El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó varias observaciones a la actual crisis pensional que vive el país, al indicar que es menester proteger la seguridad social para los ciudadanos frente a riesgos como los de vejez, invalidez y enfermedad.
El jefe del Ministerio Público consideró que de realizarse una reforma pensional esta debe estar enmarcada en un acuerdo político y social que faciliten la solución de los graves problemas que se están presentando en la actualidad así como el caos administrativo que vive Colpensiones.
Reiteró además que entre estos puntos es menester reducir la judicialización de las pensiones, así como respetar los derechos adquiridos por los colombianos quienes tienen todo el derecho a disfrutar de su vejez.
“La inversión social es una de las grandes riquezas de las naciones que reconocen a los adultos mayores, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, como la razón de ser de un Estado Social de Derecho”, señaló Ordóñez al indicar que los adultos de la tercera edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad por lo que deben ser protegidos.
Alertó además sobre el hecho de que “las pensiones y la salud son mercancías (…); aunque se predica la “ampliación de coberturas”, la realidad es la permanente negación al acceso de las mismas; de allí la más alta judicialización en Colombia para reclamar estos derechos”.
“En nuestro país el derecho pensional se ha convertido en una disputa y en una satanización de los regímenes de transición. Se estigmatizan las pensiones públicas y se asimilan en muchos casos a fraude o corrupción; paralelamente se liquidan entidades públicas, creándose otras más inoperantes que las liquidadas. Se niegan los derechos legítimamente adquiridos por más de 20 años de servicio, edad y cotización”, concluyó.