El caso de racismo laboral que revisa la Corte Constitucional

El magistrado Antonio José Lizarazo tiene el expediente de John Jak Becerra. / Archivo

En octubre de 2011, John Jak Becerra Palacios pidió ayuda por primera vez a las autoridades colombianas para que dejara de ser discriminado en su trabajo. Lo hizo ante la Fiscalía. Tiempo después, pidió lo mismo en el Ministerio de Trabajo, en la Procuraduría, y ante dos jueces de tutela. Nadie, hasta ahora, le ha dado una mano y su derecho a no ser discriminado por ser afrocolombiano, ha sido ignorado tanto por la empresa en donde trabajaba, como por las autoridades a las que ha recurrido.

Sin embargo, hasta la Corte Constitucional llegó su historia. El magistrado José Antonio Lizarazo tiene en sus manos el expediente de Becerra Palacios en el que está documentado tanto las agresiones que recibió mientras trabajó en la empresa A. R. Los Restrepos S.A.S., pero también una problemática de interés nacional: la inoperancia de los procedimientos administrativos y penales que existen en el país para tratar los casos de discriminación laboral.

“Decían que ahora a la empresa le había dado por contratar negros. Me hacían gestos de mico”, ha explicado John Jac Becerra en varias cartas que presentó como pruebas ante las instancias en donde ha presentado su caso. En uno de esos documentos, anexado al caso que revisa el alto tribunal, se evidencia la situación que vivía Becerra en la empresa: “Sé que como ser humano cometo errores y me equivoco también, pero esto no amerita a que se me tache como casi anormal”.

Sus jefes le contestaron que su reclamo estaba infundado y que su actitud era “temeraria y abusiva”. Cuando llegó a la Fiscalía, aceptaron la denuncia pero con un delito que no venía al caso: agresión contra la integridad moral. “Yo pedía era que no me discriminaran”, explica Becerra. En el Ministerio del Trabajo dijo que no tenía competencia para intervenir en este caso. Y el 5 de abril de 2013, fue despedido sin justa causa. 

El proceso siguió en la Fiscalía durante tres años. Pero en febrero pasado, el ente investigador archivó el caso por falta de pruebas. John Jak Becerra conoció entonces el trabajo del centro de estudios Dejusticia, del Observatorio de Discriminación Racial y del Movimiento Social Cimarrón, y con sus asesorías, presentó una tutela en contra del Ministerio del Trabajo y la empresa Los Restrepos. 

Dejusticia le explicó a la Corte Constitucional, en una intervención junto a las otras dos organizaciones, que los derechos constitucionales de Becerra fueron violados bajo un “patrón de discriminación racial institucionalizado en el ámbito laboral”, que se evidenció en por lo menos tres acciones.

La primera, en los actos de acoso laboral por parte de sus compañeros de trabajo. La segunda, en la falta de diligencia de sus jefes para investigar lo que estaba pasando, y en“la ineficacia de las instancias administrativas y penales para dar trámite y resolver de fondo las denuncias de discriminación racial, particularmente, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación”, agregó Dejusticia. 

“Cuando uno sabe que lo que está reclamando es justo, uno tiene que tener coherencia y persistencia”, señaló Becerra en un video publicado por el centro de estudios, que a su vez presentó a finales de marzo de este año la intervención en la que, además de detallar la historia de John Jak Becerra, hizo especial énfasis en la discriminación laboral que sufren los afrocolombianos y la desigualdad que enfrentan en el ámbito laboral. Sus dificultades para acceder a un empleo formal, los tipos de ocupación que desempeñan y las posibilidades limitadas para conservar un trabajo formal.

“Según el informe “Raza y derechos humanos”, del Observatorio de Discriminación Racial, los afrocolombianos tienen una sobre representación en el nivel de ocupación bajo, que corresponde a trabajadores de servicios no calificados: un 53,5% de afros ocupan estas posiciones, frente a un 40% de trabajadores mestizos. Y en el nivel manual alto se encuentra un 23% de afrodescendientes y un 31% de mestizos”, se lee en la intervención.

Asimismo, otra de las preocupaciones que evidenció Dejusticia ante la Corte es que las autoridades no respetan ni tampoco siguen las directrices existentes para tratar situaciones de discriminación racial en el trabajo. En este caso ni el Comité de Convivencia de la empresa, ni e Ministerio del Trabajo, ni la Fiscalía, las siguieron. 

“Consideramos que tanto una política nacional como el diseño de directrices que orienten a los inspectores de trabajo resultan herramientas jurídicas indispensables para el amparo de los derechos de las víctimas de acoso laboral. Puesto que, la promoción una ruta de atención integral con competencias claras y definidas en autoridades públicas para el trámites de los casos de discriminación en el empleo, facilitaría el cumplimiento de las funciones de las autoridades encargadas de prevenir, corregir o sancionar este tipo de prácticas laborales”, agregó Dejusticia.

Se espera que la Corte Constitucional tome en las próximas semanas una decisión para proteger los derechos de John Jak Becerra, pero que además, que se pronuncie de fondo y vincule al Congreso, Fiscalía y demás autoridades, para que en conjunto se le de una respuesta contundente a los casos de discriminación racial del país.