El Billar (Caquetá), "grave error operacional"

En marzo de 1998, las Farc atacaron varias unidades militares ubicadas en el Caquetá. Allí murieron 61 militares y 43 fueron secuestrados. / Archivo - El Espectador

El ataque de las Farc a varias unidades militares ubicadas en inmediaciones de la quebrada El Billar, zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá), en marzo de 1998, es recordado como una de las mayores derrotas militares en la historia de Colombia. Allí murieron 61 militares, 43 fueron secuestrados y dos desaparecieron, en un hecho que evidenció tanto la barbarie guerrillera como la negligencia del Ejército. Precisamente, el Consejo de Estado profirió una segunda condena contra la Nación por no haber protegido a sus hombres y haberlos dejado como carne de cañón para que los guerrilleros los masacraran.

En el fallo de 97 páginas, conocido por El Espectador, el alto tribunal advirtió que “el fracaso operacional ocurrido en Cartagena del Chairá al final de febrero y comienzos de marzo de 1998 tuvo su origen en un mal funcionamiento ocurrido en todos los niveles de la cadena de mando del Ejército”. Para el Consejo de Estado, fueron varias las fallas que llevaron a esta abultada derrota militar. Primero: los hombres enviados a combatir a la guerrilla no contaban con la experiencia suficiente para hacerlo en una zona que, en ese momento, era uno de sus santuarios.

Igualmente, la tropa estaba incompleta y no tenía los insumos necesarios, como un radio para comunicarse con sus superiores y otros batallones. No contaron, siquiera, con información que les permitiera saber cuántos guerrilleros había en la zona. “Los comandantes del Ejército desconocían por completo las condiciones del enemigo y, a pesar de ello, de forma temeraria enviaron a sus hombres al combate, sin que se hiciera un debido planeamiento”, apuntó el alto tribunal.

Tampoco tuvieron apoyo aéreo: “Un despropósito de cara a las operaciones que debían ser desempeñadas por una brigada móvil”. Eso, aunado con que la moral de la tropa estaba por el piso y, según el Consejo de Estado, el comandante de la Cuarta División “en lugar de asumir medidas que favorecieran las comunicaciones y visitas entre los efectivos militares y sus familias” para subir los ánimos de sus hombres, “recomendó al líder de la brigada que se abstuviera de otorgar permisos para que los combatientes visitaran a sus allegados”, para evitar deserciones. Una decisión que el alto tribunal consideró que no fue idónea y “presumiblemente profundizó los problemas que causaban un decaimiento en la actitud combativa de la Brigada Móvil n.° 3”.

Además, los comandantes de la Brigada Móvil n.° 3 y del Batallón de Contraguerrillas n.° 52, forzados por la carencia de medios y la baja moral de la tropa, incurrieron en “graves errores operacionales que implicaron una desventaja militar para el grupo de militares destacado en la zona. Las investigaciones disciplinaria y penal militar sobre las fallas cometidas por las estructura militar se centraron en los mandos bajos del Ejército Nacional y no indagaron sobre la responsabilidad de los mandos altos”.

Para la corporación es claro que los altos mandos de esta entidad “pudieron haber incurrido —aun cuando sea por la vía indirecta— en una violación de los derechos a la vida e integridad de los miembros del Batallón de Contraguerrillas n.° 52. Quienes a la luz del contraste entre la valentía de los combatientes y la ineptitud de los comandantes —lamentable paradoja común a todas las guerras— sirvieron como carne de cañón en el desigual combate librado contra la guerrilla”.

Razones que, consideró el alto tribunal, son suficientes para que las responsabilidades “se fijaran en todos los niveles de la estructura militar” y no únicamente en los comandantes de más bajo rango. Quienes, además, “en parte por las omisiones de sus superiores, no pudieron afrontar los combates con miras a una adecuada protección de los derechos de las tropas”. Pero el Ejército no investigó sino a un coronel y un mayor que “fueron ‘chivos expiatorios’ de cara al establecimiento de responsabilidades”. Con este panorama, el Consejo de Estado ordenó indemnizar a los familiares de uno de los soldados asesinados en esa toma: Ricardo Miguel Ibarra Táquez.

Esta entidad advirtió que no es la primera vez que el Ejército es condenado por casos similares, pues ya existen decisiones sobre el ataque a la base de Las Delicias (Caquetá), en 1996; la toma del cerro Patascoy (Nariño), en 1997, y la toma a la base militar de Gutiérrez (Cundinamarca), en 1999. Casos en los que “pudo comprobarse que los resultados de dichas batallas, claramente adversos a las filas estatales, tuvieron lugar por los graves errores estratégicos cometidos por el Ejército, que facilitaron que los grupos guerrilleros produjeran numerosas pérdidas humanas”.

Según el Consejo de Estado, en dichos casos se ha podido comprobar que las fallas “en el dispositivo militar eran conocidas en los diferentes niveles de la cadena de mando y que la entidad demandada no llevó a cabo acción alguna con miras a fortalecer la posición y disposición de las tropas comprometidas”. El Billar sigue siendo una vergüenza nacional tanto por los errores del Ejército como por la barbarie de las Farc. Esta acción marca un hito en 50 años de conflicto armado como una de las mayores derrotas militares. Una historia que regresa en momentos en que el Gobierno y ese grupo armado ilegal buscan ponerle fin a esta guerra.

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@juansjimenezh