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Mauricio Alberto Vergara Flórez es uno de los nuevos nombres que figuran en la lista de personas a ser imputadas por el escándalo de Odebrecht. Según la Fiscalía, Vergara, “como funcionario del Consorcio Sion habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros”. Le van a imputar cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares junto a Gabriel Dumar, otro empleado del Consorcio Sion que se habría prestado para lo mismo. En 2015, se daba por sentado que Dumar sería el nuevo director de Fonade, que maneja un presupuesto anual de casi $8 billones y es una de las empresas más poderosas del Estado. Quien quedó, no obstante, fue su primo, Alfredo Bula Dumar. Este último era el candidato de los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile.
Tanto Elías como Besaile también serán investigados por el tema Odebrecht a solicitud de la Fiscalía. A Elías, de hecho, le cancelaron ayer la visa de Estados Unidos, una especie de sanción social para los políticos nacionales. Según el organismo investigativo, el Ñoño Elías se habría quedado con un porcentaje del valor de la adición de la vía Ocaña-Gamarra, que costó $670.000 millones. La Fiscalía calcula que manos corruptas se quedaron en total con el 5 % de esa cifra, que son $33.500 millones. La Fiscalía indaga si Basima Patricia Elías Nader, prima del senador Elías, habría recibido dinero para él, y por eso le imputarán lavado de activos. A Mauricio Vergara y a Gabriel Dumar les imputarán ese cargo y enriquecimiento ilícito.
Vergara figura como representante legal en cuatro contratos con el Estado firmados entre 2012 y 2014, que suman casi $9.000 millones, y que comprueban sus fuertes vínculos como contratista de Córdoba, fortaleza electoral de Elías, de Besaile y hasta de Otto Bula, quien es natural de Sahagún, donde Vergara tiene su oficina. En lo que respecta a esos cuatro contratos, el primero se firmó para que se ejecutara de septiembre a diciembre de 2012 con la empresa Diseños y Construcciones del Futuro, para hacer interventoría técnica de las obras en las vías urbanas de El Roble (Sucre). Ese, de todos, fue el contrato de más bajo valor: $14’200.000.
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Los siguientes contratos eran por miles de millones. El consorcio Piedra Aguilar, representado por Vergara, se ganó un contrato por $6.218 millones para construir pavimento rígido en vías urbanas del municipio de Sahagún durante cinco meses. Los recursos de ese contrato salieron del Fondo de Inversión para la Paz. El contrato se firmó con la Alcaldía de Sahagún, cuyo alcalde en esa época era Carlos Alberto Elías Hoyos, primo del senador Bernardo Ñoño Elías. Caracol Noticias reveló en marzo de este año que el exsenador Otto Bula aportó $30 millones a la campaña de Carlos Elías Hoyos, quien en redes sociales ha enviado mensajes de respaldo a su primo en medio del escándalo de Odebrecht.
En 2013, Vergara firmó otro contrato como representante legal del consorcio Shaddai, integrado por José Luis Dumar Perdomo y Discons B&B Ingenieros S.A.S., para el mejoramiento de vías en los municipios de Achí y El Guamo. Se pactó con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar por un costo de $1.160 millones. Por último, como representante de la Unión Temporal Espacio Urbano 2014, en ese año Vergara firmó un contrato por $1.519 millones para mejorar el espacio urbano de Ciénaga de Oro (Córdoba).
Profesionales de Bolsa
El martes 25 de julio, mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez expresaba públicamente que Gustavo Torres Forero había sido capturado, la empresa que Torres representaba legalmente, Profesionales de Bolsa, le notificaba a la Bolsa de Valores de Colombia que se inactivaba voluntariamente, cesaba temporalmente sus actividades para “preservar los intereses de los clientes” y suspendía “todas las redenciones de los fondos de inversión colectiva abiertos administrados por la sociedad comisionista de bolsa con efectos inmediatos”. Asimismo, la Superintendencia Financiera ordenó que solicitara autorización previa “para realizar cualquier operación”.
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El coletazo de Odebrecht no sólo llegó al Congreso, con cuatro miembros y un exsenador a punto de ser investigados formalmente, sino también al mercado de valores. La audiencia de imputación de cargos de Torres, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se programó para este miércoles a las 4 p.m., en los juzgados de Paloquemao, a puerta cerrada. Según el fiscal Martínez, la falta de Torres fue simular un contrato de asesoría financiera y banca de inversión por $9.716 millones, para así maquillar unos recursos que en realidad correspondían a sobornos de Odebrecht. La propia Superintendencia Financiera le certificó a la Fiscalía que ese contrato estaba sin soportes técnicos.
De esa manera, con la captura de Torres se vino al suelo la reputación de una empresa comisionista que hasta hoy había estado exenta de escándalos. Fue fundada en 1987, con sede principal en Bogotá, y Torres, representante legal desde 1991 y uno de los siete miembros de la junta directiva, tenía el 34 % de las acciones. La comisionista trabaja con inversiones ganaderas, terminales logísticos, polígonos industriales, venta de lotes urbanizados, renta inmobiliaria y mercado internacional. Según el diario La República, Profesionales de Bolsa, a mayo de este año, era una de las comisionistas con mayores ganancias.