¿Por qué el Consejo de Estado ordenó investigar al Procurador General?

Para la magistrada Rocío Araújo el jefe del Ministerio Público ha incurrido en una dilación manifiesta en el estudio del proceso que se adelanta en contra de su reelección.

Redacción Judicial
01 de julio de 2016 - 02:08 p. m.
@PGN_Col
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En los próximos minutos el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se reunirá con su grupo de asesores y abogados para decidir las acciones que se tomarán frente a la decisión de la magistrada del Consejo de Estado, Rocío Araújo que ordenó investigarlo por lo que considera una conducta dilatoria en el marco del estudio de la demanda que se adelanta en contra de su reelección como jefe del Ministerio Público.

Y es que la recusación presentada por el Procurador General el pasado martes , horas antes que iniciara una nueva sesión para discutir en la ponencia, no le cayó en gracia a la magistrada Araújo que señala que existe una “temeridad” de su parte al recusar a los magistrados Stella Conto Díaz y Alberto Yepes para que se alejaran del estudio de la demanda.

“Del escrito de recusación se advierte la conducta notoriamente desleal, improcedente y dilatoria, así como la temeridad que de las expresiones y citas incompleta realizadas”. Esta frase se desprende del auto de cuatro páginas presentado por la magistrada Araújo en el cual se rechazan de tajo las recusaciones planteadas por Ordóñez y su defensa.

Agrega que en este caso se cumplió lo establecido en el artículo 123 de la ley 1437 de 2011 que determina la apertura o solicitud de una investigación si se establece que la parte recusante o su apoderado han actuado “con temeridad o mala fe”. Debido a esto compulsó copias ante la presidencia del Consejo de Estado para que se investigue la actitud de Ordóñez.

Igualmente la magistrada le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura determinar si existen méritos para investigar disciplinariamente al abogado Alejandro Cadena. La consejera ponente consideró que no existía un sustento jurídico o una justificación en las recusaciones presentadas en contra de los magistrados Conto y Yepes. 

“Constituye un acto contrario a la dignidad de la justicia y a la lealtad y buena fe que deben observarse en el proceso", aclara la magistrada ponente. En su concepto con esto lo único que se busca es alargar más el estudio de la ponencia, hecho que va en contravía de los principios constitucionales que como Procurador debe representar.

Para Araújo la acción judicial es extemporánea puesto que los magistrados recusados siguen participando en los debates de la demanda en mención. “Por lo que su actuación no puede recibir un calificativo diferente al ser abiertamente dilatoria”, buscando afectar el normal desarrollo del estudio de la ponencia que pide anular su elección por ser contraria a la ley y la Constitución.

“La extemporánea recusación se formula contra quienes expusieron su criterio en los debates realizados en torno al proyecto de fallo presentado, por cuanto los magistrados Stella Conto y Alberto Yepes fijaron su posición jurídica frente a los cargos de nulidad formulados en las demandas actuales", precisa el documento presentado en la noche del pasado jueves y el cual el jefe del Ministerio Público tendrá que notificarse en las próximas horas.

Esto abre un abre un nuevo capítulo en el extenso proceso que cursa en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en contra de Ordóñez Maldonado. Sin embargo, pese a las recusaciones que se habían radicado en el pasado ninguna otra había tenido estos alcances judiciales.

En repetidas oportunidades el jefe del Ministerio Público ha señalado que confía en la imparcialidad de sus jueces no han sido pocas las veces que ha recusado a los magistrados. Igualmente la Viceprocurador General ha presentado recursos de nulidad señalando la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa.

Ordóñez Maldonado fue elegido por el Senado de la República el 27 de noviembre de 2012 con 80 votos a favor. Se posesionó para asumir el cargo por segundo período consecutivo el 7 de enero de 2013 ante el Presidente de la República. Es decir su período constitucional va hasta el 7 de enero del próximo año.

Por Redacción Judicial

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