"El caso de Nelson es un reconocimiento a la lucha contra la impunidad": familia Carvajal

Según el tribunal internacional se encontró al Estado de Colombia como responsable del asesinato al periodista en 1998. / FLIP

El pasado 6 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió un falló que sentó un precedente en la historia de la impunidad en el país y, sobre todo, en la historia del periodismo colombiano. Se trata del caso del periodista Nelson Carvajal Carvajal, asesinado el 16 de abril de 1998. La Corte encontró responsable al Estado de Colombia por su homicidio, pues, según el tribunal internacional, no se respetó su derecho a la libertad de expresión y se faltó al deber de garantizar el derecho a la vida del periodista.

Nelson Carvajal fue asesinado en Pitalito (Huila), al recibir siete disparos de arma de fuego. A lo largo de su carrera se dedicó a seguirle la pista a hechos de corrupción en su departamento. Carvajal era el director del noticiero Momento Regional y las  denuncias que realizó, no solo a través de los medios sino también con las autoridades correspondientes, involucraron a varios empresarios locales, pues Carvajal informó irregularidades de diferentes procesos licitatorios en el Huila.  Inicialmente la investigación de su homicidio encontró como presunto responsable al escritor y empresario Fernando Bermudez Ardila, quien tiempo después fue absuelto. 

De igual forma, Victor Felix Trujillo Calderón y Alfonso Quintero Alvarado se identificaron como presuntos autores materiales. Las acusaciones en su contra concluyeron con sentencia absolutoria el 15 de diciembre de 2000. Es decir que la investigación que ha realizado la justicia colombiana no ha conducido a ningún responsable, y todavía hay muchos vacíos e interrogantes por resolver. De igual forma, la familia de Nelson Carvajal ha sido víctima de amenazas, por lo cual  la Corte Interamericana también condenó al Estado de Colombia.

(Lea: El Estado es responsable del asesinato del periodista Nelson Carvajal: Corte IDH)

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1938 hasta 2017 en Colombia ha sido asesinados unos 155 periodistas por razones de su oficio. La FLIP, afirmó en febrero de este año, cuando fue publicada la galería de los homicidios a comunicadores elaborada por la organización, que de varias de las víctimas no se encuentra ni siquiera un expediente y que la justicia colombiana “ha sido negligente en la mayoría de los casos”.

"En un país donde la regla es la impunidad y la excepción es la justicia yo creo que esta decisión (del caso Nelson Carvajal) tiene tres características importantes. La primera es un reconocimiento a un entorno de violencia en contra de la prensa. La segunda es la responsabilidad del Estado en no brindar justicia. Y, tercero, es a futuro cómo impacta en mejores condiciones para el ejercicio de la labor periodística”, señaló Pedro Vaca, director de la FLIP.

En diálogo con El Espectador, un familiar de Nelson Carvajal -quien por seguridad prefirió omitir su identidad- contó a este diario cómo ha sido el proceso de intentar esclarecer los hechos y, sobre todo, señaló que el caso del periodista se ha ido dilatando con la negligencia de la justicia, impidiendo que se conozca la verdad que la familia, los amigos y quienes trabajaron con él aún esperan.

¿Qué indicios tienen que puedan, de alguna forma, dar una explicación al asesinato de Nelson Carvajal en 1998?

Nelson era una persona dedicada al servicio del periodismo, específicamente en Pitalito, Huila. Estaba dedicado en uno de sus programas a la realización de un noticiero, era uno de los redactores, y por su sentido social y de pertenencia comunitaria se convirtió en una referente de confianza y de denuncia. Los ciudadanos le comunicaban a él las irregularidades que ellos advertían tanto de la administración pública como de las obras que se realizaban en el municipio de Pitalito.

Estas denuncias, que las hacía públicas a través del micrófono, le generaron problemas con algunas personas que se veían afectadas desde la administración municipal o del sector empresarial. Por eso Nelson se fue posicionando en el medio y se convirtió en una persona que siempre publicaba las irregularidades y soportaba las denuncias con pruebas. Eso hizo que algunas de las personas que señaló terminaran detenidos, específicamente por irregularidades en licitaciones públicas. Nelson no solo se conformaba con llevar las denuncias a través de los medios de comunicación, sino que también lo hacía acudiendo a la Fiscalía.

¿Lo mataron entonces por sus denuncias?

Hay varias hipótesis de qué era lo él que estaba investigando para la época de los hechos. Se sabe que Pitalito estaba en un entorno donde aún no había presencia de grupos paramilitares, pero de todos modos había grupos de narcotráfico. Tenemos declaraciones que se han manejado a lo largo del proceso penal, por medio de las cuales descubrimos que Nelson se encontraba realizando investigaciones, que por lo que él mismo manifestó en su momento, se trataba de dineros de narcotráfico que fueron puestos a servicios de campañas políticas durante esos años.

Esos hechos comenzaron a generar amenazas contra su vida, pero él nunca pidió protección. Inclusive se supo que el día del homicidio Nelson había pedido que la Personería municipal de Pitalito lo atendiera, posiblemente ese día iba a poner en conocimiento algunas irregularidades o denuncias, pero inexplicablemente esa cita que tenía para el día 16 de abril se la cancelaron a última hora.

(Lea: Piden que asesinato de periodista Nelson Carvajal sea declarado de lesa humanidad)

¿En el proceso penal que se abrió formalmente se pudo identificar a los victimarios?

Ese proceso ha manejado varias tesis. La que principalmente se manejó fue la que vinculó a algunos políticos y empresarios en Pitalito. Ellos estuvieron privados de la libertad en su momento, pero después hubo sentencia absolutoria. Es decir, los hechos ocurrieron el 16 de abril de 1998 y en abril del 2001 había sentencia absolutoria en contra de las personas inicialmente vinculadas al proceso. La investigación quedó estancada y en julio de 2002 se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitiera el caso. A raíz de eso se volvieron a recoger pruebas y se revisó nuevamente el expediente.

El proceso duró inactivo tres años y posteriormente gracias a la queja que se formuló ante el sistema interamericano el proceso fue reasignado y se dejó constancia de que el expediente inicial fue manipulado y algunos documentos se extraviaron.

Posteriormente, fue reasignado a una fiscal y se manejó una nueva hipótesis, tomando como base la declaración de un guerrillero desmovilizado, Pablo Emilio Bonilla Betancurt, de 47 años. Él advirtió que algunos miembros de la columna móvil Teofilo Forero pudieron haber estado involucrados como los autores materiales del homicidio, pero no a nivel de grupo armado sino a nivel de sicariato. Es decir, a nivel individual. Es posible que esas personas pudieron haber sido contactados por algunos políticos locales para perpetrar el homicidio contra Nelson.

Sin embargo, este testigo, que siempre dijo tener pruebas contundentes para el proceso, estaba buscando protección de la Fiscalía y esta no actuó oportunamente. Eso llevó a que, después de declarar y de haber advertido la necesidad de que le brindaran protección para poder entregar pruebas, fuera asesinado.

Nelson Carvajal también fue víctima de varias amenazas. ¿Qué tipo de amenazas fueron?

Siempre se puso en conocimiento, y así ha quedado registrado ante la justicia, que Nelson sí había manifestado, no ante la autoridad competente sino ante amigos y familiares, que había sido amenazado reiteradamente por las denuncias públicas que había presentado. Pero ante una entidad oficial no lo hizo, él era un incrédulo de la eficacia de la justicia.

(Lea: Arranca juicio contra el Estado por asesinato de periodista en 1998)

 ¿La familia de Nelson Carvajal fue víctima de amenazas?

Una vez se cometió el homicidio de Nelson, algunos de los integrantes de la familia empezaron a contribuir con la Fiscalía en ese afán de esclarecer los hechos. Empezaron a poner en conocimiento circunstancias que rodeaban la muerte de Nelson, especialmente una de las hermanas de Nelson Carvajal. Su vida quedó en peligro constantemente, hasta tal punto en el que a ella le tocó acogerse a un programa de protección de testigos durante más de nueve meses. En 1999, antes de que se dictara sentencia de primera instancia, ella abandonó el país.

Tiempo después, cuando el proceso estuvo en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las amenazas renacieron contra varios de los miembros de la familia y ellos también tuvieron que salir del país. De siete hermanos, cinco fueron víctimas de amenazas. De igual forma las hijas de Nelson y su esposa.

¿Que sigue ahora para el caso de Nelson Carvajal?

El proceso ha avanzado muy lento después de 20 años, al extremo de que tenemos dos personas vinculadas con medida de aseguramiento y respecto a los cuales se estaría realizando audiencia pública para que un juez pueda valorar las pruebas que aún obran en el expediente. Desde la fecha del asesinato aún no ha habido una investigación seria que nos permita determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.

En estos momentos estamos esperando a que la Corte Suprema de Justicia determine si autoriza o no la revisión del proceso, como se pidió.

¿Que representa el fallo de la Corte Interamericana para el propio caso y para el país?

Considero que la investigación del homicidio de Nelson tiene que ser estructurada sobre dos ámbitos. El primero es el ámbito nacional, ha sido evidente la dilación de la cual ha sido objeto el proceso. Las investigaciones que ha adelantado el Estado colombiano nos dejan claro que el proceso no ha tenido la suficiente agilidad para poder investigar, determinar, individualizar y sancionar a los responsables del homicidio. Son 20 años y en la etapa en la que se encuentra es evidente que no se ha hecho un uso racional del tiempo que nos permita conocer resultados. Sin embargo, en el fallo que profirió la Corte Interamericana de Derechos nos deja un escenario claro, que constituye ante todo un reconocimiento a la lucha contra la impunidad y en favor de la libertad de expresión no solamente para los periodistas en Colombia sino de las Américas. Por ello, en lo que concierne al fallo, como familia, nos sentimos bastante complacidos.

Este avance es bastante significativo y fija criterio y determina parámetros que obligan a Colombia y a otros Estados a que garanticen la libertad de expresión y para determinar políticas que contribuyan a garantizar la protección de quienes están dedicados a la actividad periodística. Es importante que por primera vez se sancione a un Estado por no garantizarle a un periodista su derecho a la libertad de expresión.