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Fue a partir de la década de los años 70 cuando las Farc empezaron a consolidarse en San Vicente del Caguán, que este municipio del Caquetá empezó a ser considerado como zona de influencia guerrillera. Y su población, auxiliadora de la subversión. Durante los últimos años, desde que inició la fase pública de los diálogos con las Farc y, sobre todo, cuando esa guerrilla decretó el cese unilateral al fuego en diciembre de 2015, el Estado ha venido retomando de a poco su control territorial.
Sin embargo, la situación de orden público en este último año, y a pesar de que la Fuerza Pública le ha ganado terreno a la guerrilla, no ha mejorado. Además de los asesinatos y ataques contra los líderes sociales que se registraron este fin de semana, los habitantes del municipio caqueteño con los que se contactó El Espectador aseguraron que la sensación de inseguridad que se vive en San Vicente del Caguán es alta.
La personera municipal, Viviana Astudillo, le contó a este diario que existe un déficit en la Policía para atender los diferentes hechos de violencia que ocurren. Desde hace dos o tres meses, asevera, el panorama se ha complicado. “Además de la falta de vigor por parte de las instituciones del Estado, los medios de comunicación sólo ponen la lupa en San Vicente del Caguán cuando la situación es extremadamente grave. Duran un tiempo registrando los hechos y luego se van”, afirmó la funcionaria.
Las cifras del Forensis de 2015 de Medicina Legal, con respecto a homicidios y violencia interpersonal de San Vicente del Caguán, en comparación con las de otros municipios del Caquetá, no se encuentran dentro de las más violentas del departamento. Incluso, si se comparan esas cifras con las de 2014, la situación de orden público era más alentadora en San Vicente el año pasado. Sin embargo, los sanvicentunos que hablaron con este diario expresan que este año han vuelto a sentir los fantasmas de la violencia.
San Vicente del Caguán es uno de los territorios que más ha sufrido el impacto del conflicto armado al ser uno de los santuarios militares y sociales de las Farc. El municipio también es recordado porque formó parte de la llamada zona de distensión: una amplia región de 42 mil kilómetros, creada en 1998 por el entonces presidente de la República Andrés Pastrana, para adelantar negociaciones con las Farc. Luego del fracaso de estos diálogos, en 2002, siguió siendo un fortín militar de la guerrilla.
Un funcionario del Gobierno, que vive en dicho municipio y por temor a represalias omite su nombre, le contó a este diario que el papel que ha cumplido la Fuerza Pública con respecto a las muertes de los líderes sociales es “llamativa”. Por ejemplo, el crimen de Arley Monroy, líder asesinado el viernes pasado, se cometió en inmediaciones del Batallón del Ejército Cazadores, ubicado a las afueras de San Vicente del Caguán. El funcionario afirmó que las muertes de los líderes estaban casi “cantadas” y, además, en los últimos meses seis personas han muerto en inmediaciones de esa estructura militar. “¿Dónde estaban los militares?”, cuestiona.
La Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército, la cual opera en San Vicente del Caguán, aclaró que sus unidades militares no se encontraban cerca del sitio en el que fue asesinado el líder campesino Arley Monroy en San Vicente del Caguán, el pasado 18 de noviembre. Según la institución, el sitio en donde fue acribillado el líder “se encuentra a cinco kilómetros de distancia del Batallón de Infantería de Montaña Cazadores, en el sector conocido como La Siberia, y no frente a la guardia de la Unidad Táctica, ni a pocos metros como se indica en ciertos medios”.
La comunidad también tiene desconfianza de los miembros de la Policía. En septiembre de este año un grupo de 10 uniformados fue capturado por el Ejército, por ser presuntamente responsables del secuestro de una persona, quien, se supone, tenía información de una guaca perteneciente a un grupo al margen de la ley. Dentro de los detenidos estarían un oficial del comando de la Policía y miembros activos e inactivos en la institución.
Dos de los pobladores de San Vicente del Caguán, que fueron consultados por este periódico, señalaron a los medios de comunicación por difundir noticias sin un respectivo equilibrio en las fuentes citadas. Los pobladores apuntaron en especial a los noticieros televisivos por, en su concepto, darles rienda suelta a las declaraciones del alcalde Humberto Sánchez, quien, en su opinión, estigmatizó a algunos sectores de la población sanvicentuna.
El nombre de Lizeth Amézquita, antigua bibliotecaria de la Alcaldía de San Vicente del Caguán, salió a relucir dos semanas después de haberse realizado el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Según lo relatado por la funcionaria, el alcalde del municipio la removió de su cargo por haber votado por el Sí. Sánchez, quien contó con el aval del Centro Democrático, en su momento dijo que Amézquita ya no trabaja en la Alcaldía porque su contrato era provisional.
“El alcalde ha venido estigmatizando a las personas que queremos mostrar otra cara del municipio. Solo por vestirnos de cierta manera y utilizar mochilas nos han querido relacionar con las Farc”, le expresó a El Espectador Lizeth Amézquita, quien actualmente reside en Bogotá y trabaja para la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. La bibliotecaria, además de señalar la incertidumbre con la que vive su familia a raíz de la situación de orden público en San Vicente del Caguán, señaló que la falta de oportunidades para los jóvenes en el municipio los está dejando a merced de la delincuencia común y los reductos paramilitares.
La personera de San Vicente del Caguán también le contó a este diario cómo la situación en zonas rurales del municipio, como la vereda La Libertad, “es difícil”. El 16 de noviembre pasado, allí fueron hallados los cuerpos degollados de un niño de 8 años y una mujer de 39 años; habían desaparecido tres días antes. Ese mismo día que desaparecieron ellos dos, en Mina Blanca, a unos 50 minutos del casco urbano de San Vicente, Huberney Chasqui, un reconocido comerciante de la zona fue encontrado. Su cuerpo tenía 12 impactos de bala. “Si ya de entrada los asesinatos contra los líderes es algo lamentable, ahora los homicidios también están apuntando a la gente del común”, dice Astuadillo.
Asimismo, los habitantes de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Pato Balsillas, ubicada en san Vicente del Caguán, en zona limítrofe con el Meta y Huila, desde este año han denunciado presiones y estigmatizaciones también por parte del Ejército. “Además de etiquetarnos como auxiliadores de las Farc, en horas de la noche ingresan a nuestros hogares para intimidarnos”, le aseguró a este diario el principal líder de la ZRC, Máximo Espinosa.
Aunque este diario intentó contactarse con el alcalde de San Vicente del Caguán y el secretario de Gobierno, César Monje, hasta el momento no ha sido posible. Asimismo, El Espectador se comunicó con tres mayores del Ejército que operan en el municipio caqueteño, pero prefirieron no pronunciarse sobre la situación de orden público en la zona o los hostigamientos que les atribuye la comunidad.