Con la muerte del jefe de la disidencia del Epl, Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, se dio fin a “un mito”, según el comandante del Ejército, general Alberto Mejía. Pero tras la caída del mito vienen las preguntas: ¿qué va a pasar con la disidencia del Epl que lleva 24 años asolando Norte de Santander? ¿Con los cultivos ilícitos en ese departamento que suman, según Naciones Unidas, 6.994 hectáreas, 2.997 de ellas en Tibú? ¿Con los otros grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona: bandas criminales, Farc, Eln, narcotraficantes? ¿Con los miles de nortesantandereanos que se han visto expuestos a la barbarie del conflicto, a la salvajada de todos los actores de esta guerra? Porque Megateo murió, pero el conflicto sigue allí.
Por ejemplo, la Fiscalía ya conoce el nombre de quien es, a su entender, la nueva cabeza visible de la disidencia del Epl, el frente Libardo Mora Toro. Se trata de Guillermo León Aguirre, alias David León. Para las autoridades, León, antes que el sucesor de Megateo, era su jefe en las sombras. Lo dijo el 1º de octubre el fiscal Eduardo Montealegre. El jefe del ente investigador anunció que, tras la muerte de Megateo en desarrollo de la operación Solemne, el nuevo objetivo de las autoridades era León, “quien en la estructura criminal sería el líder de alias Megateo”.
De acuerdo con un reportaje realizado por La Opinión, de Cúcuta, León tiene entre 40 y 45 años y es oriundo de Antioquia. Lo que dijo el fiscal Montealegre el viernes pasado ya lo había dicho el comandante de la Brigada 30 del Ejército, coronel Marcos Pinto, en entrevista con ese diario. “Él sabe que el día que caiga Megateo seguirá gobernando”, sostuvo el uniformado en referencia a León. Aunque no se puede descartar que, como ha ocurrido en el pasado, la muerte de un capo derive en un baño de sangre entre sus posibles sucesores.
Pero no se trata sólo de lo que pase con el Epl. En el Catatumbo hacen presencia, igualmente, el frente 33 de las Farc, comandado por Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias Rubén Zamora, quien ha hecho parte de la delegación de las Farc en los diálogos de La Habana (Cuba). Aunque Zamora ha dicho que las Farc en Norte de Santander no trafican sino que cobran un impuesto “al negocio de la droga”, su nombre hace parte de la llamada Lista Clinton desde 2007.
Igualmente hace presencia en la zona el frente Camilo Torres del Eln. Y estas organizaciones guerrilleras conviven con los Rastrojos, el clan Úsuga y las Águilas Negras, originarias de esta región, hijas de las estructuras paramilitares que asolaron el Catatumbo a finales de los 90 e inicios del siglo XXI. Fue en Norte de Santander donde los paramilitares implementaron esa práctica aberrante, por no decir otra cosa, de quemar a sus víctimas en hornos crematorios para desaparecerlas.
La de los paramilitares fue una campaña sangrienta que, según algunas denuncias, contó con la colaboración de agentes del Estado corruptos. Precisamente esta semana, el Consejo de Estado compulsó copias para que se investigue la posible participación de militares en tres masacres perpetradas en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú, en 1999. Para el alto tribunal, la Fuerza Pública, sencillamente, dejó a la población a merced de los violentos.
Y hay que decirlo: el problema de Norte de Santander no son solamente los grupos armados ilegales. Hay varios conflictos sociales, sobre todo en el Catatumbo. Como el drama de las familias que se han tenido que dedicar al cultivo de estupefacientes, no porque quieran, sino obligadas por las guerrillas o por la falta de oportunidades en un departamento con un tasa de desempleo cercana al 12,4%, de acuerdo con un informe del DANE de marzo de este año. A lo que se suman las consecuencias del cierre de la frontera con Venezuela.
“El cultivo de coca es una solución para los problemas de la gente en el Catatumbo, no hay otra alternativa. Es la economía regional de la cual dependen cerca de 300.000 personas. Necesitamos un plan de sustitución con actividades agropecuarias, créditos, asistencia técnica, mercado con garantías, precios con sustentación”, le dijo a La Opinión el dirigente campesino César Jérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), en julio pasado. El Catatumbo ha sido escenario de varios paros campesinos, el mayor de ellos en 2013. Ahora organizaciones campesinas como Ascamcat se refieren a la posibilidad de un nuevo paro por supuestos incumplimientos por parte del Gobierno.
Una de las mayores controversias se ha dado por la posibilidad de una zona de reserva campesina en el Catatumbo. El pasado 28 de julio se realizó en el Congreso de la República un debate al respecto que terminó con acusaciones por parte del uribismo en contra de estas zonas y señalamientos a las organizaciones campesinas tras esta propuesta de tener supuestamente nexos con las guerrillas y de que estas zonas buscan, en realidad, promover los cultivos ilegales. Tales cuestionamientos han sido rechazados de plano por las organizaciones sociales de la región.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sostuvo, por su parte, que “no es ningún delito la creación de zonas de reserva campesina, no hay ninguna asociación entre crear una zona de reserva campesina y que se incrementen las áreas sembradas en el país, es más, en el Catatumbo hoy no ha sido aprobada la zona de reserva campesina y a pesar de ello se incrementaron las áreas sembradas de coca”.
Desde hace años se viene hablando de la posibilidad de una zona de reserva campesina en el Catatumbo. En febrero del año pasado el Incoder le dio su visto bueno a la propuesta; sin embargo, en diciembre de ese año, la Corte Constitucional, por medio de un auto, suspendió la aprobación del proyecto, que hoy se encuentra en el limbo. Todo porque, de acuerdo con el alto tribunal, no se cumplió con la obligación de consultar previamente a las comunidades indígenas de la región.
Hay conflictos, también, por el petróleo. Una industria que ha suscitado choques, por ejemplo, entre las comunidades indígenas de la región (los u’was, por ejemplo) y las multinacionales que hacen presencia allí. A lo cual se suman los atentados perpetrados por las guerrillas en contra de la infraestructura petrolera, que han llevado, igualmente, a varias tragedias ambientales.
Todos estos conflictos permiten concluir que, ante un posible acuerdo de paz, el Catatumbo sería un punto neurálgico para la implementación de lo que el Gobierno ha llamado el posconflicto.
Porque con la muerte de Megateo se acabó con un mito, pero la realidad de la región sigue allí, inatajable. Y no basta acabar con los capos para hacerle frente a una problemática mucho más vieja que Megateo.
El Catatumbo en cifras
La región del Catatumbo está compuesta por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra,Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.Tiene un extensión de 10.089 kilómetros cuadrados. Limita con el departamento del Cesar y con Venezuela. Su posición geográfico ha llevado a que varios grupos armados ilegales se interesen en ella. A lo que se suma la existencia en la región de yacimientos petrolíferos y carboníferos que han atraído a grandes empresas mineras. Cuenta con casi 300 mil habitantes y en ella existen dos grandes resguardos indígenas: el del pueblo Barí Catalaura y el de los Motilón Barí y un parque nacional: el Catatumbo Barí. Su población padece de altas tasas