En el caso de Yuliana Samboní, la justicia llegará hasta por teleconferencia

El crimen de la pequeña Yuliana Samboní generó un rechazo general en todo el país. / Foto: Gustavo Torrijos

Lo que estaba programado era que Rafael Uribe Noguera llegaría este miércoles a los juzgados de Paloquemao en Bogotá tan custodiado como ha estado en cada audiencia pública. No podía ser de otra manera. Lo protegen la Fuerza Pública y el Inpec mientras se desplaza, come, duerme. Vigilan que la comida que sale de la cocina de La Picota para su celda vaya sin veneno; que nadie lo lastime; que no intente suicidarse. Al final, sin embargo, se decidió que era mejor si él no llegaba a Paloquemao. Por razones de seguridad, él participará en su llamado a juicio a través de una teleconferencia.

Durante 38 días, Uribe Noguera ha hecho parte de la agenda de los medios de comunicación y hoy, que se llevará a cabo la audiencia de su acusación, no podría ser distinto. “Lo más difícil para mí será tener que verle la cara al señor”, le dijo el padre de Yuliana Samboní, su víctima, a este diario hace un par de días. Él, Juvencio Samboní, y su esposa, Nelly Muñoz, cuyo cuerpo ya manifiesta un embarazo que se abre paso en medio de la más grande tragedia que puede vivir una madre, se regresaron al Cauca para enterrar a su niña luego de cuatro años tratando de sobrevivir en Bogotá, y ahí continúan.

Volver a Bogotá y a Bosque Calderón, el barrio de invasión en Chapinero donde vivían y donde fue raptada Yuliana ese domingo 4 de diciembre, poco les interesa. Lo que sí les importa, y lo repiten hasta la saciedad cada vez que hablan con una emisora, un noticiero o un periódico, es exigir justicia. “¡Justicia, justicia!”, insisten, como lo haría cualquier persona en su condición y especialmente en un país como Colombia, donde el dicho “La justicia es para los de ruana” ha prosperado con éxito.

En este caso, sin embargo, tal ha sido la efectividad de la Fiscalía, que pocas dudan quedan a estas alturas de que Rafael Uribe Noguera tendrá que responder por sus actos. Él mismo ya aceptó ante fiscales lo que había hecho, la contundencia del trabajo investigativo no le dio otra opción. En 24 horas, Medicina Legal ya había hallado la causa de la muerte de la pequeña: “asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento”. Así de rápido se confirmó también el abuso sexual al que la pequeña fue sometida. Y nueve días después del crimen, Valdés reveló que en el cuerpo de la niña había “material biológico” que vinculaba a Uribe Noguera.

La Fiscalía recopiló también los videos de seguridad de la zona —por eso desde el mismo domingo en la mañana ya se sospechaba de Rafael Uribe Noguera— y del edificio en el que fue hallado el cuerpo de la pequeña, Equus 66, en Chapinero Alto, donde hasta hacía unas semanas había vivido verdugo. El cadáver de la niña había sido escondido en las máquinas del jacuzzi del apartamento al que la arrastró Uribe Noguera. ¿Por qué había aceite en su cuerpo? ¿Por qué su ropa apareció en la cisterna de uno de los baños del “pent-house”?

El organismo investigativo no tiene aún todas las respuestas de este caso pero, por lo que ha demostrado hasta ahora, parece estar decidido a resolver todos los interrogantes que ha traído el caso. Por eso la Fiscalía, además de poner el pie en el acelerador, hizo algo que poco hace en este tipo de procesos: le pidió ayuda al FBI, específicamente en el trabajo de descifrar las evidencias que podrían estar contenidas en los sistemas de comunicación (llamadas de celular, chats, correos electrónicos) de los implicados.

Precisamente, con base en esas indagaciones del organismo estadounidense, la Fiscalía señaló hace unas semanas que había detectado inconsistencias entre las declaraciones del vigilante de turno en el edificio Equus 66, Fernando Merchán, lo consignado en libros y lo que los análisis de comunicación indicaban. La Fiscalía reveló esos hallazgos el 13 de diciembre; Merchán, cuatro días antes, se había suicidado. “No quiero volver a la cárcel. No quiero dañarles la Navidad, soy inocente”, escribió el hombre en una nota de su puño y letra.

Este martes, recién cumplido un mes de su fallecimiento, la familia de Merchán divulgó un video en el que se declaraba víctima de Rafael Uribe Noguera. Según sus parientes, el celador no es ningún cómplice de este atroz crimen, sino una víctima más de esta pesadilla. Su hijastra, Olga Casallas, indicó que su papá se suicidó producto de las presiones a las que fue sometido porque, luego de presentar sus descargos, el dueño de la empresa de vigilancia para la que trabajaba —aseguró Casallas— lo culpó directamente del asesinato de Yuliana Samboní.

“Las presiones que cometieron contra ese hombre lo llevaron a su sacrificio”, dijo José Édgar Rojas, otro de los familiares que aparece en el video que entregaron a los medios de comunicación los abogados de Merchán. Olga Casallas agregó que Francisco Uribe, hermano de Rafael Uribe, mintió en su declaración a la Fiscalía al intentar vincular a su padre con el crimen. La familia de Merchán reveló que él mismo les dijo que luego de que Catalina y Francisco Uribe Noguera estuvieron durante tres horas en el apartamento de su hermano, salieron junto a él sin ningún signo que permitiera saber si estaba drogado o borracho.

Lo que hicieron los hermanos de Rafael Uribe Noguera desde que los contactó la Policía para pedirles ayuda —pues ya estaba identificada la camioneta en la que se habían llevado a la pequeña Yuliana— hasta que las autoridades supieron que él estaba en una clínica, es todavía otro gran interrogante. Por eso la Fiscalía les imputó el cargo de favorecimiento el pasado 30 de diciembre, para de esa manera arrancar una investigación formal en su contra. Y el pasado 3 de enero un juez les prohibió salir del país. Ellos, por su parte, han negado cualquier responsabilidad en el atroz crimen. 

Este 11 de enero se cumple la promesa que el propio fiscal general hizo en el caso de Yuliana Samboní: se verá una acusación exprés, hecha un mes y siete días después de cometido el crimen. Lo que se espera es que Rafael Uribe Noguera acepte sentencia de manera anticipada y se acorte así todo el juicio; son demasiadas las pruebas en su contra. La justicia que reclaman los Samboní está a la vuelta de la esquina, aunque ninguna condena será suficiente consuelo para unos padres cuya hija de 7 años yace bajo tierra en un cementerio de la vereda El Tambo (Cauca).