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En el barullo de noticias en torno al escándalo de espionaje protagonizado por el DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez suele olvidarse un dato esencial: el 22 de abril de 2008, 24 horas antes de la famosa reunión en la “Casa de Nari” entre emisarios del jefe paramilitar Don Berna y funcionarios de Palacio, la justicia había ordenado la captura del exsenador y primo del primer mandatario Mario Uribe Escobar por el expediente de la parapolítica. Uribe buscó asilo en la Embajada de Costa Rica en Colombia, pero le fue negado y tuvo que entregarse. Tiempo después fue condenado por sus vínculos con las autodefensas.
Apenas un dato de contexto para comprender por qué, según la tesis de la Fiscalía, en Presidencia estaban urgidos por obtener información que salpicara, comprometiera o desacreditara a la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento, abril de 2008, empezaba a escudriñar en serio la mano larga del paramilitarismo en el Congreso. Ya entonces poderosos caciques regionales de Sucre y Cesar habían sido detenidos, pero el caso de Mario Uribe constituía investigar las mismas puertas del poder en Antioquia y Córdoba.
Hoy, más de siete años después de la controvertida visita a Palacio del paramilitar Antonio López, alias Job, acompañado de su abogado Diego Álvarez, el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux, entre otros, la Fiscalía dice tener pruebas de que los exsecretarios jurídico y de prensa, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, participaron o promovieron un complot para enlodar a la Corte. Por esa razón, los citó a imputación de cargos para el próximo mes de agosto. Ambos han declarado ser ajenos a cualquier conspiración y, de hecho, en el caso de Del Castillo la Procuraduría lo absolvió por estos mismos hechos.
Tal como ocurrió cuando la revista Semana reveló en agosto de 2008 los pormenores del encuentro en la “Casa de Nari”, el hoy senador, Álvaro Uribe reiteró su tesis de siempre: “La justicia está politizada”. Siete años atrás sus dardos iban contra la Corte, a la que acusó de patrocinar un cartel de falsos testigos en su contra. En esta ocasión las ballestas le cayeron a la Fiscalía de Eduardo Montealegre. “¿Qué nos queda a nosotros? Apelar al pueblo colombiano y acudir a instancias de la justicia internacional”, dijo Uribe el martes en la noche.
Al margen de lo que la justicia pueda documentar sobre la presunta responsabilidad de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez en el escándalo de espionaje del DAS, varios hechos ocurrieron entre el 22 y el 26 de abril de 2008 que coinciden con el propósito de desprestigiar a la Corte. El 22 de abril fue detenido Mario Uribe. El 23 de abril los delegados de Don Berna entraron por el sótano de Palacio, se reunieron con Del Castillo y Velásquez y les entregaron supuestas pruebas y grabaciones de irregularidades en el alto tribunal (esos audios fueron grabados con equipos entregados por el DAS).
El 24 de abril de 2008 se realizó otra reunión en la Casa de Nariño, en la que funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entregaron información reservada sobre los magistrados que asistieron en 2006 a un homenaje en Neiva en honor del presidente de la Corte, Yesid Ramírez. (La investigación fue rotulada por el DAS como el Caso Paseo y se indagaban los pasos de un lobista controvertido, Ascencio Reyes, quien patrocinó el evento). El 25 de abril, finalmente, se dio otra reunión extraordinaria en Palacio.
Según el exdirector de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, ese 25 de abril fueron citados de urgencia a Palacio él y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Allí se vieron con el secretario de Presidencia, Bernardo Moreno, y los asesores Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria. El objetivo de la “cumbre” era identificar una fotografía de Ascencio Reyes en la posesión del fiscal Mario Iguarán. Así se pretendía probar que Reyes, un hombre cuestionado por su pasado, se movía como pez en el agua entre los magistrados y el fiscal.
Dicha fotografía fue filtrada a la revista Semana para el artículo “El mecenas de la justicia”, publicado el 26 de abril de 2008. Según Fernando Tabares y Gustavo Sierra, exfuncionarios condenados por el caso DAS, hubo una presión desde el Palacio de Nariño por resultados contra la Corte en la investigación del “Caso Paseo”. Requerimientos que aumentaron tras la captura de Mario Uribe. El excoordinador del grupo Goni del DAS, Germán Ospina, declaró que le dieron la orden de “neutralizar al alto tribunal”. Cuando los investigadores le preguntaron a qué se refería, respondió: “A las investigaciones que en ese momento adelantaba la Corte relacionadas con la parapolítica”.
Estas coincidencias del mes de abril de 2008, en el escándalo de espionaje del DAS, hoy resultan esenciales en el proceso que adelanta la Fiscalía contra Del Castillo y Velásquez, los últimos alfiles del uribismo enredados con lo que podría denominarse el segundo capítulo de las chuzadas. Ambos insisten en su inocencia, Uribe en que la justicia está politizada y la Fiscalía en que tiene pruebas para sustentar las imputaciones que se vienen.
jlaverde@elespectador.com