Negociar personas como si fueran una simple mercancía, esclavizarlas en pleno siglo XXI y manejar las redes del tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo después del narcotráfico y el tráfico de armas, ha sido uno de los problemas invisibilizados por el conflicto en Colombia. La justicia, sin embargo, sigue intentando combatirlo: por eso el pasado 21 de noviembre la Fiscalía desarticuló una red de trata de personas que venía persiguiendo desde 2011 y de la que se calcula que comercializó a decenas de mujeres que enviaba a China para ser explotadas sexualmente. Un trabajo en el cual los testimonios de nueve víctimas e interceptaciones telefónicas fueron fundamentales.
De 19 órdenes de captura, once se hicieron efectivas, y cuatro de los no capturados tienen circular azul de Interpol. Sin embargo, no ha sido nada fácil procesarlos. La razón: durante las audiencias, las víctimas fueron estigmatizadas por los abogados defensores e incluso la Procuraduría, quienes las señalaron de saber a ciencia cierta que su viaje a China era para prostituirse. Para la Fiscalía, la gran dificultad ha sido “la estrechez mental” de algunas autoridades en Colombia que se niegan a ver a las mujeres como víctimas de trata de personas.
Las capturas se realizaron en Armenia, Bogotá, Medellín y Pereira. A esos once miembros de la organización les imputaron cargos por concierto para delinquir, trata de personas, lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Entre los capturados a los que se les impuso medida de aseguramiento (detención preventiva) están Mirella Penagos y Alexandra Porras, supuestas líderes de la red, y Wálter Ojeda Romero y Rafael Luna, quienes oficiaban como tramitadores de documentos ante las autoridades chinas. Según la Fiscalía, se identificó que la red operaba en el Eje Cafetero, Valle y Antioquia, y que todos los trámites para sacar a las mujeres del país se hacían en Bogotá.
La investigación de la Fiscalía identificó los roles dentro de la organización. Primero estaban los captadores, que vivían en distintas regiones del país. La forma en que buscaban a las víctimas, especialmente mujeres de escasos recursos, era en ferias y fiestas de los pueblos. Les proponían irse a trabajar como prostitutas a China con la promesa de que se ganarían entre $5 millones y $6 millones semanales. Cuando las jóvenes caían en la trampa, pasaban a manos de los tramitadores, que les conseguían los pasaportes y, a través de la agencia de viajes Dream Travel S.A.S., coordinaban los visados para comprarles los pasajes al país asiático. La dueña de la agencia también es investigada.
Cuando llegaban a China, las víctimas eran recibidas por las manillas, es decir, los encargados de custodiarlas. Les quitaban los pasaportes e inmediatamente les daban la noticia de que al día siguiente tenían que empezar a trabajar porque tenían una deuda de US$40.000. Supuestamente, debían pagar los tiquetes, la manutención y la vivienda. Según el relato de varias de las víctimas, las ponían a vivir en un conjunto residencial con circuito cerrado de televisión, les controlaban las llamadas y las hacían trabajar en turnos de 10:00 de la noche a 3:00 de la madrugada.
La Fiscalía también descubrió que a algunas de ellas las exhibían en vitrinas y eran subastadas. Sus reglas incluían no demorarse más de una hora con un cliente, al punto de que tenían relaciones hasta con 15 hombres por día. Si no estaban a las 3:00 a.m. en el sitio en que las recogían les cobraban una multa de US$50, y si querían pasar la noche con un hombre debían pagar US$100 más. Era tal la pesadilla que vivían estas mujeres que muchas entraban en el mundo de las drogas. Varias por recomendación de las manillas, quienes se las vendían —incrementando así la deuda con la organización— y les decían que así iban a estar más dispuestas psicológicamente para acostarse con los clientes.
Estaban aisladas, indocumentadas y con el miedo latente de que si escapaban o buscaban ayuda, la organización tomaría represalias. Si acudían a la Policía de China eran arrestadas. A todas les controlaban sus llamadas y comunicaciones. Quienes estaban a cargo de ellas eran en su mayoría colombianos y las amenazaban con hacerles daño a sus familiares que estaban en el país. Era tal la esclavitud a la que eran sometidas, que terminaban de pagar la deuda en cuatro años.
Según los cálculos de la Fiscalía, la red obtenía ganancias por más de $300 millones al año por cada mujer. Esta es la primera red de trata de personas que la Fiscalía ha logrado desarticular de manera masiva, capturando eslabones claves como los encargados de tramitar los viajes y los documentos. Sin embargo, advierte que es un negocio tan lucrativo que algunas víctimas se han vuelto victimarias. Una especie de círculo vicioso que, para las autoridades, la única forma de romper es abriendo el debate, de modo que las potenciales víctimas no caigan en la trampa de absurdas promesas económicas a cambio de vender su cuerpo. En el último mes seis mujeres que salieron a China fueron reportadas como posibles víctimas.
La mujer que destapó la red
En febrero de este año la investigación de la red de trata de personas dio un giro de 180 grados. En medio de las alertas que recibía la Fiscalía de mujeres deportadas desde China, el 29 de enero Migración Colombia informó de la llegada de una colombiana que había denunciado ser víctima de trata de personas por más de cinco años. Se trataba de Claudia*, quien relató que además había sido violada por dos hombres de la organización, producto de esa violación había quedado en embarazo y meses antes de ser deportada una mujer le raptó a su hija y con falsos testigos la registró a su nombre ante el consulado de Colombia en Shanghái. La Fiscalía inmediatamente le tomó declaración.
Dijo que era una mujer de 30 años oriunda de Pereira y que por situaciones adversas y la necesidad de mejorar su situación económica se dejó “endulzar el oído” por una amiga que le ofreció un viaje a China para trabajar como prostituta a cambio de miles de beneficios. “Todo fue un engaño y por el contrario caí en la red de trata de blancas. Puse en peligro mi vida y estuve sin poder regresar al país durante cinco años, porque me encontraba ilegal, al punto de vivir escondida, pidiendo ayuda para comer y para poder sobrevivir”.
Reveló que en Cantón (China), la ciudad a la que fue enviada, tuvo muchos problemas con la red por negarse a consumir drogas, por negarse a aguantar. Y contó que el hombre que la reclutó, un bogotano, “solucionó” el asunto así: “Fui violada por dos tipos, uno colombiano y el otro chino. Venía de la calle, entré a la unidad y me estaban esperando. Me cogieron, me golpearon con un palo en la cabeza. Me dieron puños y patadas, yo estaba bañada en sangre. Uno de ellos me golpeaba, sometiéndome para que el otro me violara. Luego el otro también me violó. Ambos tenían su rostro cubierto y el colombiano me dijo que lo hacían para que dejara de ser tan grosera e hiciera caso (…) A uno lo drogan los reclutadores para que complazca y haga lo que los clientes desean. Los tipos huelen horrible, son asquerosos”.
La violación ocurrió en octubre de 2013. Escapó. Vivió con una amiga dos meses, escondida de sus agresores, sin poder ir a un hospital ya que estaba indocumentada y con miedo de que la fueran a matar. Se dio cuenta de que estaba embarazada y aseguró que se lanzaba hacia los carros porque quería abortar. Hasta que se le apareció un ángel: un hombre de Indonesia que se convirtió en su pareja sentimental, su cuidador y quien la acompañó durante el embarazo. Sus recursos escaseaban, pero con lo poco que se ganaba este hombre cantando en los bares se mantenían.
A los siete meses de embarazo comenzaron los dolores. Claudia y su pareja corrieron a una clínica, donde no los atendieron por ser indocumentados y porque el lugar no era un hospital de maternidad. Las labores de parto comenzaron en un pasillo de esa clínica. Sólo con la ayuda de su pareja, el 23 de abril de 2013 nació su segunda hija, a quien le puso el nombre de una película, ya que el póster publicitario del filme estaba pegado al final del pasillo donde dio a luz. Una enfermera, al ver la escena, le cortó el cordón umbilical.
Claudia y su pareja consiguieron la ayuda de un amigo colombiano para pagar el hospital y salvar la vida de la bebé, quien necesitaba de una incubadora. No pudieron registrar a la niña. Comenzaron una nueva vida, pero los problemas económicos no cesaban. Una mujer que se identificó como Mariana, pero que en realidad se llamaba Olga Lucía Pulido, accedió a cuidar a su hija. La situación económica empeoró: a Claudia y a su pareja les tocó salir a pedir limosna en la calle, mientras Olga Lucía Pulido se había encariñado de tal forma con la bebé que se empezó a encargar de su comida. Hasta que un día terminó robándose a la pequeña.
Viajó con Daniela Palacio y la niña a Shanghái en compañía de dos hombres, identificados como Iván Darío Sánchez y Alberto Bocanegra, para registrar a la bebé como hija de Olga Lucía Pulido. Según Claudia, la mujer dijo ante el cónsul que su parto había sido en un parqueadero y que por esa razón no había registrado a su supuesta hija. Como testigos de los hechos firmaron Iván Sánchez y Daniela Palacio, y como padre de la menor, Alberto Bocanegra.
Según Claudia, desde ese momento no volvió a saber de su hija y recibía constantes amenazas de parte de Olga Lucía Pulido. Le decía que le iba a mandar la Policía para que la deportaran o a sus “amigos” para que la golpearan. Claudia llamó al cónsul Ricardo Galindo e instauró la denuncia por teléfono. A los dos días lo hizo presencialmente en Shanghái, donde además anexó un escrito dirigido a la Fiscalía en el que expresaba su situación como víctima de trata de personas. Pero, aseguró Claudia, hubo un altercado con el cónsul Galindo porque no le quería registrar la denuncia.
A su regreso a Cantón, ella y su pareja fueron arrestados por la Policía porque supuestamente eran expendedores y consumidores de droga. Los análisis médicos negaron esa situación, pero quedaron presos por estar indocumentados. Claudia logró viajar a Colombia gracias a que su mamá le compró el tiquete. Su pareja continúa presa. Al llegar al país y contar su historia, la Fiscalía comprobó lo sucedido. Envió la alerta a Migración Colombia.Sólo en julio de este año, cuando Olga Lucía Pulido ingresó con la bebé al país, fue posible recuperar a la pequeña. El reencuentro fue especial. En la Fiscalía la bebé se lanzó a los brazos de su mamá. Pero, como la ley lo indica, el Instituto de Bienestar Familiar tenía que realizar las pruebas de ADN, que tardaron más de un mes. Durante ese tiempo, Claudia estuvo nuevamente alejada de su hija. A finales de agosto el reencuentro esperado se dio. Hoy Claudia vive junto con sus dos hijas y tiene un constante acompañamiento de las autoridades, ya que su testimonio fue la piedra angular de una de las operaciones más exitosas contra las redes de tráfico de personas.
*Nombre cambiado.