentes tardará 100 años en ser reparado. La investigación, que comenzó hace dos años, arrojó las pruebas necesarias para capturar a la totalidad de miembros del clan criminal, aseguró la Policía.

De hecho, esta no es la primera operación que se adelantó contra la organización dirigida por alias Barbas. En el curso de estas investigaciones, la Policía y la Armada hicieron tres operaciones contra la red, “en las que destruyeron 17 dragas entre los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, y constataron que para producir mensualmente 87.5 kg. de oro, vertían 140 kg. de mercurio al agua”, señaló la Policía.

¿Cómo operaba la red?

Durante la investigación, la Fiscalía y la Policía lograron desentrañar el posible entramado de esta organización criminal. En la cabeza estaría alias Barbas, quien habría conformado la Asociación de Mineros de los ríos Caquetá y Putumayo (Asomicuap), que desde Bogotá, servía como fachada para las actividades ilegales. En la capital del país se fabricarían y ensamblarían las piezas con las cual se construían las dragas para sacar el oro de los ríos.

La esposa de Barbas, alias Pati, sería la encargada de “manejar la parte administrativa de la fábrica de fundición y de coordinar el transporte del mineral extraído”. De ehecho, fue gracias a ella que la policía logró establecer que la organización utilizaba correos humanos para en transporte del metal precioso desde Putumayo.

El papel de alias Pati en esta parte de proceso se hizo claro en octubre de 2015, cuando miembros de la dirección de carabineros de la Policía la capturaron en el aeropuerto El Dorado con 367 gramos de oro escondidos en pequeñas láminas en sus zapatos.

Quien compraba el material ilegalmente extraído sería alias Yeyo, que además tendría contactos con funcionarios gubernamentales para que expidieran permisos que permitieran el ingreso de las piezas de repuesto y la maquinaria a los ríos Putumayo y Caquetá. De hecho, el acalde de Puerto Leguízamo, Juan Carlos Paya, habría recibido $25 millones a cambio de emitir actos administrativos para permitir el ingreso de maquinaria y el dragado del río.

Alias Japonés, Andrea y Palomo, serían los dueños de dragas y complejos de extracción ilegal a donde llegaban las maquinas, y dos integrantes de la Armada Nacional, al parecer “entregaban información sobre los movimientos de la Fuerza Pública y la planeación de operativos contra los yacimientos de la organización”.

A los presuntos integrantes de la red, quienes fueron capturados en Bogotá, Cali y varios municipios de Putumayo con ayuda de la Armada, les imputarán los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, receptación, prevaricato por acción y omisión, y cohecho propio por dar u ofrecer.