El dedo acusador de Tapia

El relleno Doña Juana de Bogotá recibe 7.000 toneladas diarias de basura.

Las intimidades de un contrato adjudicado el 13 de octubre de 2011 por la administración de Samuel Moreno a la firma colombo-española Distromel S. A., por un valor de $106 mil millones, constituye hoy la nueva arista que indaga la Fiscalía para establecer si dineros del Distrito terminaron escriturados a terceros sin experiencia, y cuyo control a la sombra habría sido ejercido por el concejal Orlando Parada. El negocio fue celebrado por el consorcio y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) con el fin de integrar en una sola plataforma de tecnología toda la prestación del servicio de aseo en Bogotá.

Así pudo establecerlo El Espectador luego de consultar distintas fuentes en organismos de control y en el Palacio Liévano que aseguraron que hubo una cadena de irregularidades en el diseño, implementación y soporte de la plataforma que ya provocaron una multa de la Uaesp por $85 millones y, además, que la Contraloría General pusiera su lupa sobre el contrato y su anticipo por $30 mil millones. El accidentado proceso de licitación para adjudicar las áreas de servicio exclusivo de aseo en la ciudad, que ha sido suspendido dos veces y reversado una vez más, evidencia los enredos que ha tenido el negocio y que hoy se dispone a aclarar la justicia.

En esencia, Distromel tenía la obligación de sistematizar y calcular las toneladas de residuos sólidos que recogían los operadores de aseo en Bogotá, que llegaban al relleno Doña Juana. No obstante, poco después de entregado el contrato vinieron los primeros contratiempos. La Corte Constitucional tumbó el proceso de licitación de recolección, barrido y limpieza de Bogotá en noviembre de 2011 aduciendo que el Distrito debía estructurar nuevamente los pliegos de condiciones e incluir a los recicladores. En ese limbo, sin embargo, en criterio de la Contraloría, no había lugar a que se otorgara el millonario anticipo a Distromel, pues todo había quedado congelado y había que barajar de nuevo licitaciones y operadores.

A este cruce de controversias ahora viene a sumársele que la Fiscalía busca establecer si el concejal Orlando Parada y el abogado Manuel Sánchez tuvieron injerencia en el negocio. Sobre este contrato en particular la administración de Gustavo Petro ha sido especialmente crítica y ha aportado informaciones a la justicia. Una fuente consultada, que conoce la investigación, manifestó que hay serios indicios de anomalías en este contrato y que hay muchos cabos sueltos que no casan. Mientras se aclara esta nueva línea de investigación, este diario conoció que el caso del carrusel anda más movido que nunca.

Por ejemplo, Emilio Tapia ya mencionó en interrogatorio a cuatro concejales más y a dos señalados enlaces del cartel con la administración Moreno. Además de su declaración, Tapia entregó documentos que pondrían en aprietos a los concejales Jorge Ernesto Salamanca, Javier Palacio, Antonio Sanguino y Orlando Parada. En ese contexto de delaciones salieron a relucir también los nombres de Andrés Cardona y Federico Gaviria. Este último fue, según el “ventilador del carrusel”, quien estructuró el contrato de las ambulancias por $67 mil millones que tiene al exsecretario de Salud Héctor Zambrano en la cárcel y con un pie en ella al exconcejal Hipólito Moreno.

Sobre Salamanca, Tapia mencionó contratos en la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. De Javier Palacio reportó negocios en el Acueducto y en la Secretaría de Integración Social. De Parada, Tapia mencionó la supuesta mano larga del concejal en el Fondo de Vigilancia y algunas ‘mordidas’ en el Acueducto. Sobre Antonio Sanguino el señalamiento versó en la injerencia que habría tenido en varias administraciones en el Acueducto. Los investigadores buscan esclarecer si la autonomía presupuestal de esta entidad se convirtió en la caja menor de la administración de Samuel Moreno para ‘aceitar’ políticos.

En el Acueducto se podían celebrar de manera directa contratos de hasta $515 millones. La Fiscalía ya ha establecido el monto y rastrea a los beneficiarios de estos negocios. En el informe elaborado en su momento por Gustavo Petro y el concejal Carlos Vicente de Roux, sobre el cartel de la contratación, se advierte que entre 2008 y 2010 se realizaron contratos de este estilo por un valor de $208 mil millones. Emilio Tapia ha empezado a destapar las cartas del carrusel y lo que le consta que ocurrió en el IDU, la ERU, Integración Social, Secretaría de Salud y otro largo etcétera de instituciones que se convirtieron en botines de la estructura ilegal que desangró la ciudad.

En el marco de su principio de colaboración efectiva, Emilio Tapia también aseguró que el contratista Andrés Cardona ofició como el contacto clave entre los concejales y los contratos en el Acueducto. De Federico Gaviria, como ya ha trascendido, resaltó que fue el cerebro de la cuestionada licitación de las ambulancias y que el 9% de dicho contrato (unos $6 mil millones) constituía la comisión para el cartel: 4% para los hermanos Iván y Samuel Moreno y el 5% restante para intermediarios y particulares. Los frentes de investigación del carrusel parecen multiplicarse cada vez que el dedo de la Fiscalía toca los cientos de contratos entregados por la administración pasada.

En el marco de confesiones, señalamientos y pistas que hoy se verifican, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) parece seguir en la lista de las entidades investigadas. Informaciones que evalúa la Fiscalía apuntan a que al concejal Andrés Camacho se le habría dado el control del IDRD, ni más ni menos que una institución que administra los parques metropolitanos y escenarios de Bogotá, los complejos deportivos, la adecuación de obras y hasta los permisos para conciertos en El Campín. A este panorama se suma el acuerdo al que llegó el contratista Julio Gómez con la Fiscalía. ¿Su promesa? Delatar las raíces del cartel en la administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón.

El Espectador supo que hablaría de concejales, en especial de José Juan Rodríguez —quien tiene audiencia de imputación el próximo 30 de abril—, de un expersonero y dos políticos que hoy ocupan embajadas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por supuesto, en su lista estarán funcionarios del IDU y de la Secretaría de Salud. Asimismo, según reveló El Tiempo el jueves pasado, el abogado Manuel Sánchez, amigo del concejal Parada, estaría haciendo acercamientos con la Fiscalía con el fin de conseguir un principio de oportunidad. Sánchez ha sido salpicado, entre otros, por el exrepresentante Germán Olano, quien lo acusó de ser una de las principales fichas del carrusel. También el alcalde Petro.

En la otra orilla, los mencionados se defienden. El concejal Javier Palacio aseguró que no conoce a Emilio Tapia, que es mentira que alguna vez estuvo en su finca de Sahagún (Córdoba) y que es una locura señalar que le dieron contratos en el Acueducto y en Integración Social. “Todo es falso”, resumió. Antonio Sanguino, por su parte, manifestó que jamás ha tenido injerencia alguna en el Acueducto, que ha sido un concejal que, al contrario, ha adelantado debates de control político en esa entidad y que cada cosa que diga Tapia “tendrá que probarla”. Y añadió: “Confío en la Fiscalía. Soy inocente”. El abogado de Orlando Parada, Mario Iguarán, dijo que están listos para acudir a la Fiscalía para desmontar esta ola de acusaciones. “Queremos absolver todos los interrogantes”.

Asimismo, el contratista Andrés Cardona sostuvo: “He enviado tres derechos de petición a la Fiscalía solicitando que me investiguen, que se mire la contabilidad de mi empresa. El testimonio de Tapia puede ser un punto de partida, pero no de llegada en la investigación. Se necesitan pruebas. Tuve una investigación en la Fiscalía por mi supuesta injerencia en el Acueducto y fue archivada en febrero de 2010. No sé cuáles sean los intereses de Tapia. Lo mío empezó en un chisme y ahora es un mito”. Por último, este diario intentó ubicar al abogado Manuel Sánchez, pero no fue posible hablar con él. Queda claro por lo pronto que el proceso del carrusel promete moverse mucho en las próximas semanas. La Fiscalía rastrea muchos hilos sueltos. Y las delaciones continúan.