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“La ‘sábana’ es una de las prácticas con mayor nivel de violencia, tanto física como psicológica, en contra de la población LGBTI. Usualmente es agredido un hombre que ha sido descubierto teniendo relaciones sexuales con una mujer trans u otro hombre. Un grupo de internos lo cubren con una sábana y lo golpean, le arrojan agua encima y le dan patadas. La sábana se usa para causar menos marcas en el cuerpo. Pese a las denuncias presentadas en varias oportunidades por las mujeres trans, la cárcel no ha tomado ninguna medida”.
Este es apenas uno de los abusos que sufren los LGBTI en las cárceles colombianas, de acuerdo con un informe elaborado por la ONG Colombia Diversa y que será presentado hoy. Según el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), de los casi 130 mil reclusos que hay en Colombia, 800 son miembros de la comunidad LGBTI. No obstante, este informe advierte que este censo adolece de varias imprecisiones y no tiene en cuenta que muchas personas prefieren no revelar su orientación sexual debido a la estigmatización que sufren los homosexuales en las cárceles.
En este documento, de 59 páginas, quedan en evidencia las violaciones a las que se ven expuestos los LGBTI en los centros penitenciarios colombianos, lugares, de por sí, inhóspitos, como lo han denunciado la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en varios escritos. Las formas de violencia, dice el texto, son variables y algunas más agresivas o sutiles que otras: “Van desde una palabra, un grito, una burla, un empujón o arrojar tomates, y terminan en violaciones graves como la violencia sexual, los golpes, las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En el caso de las cárceles para hombres, por ejemplo, los investigadores descubrieron que en ellas hay mayor discriminación, más temor y miedo a expresar la orientación sexual. “El solo hecho de ser percibido como hombre gay es sinónimo de riesgo. La violencia se agudiza en cárceles de mediana seguridad, donde la guardia no tiene control interno de los patios”.
A lo que se suma que, de acuerdo con el informe, “los altos niveles de ingobernabilidad crean un contexto propicio para tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia física y verbal, promovidos o aceptados por la guardia o los propios internos contra los hombres gais y bisexuales”. Se corre el riesgo, por ejemplo, de que quienes sean “descubiertos” en una relación homosexual sean expulsados de su patio o de su celda.
Los estereotipos operan a tal punto que, por ejemplo, “existe una restricción que impide a las mujeres trans asistir a clases porque, según el personal del Inpec, ellas distraen a los estudiantes y se genera indisciplina”. En el caso de las cárceles para mujeres, aunque hay una mayor tolerancia y un mayor respeto a estas personas, se presentan represalias “cuando existen manifestaciones de afecto y se ahondan cuando se trata de autorizar la visita íntima”. A la mayoría no les permiten tener muestras de afecto con sus parejas, al considerarlas como actos obscenos cuando son protagonizados por homosexuales. “Sólo por tratarse de personas LGBTI, un beso es considerado algo que sólo es permitido en la vida clandestina, un acto obsceno o una práctica censurable”. E incluso, muchas son sancionadas y hasta enviadas al calabozo por estos actos. En otros centros penitenciarios si, eventualmente, se les permite demostrar su afecto, se restringen tales demostraciones. Existe rechazo de los besos por considerarlos “un mal ejemplo para los niños y un irrespeto para los familiares”.
Eso sin contar las dificultades que viven los LGBTI a la hora de acceder a su derecho a la visita íntima. Les ponen trabas, los juzgan e, incluso, se descubrieron casos en los que la guardia casi que, literalmente, ventilaba la vida privada del recluso con los familiares o amigos que lo visitaban.
En el caso de aquellas personas que, pese a no reconocerse como LGBTI, tienen relaciones con personas de esta comunidad, suelen ser altamente estigmatizadas y vulnerables a diferentes clases de malos tratos, burlas y humillaciones.
Ante este panorama, en el informe se pide, entre otras, una directriz que aclare “que la orientación sexual y la identidad de género no son justa causa para interferir en la vida privada de las personas. De igual forma, es necesario unificar los criterios para que aspectos como higiene o seguridad no sean usados para disfrazar prejuicios que impidan las relaciones sexuales o erótico-afectivas de personas privadas de la libertad”.
“Como somos humanos y a veces las circunstancias nos ponen tras las rejas, en Colombia hay lesbianas, gais, bisexuales y personas trans que padecen en el confinamiento la reproducción y maximización de los prejuicios de nuestra sociedad. Como en la cárcel la pelea por la dignidad es diaria y extenuante, allí también debe latir nuestra lucha”, dice, al respecto, el director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín.
El informe reconoce que el Inpec, desde 2011, ha emitido directrices para mejorar el trato hacia la comunidad LGBTI. Sin embargo, todavía falta. “La cárcel es un lugar muy difícil, por eso encontrar el amor de una mujer acá adentro es como sentirse de alguna manera libre y volver a tener esperanza”, dice una reclusa de la cárcel de Jamundí (Valle), que es citada en el informe. Lástima que al amor le sigan poniendo tantas cortapisas.