Casi una década después

El coletazo de las chuzadas del DAS

La Fiscalía se juega sus últimas cartas buscando que el exsecretario jurídico de la Presidencia Edmundo del Castillo y el exsecretario de prensa César Mauricio Velásquez respondan ante la justicia por su intervención en el caso.

Edmundo del Castillo, exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.Gustavo Torrijos El Espectador.

Dos audiencias aplazadas y una recusación fueron suficientes para que la Fiscalía decidiera solicitar al Juzgado 65 de Conocimiento precluir la investigación que venía adelantando contra el exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe, Edmundo del Castillo, por los delitos de abuso de función pública y utilización indebida de información privilegiada. Aunque la petición no absuelve del todo al exfuncionario, hace parte de los coletazos del escándalo de las chuzadas a periodistas, opositores y magistrados de la Corte Suprema, que hace ocho años causaron revuelo nacional.

Hoy, si no se presenta un nuevo aplazamiento que dilate la acusación, la Fiscalía General se juega sus últimas cartas en el proceso que adelanta contra Edmundo del Castillo por un delito restante de mayor gravedad: concierto para delinquir. El juicio incluye también la acusación contra César Mauricio Velásquez Ossa, exsecretario de prensa de la Presidencia del mismo gobierno Uribe, y contra los abogados Sergio Augusto González y Diego Álvarez Betancourt, quienes en su momento fueron defensores de varios de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

A pesar de que este escándalo dejó varias condenas, las más severas de ellas de 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y de ocho años a Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia, más de dos años se demoró la justicia en retomar el caso. Lo que ahora busca es que se aclaren definitivamente los interrogantes que quedaron por responder sobre el rol de otros funcionarios de la era Uribe en el caso de las chuzadas.

Las pruebas de la Fiscalía

Según la Fiscalía, dos meses después de asumir el cargo, el 3 de octubre de 2007, Edmundo del Castillo se concertó con otros servidores públicos y personas particulares para “la comisión plural e indeterminada de delitos a través de la utilización de las funciones públicas de los servidores del DAS (…) para realizar actuaciones ilícitas e ilegales de inteligencia contra magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, como estrategia que buscaba el desprestigio a través de medios masivos de comunicación”, se lee en el nuevo escrito de acusación conocido por El Espectador.

Los hechos en los que se basa la acusación contra Edmundo del Castillo, ocurridos hace ya casi diez años, en diciembre de 2007, se iniciaron cuando, a través de Néstor Raúl Rangel, un fiscal que llevaba un proceso penal contra el exjefe de las Auc Diego Murillo Bejarano o Don Berna, en el marco de Justicia y Paz, el abogado Diego Álvarez Betancur contactó al exsecretario jurídico Del Castillo para suministrarle información clave. En ese mismo momento, María del Pilar Hurtado pidió a Martha Inés Leal, funcionaria del DAS, que prestara todo el apoyo que el abogado Álvarez Betancur necesitara para realizar unas grabaciones.

A su vez, en marzo de 2008 el secretario jurídico de Presidencia le dijo a Hurtado que asistiera a una reunión en el apartamento del exgobernador del Cauca Juan José Chaux, a la que acudieron también Severo Antonio López, alias Job; el citado Diego Álvarez y el también abogado Óscar Iván Palacio. El encuentro fue para concretar “unas grabaciones con el apoyo técnico del DAS”. Luego de obtener esas grabaciones, el 23 de abril de 2008, el secretario Edmundo del Castillo convocó a una reunión en la Casa de Nariño para determinar cómo divulgarlas adecuadamente en los medios de comunicación.

En dichas grabaciones, realizadas por Diego Álvarez, el veedor ciudadano y exregistrador del municipio de Barrancabermeja Henry Anaya se oyó como un hombre cercano a la Corte Suprema que pretendía ofrecer supuestos beneficios al defensor de Don Berna para comprometer al gobierno. Anaya siempre lo ha negado. El escrito de acusación menciona que además se hicieron grabaciones reservadas de investigaciones adelantadas en el marco de la investigación de la parapolítica, lo mismo que otras que se hicieron a Don Berna en la cárcel La Picota.

La Fiscalía es contundente en afirmar que realmente estas grabaciones estaban orientadas a buscar información que pudiera ser utilizada en contra de los magistrados del alto tribunal de justicia, “para divulgarla a los medios de opinión con el fin de afectar la imagen pública de la alta corporación” y sus investigaciones. De esas grabaciones, según la Fiscalía, tuvo conocimiento Edmundo del Castillo. Asimismo, el ente investigador refiere la relación que en su criterio tuvo el secretario jurídico de Presidencia con Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, para el llamado caso “paseo”.

Este hecho tiene que ver con un viaje que los magistrados de la Corte Suprema hicieron a Neiva (Huila), para asistir a un homenaje al entonces magistrado Yesid Ramírez. Por orden de María del Pilar Hurtado se designó a dos funcionarios para verificar información de la Presidencia sobre una supuesta infiltración del narcotráfico en la Corte a través del empresario huilense Ascencio Reyes, gestor de ese viaje. “La posición distinguida en la sociedad, en razón de su cargo, determina la necesidad de mayor reproche frente a su comportamiento”, señala la acusación contra Edmundo del Castillo.

Además de las supuestas informaciones y trabajos en los que Del Castillo participó, la Fiscalía también acusará a César Mauricio Velásquez por los mismos hechos. En especial, por una carta en la que Orlando Zapata, alias Tasmania, intentó probar ofrecimientos de los magistrados auxiliares de la Corte Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo para que él vinculara al entonces presidente Álvaro Uribe, al empresario Ernesto Garcés y al congresista Mario Uribe en un atentado contra el excomandante de las Auc Alcides de Jesús Durango, alias René.

En síntesis, la intención de la Fiscalía es que, a pesar de que ya transcurrió casi una década, se concluya que tanto Edmundo del Castillo como César Mauricio Velásquez conocieron y solicitaron actividades de los organismos de inteligencia para recolectar información privada de los magistrados de la Corte Suprema y que, además, “participaron en la divulgación o filtración de información a los medios”, con el propósito de desprestigiar ante la opinión pública a los funcionarios judiciales que en esa época adelantaban las principales investigaciones en el escándalo de la parapolítica.