El choque de trenes por los niños indígenas

La Corte dice que los casos que involucran a menores indígenas, en sus comunidades, deben ser conocidos por la justicia indígena; la Judicatura dice que debe ser la justicia ordinaria quien lo haga.

En un reciente fallo, la Corte Constitucional le hizo un fuerte llamado de atención al Consejo Superior de la Judicatura por “un abierto y consistente desconocimiento” de su jurisprudencia respecto al procesamiento de miembros de comunidades indígenas por su presunta participación en hechos que involucren menores de edad integrantes de esta misma población. De acuerdo con el alto tribunal ya son varias las oportunidades en las que el Consejo Superior de la Judicatura “desconoce el precedente constitucional en relación con la asignación de competencia jurisdiccional en casos que involucran la integridad sexual de menores de edad”.

El debate radica en que, para la Corte, el mero hecho de que la víctima sea un niño o que el crimen cometido lesione la integridad sexual del mismo “no implica de por sí que el asunto escape a la competencia de la jurisdicción especial, pues habrá de evaluarse la institucionalidad propia de las autoridades indígenas para verificar si esta es suficientemente fuerte como para garantizar los derechos del acusado y de sus víctimas”.

Mientras que para el Consejo Superior de la Judicatura “los casos penales que afecten la integridad sexual de niños no pueden ser conocidos por la justicia indígena, debido a que considera que el factor objetivo es determinante en estos casos para asignar la competencia jurisdiccional”. Lo que ha quedado patente en ya varios fallos de esa entidad.

Tal discrepancia llevó a la Corte Constitucional al ya mencionado llamado de atención que promete generar un choque de trenes. El alto tribunal recordó, amenazante, que el no acatamiento de su línea jurisprudencial “puede eventualmente constituir una falta disciplinaria o incluso penal (…) Por lo anterior, la Sala conminará al Consejo Superior de la Judicatura para que acate el precedente constitucional relativo a la asignación de competencia jurisdiccional en casos penales en los que se procesen conductas delictivas que lesionan la integridad sexual de los niños”.

Así lo hizo en un fallo en el que anuló una condena a 14 años de prisión impuesta por un juez de Cali en contra de un indígena por actos sexuales con una menor de 14 años, que quedó embarazada. Por este delito, el indígena ya había sido condenado por su comunidad indígena a seis años de trabajo forzado y 15 fuetazos. Y, además, que permaneciera en la comunidad por el tiempo que la niña definiera, que no se acercara, por ningún motivo, a la menor y que se encargara de su manutención y la de su hijo.

Por ello, la Corte consideró que, debido a que el indígena ya había sido condenado, no podía ser sentenciado por segunda ocasión y, en cambio, debía ser devuelto a la comunidad para que pagara su pena.

No obstante, indicó que las autoridades del Cabildo Indígena Colombia del Cabildo “deberán velar de manera especial por cumplir las medidas que fueron impuestas para garantizar los derechos de la niña, que se vieron reflejados en las órdenes de impedir al condenado acercarse a esta y el deber de asumir su manutención y del hijo concebido”. La controversia sigue, pese a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tras la aprobación de la Ley de Equilibrio de Poderes.
 

@juansjimenezh

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