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El pasado 23 de mayo, una semana después de que se cumplieran 16 años de la primera masacre paramilitar en Barrancabermeja, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra el capitán (r) José Eduardo González Sánchez, alias Mauricio. El oficial habría sido el eslabón de las autodefensas para lograr que las autoridades no interfirieran con el baño de sangre, que dejó 32 víctimas.
El 16 de mayo de 1998, las Autodefensas Campesinas de Santander y del Sur del Cesar (Ausac) irrumpieron en seis barrios del suroccidente de Barrancabermeja y en 40 minutos fusilaron a siete personas y se llevaron a otras 25, las cuales serían ultimadas posteriormente tras una orden que el extinto comandante de ese grupo Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, impartió en medio de una borrachera.
Para ese momento, González Sánchez era el subjefe de seguridad de Ecopetrol, un cargo que a consideración de la Fiscalía le sirvió de “fachada” para esconder que “hacía parte de las Ausac” y “en razón de ello es que participa en los hechos”. El ente investigador lo señaló de coautoría en los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, pues habría actuado como “la persona que hizo contactos con las autodefensas y las diferentes autoridades de Barrancabermeja” para perpetrar la masacre.
Precisamente, la Fiscalía reseñó que por la labor que desempeñó en Ecopetrol entre abril de 1995 y noviembre de 1999, y en su grado de capitán retirado, González Sánchez “mantenía relaciones con la Fuerza Pública”. Una condición que le habría permitido hacer los enlaces pertinentes para que en el momento de la masacre no hubiera retenes. Es decir, que las Ausac pudieran entrar a la ciudad, llevarse a los supuestos guerrilleros y salir del casco urbano sin ser detenidas por la Policía o el Ejército.
“Su vínculo laboral con la refinería le permitía estar constantemente en contacto con personal de seguridad de la refinería, del Batallón Contraguerrillas Nº 45 Héroes de Majagual y el Batallón Fluvial, entre otros. De esa manera ,sus entradas y salidas a las diferentes instalaciones eran vistas de manera normal y sin sospechas de que se estuviera fraguando un plan tan abismal”, sostuvo la Fiscalía en la medida de aseguramiento.
Además, el ente investigador señaló que Sánchez González también habría estado en una serie de reuniones donde se ultimaron los detalles de la masacre. De hecho, en 2010 Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero —quien por órdenes de Camilo Morantes comandó la operación en Barrancabermeja—, señaló que González los puso en contacto con el capitán Oswaldo Prada, del Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, y con un oficial del grupo de operaciones de dicha unidad.
La respuesta de los dos militares, según El Panadero, fue que facilitarían la incursión paramilitar una vez determinaran la fecha y la hora. Además de eso, Jaimes Mejía sostuvo que González Sánchez también planeó la reunión con el coronel de la Policía en la zona, Joaquín Correa, quien sólo les pidió no dejar muertos en la ciudad. Lo mismo ocurrió con el director del DAS en Barrancabermeja. Desde diciembre pasado, Prada y Correa, junto a otros cuatro oficiales, tienen medida de aseguramiento por esta masacre.
El capitán (r) González Sánchez negó esta participación y en su indagatoria sostuvo que El Panadero lo asediaba para establecer un contacto con él, pero que esto nunca ocurrió. Explicó que en una ocasión este paramilitar lo abordó a la salida de un restaurante y le comentó sus intenciones, pero que se negó. En su defensa ante el ente investigador, el capitán (r) González sostuvo que no tuvo nada que ver con la masacre, que no era su afán mostrar resultados operacionales, y que no estaban bajo su seguridad esos barrios donde se presentó la incursión.
No obstante, la Fiscalía tiene otra tesis: luego de retirarse de Ecopetrol, el capitán (r) se unió al frente Lanceros de Vélez de las autodefensas. Precisamente, ya en noviembre de 2011 había sido cobijado con medida de aseguramiento por ser, supuestamente, uno de los jefes de este bloque y haber acabado con la vida de Seferino Morales Díaz, Carlos Alirio Vargas y José Morales, en Barbosa (Santander), en 2001. Ahora se encuentra recluido en la cárcel El Pedregal de Medellín, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
Por su parte, Ecopetrol le aseguró a El Espectador que no existen registros de que se haya adelantado algún proceso disciplinario contra González Sánchez en la empresa, “o que haya conocido de hechos relacionados con la situación planteada en los que se vinculara a algún funcionario de Ecopetrol”. Y agregó: “La empresa no tiene ni ha tenido durante sus 63 años de operación relación alguna con grupos al margen de la ley y en particular con grupos paramilitares”.
Entre tanto, la Fiscalía continúa vinculando presuntos responsables al expediente de esta masacre, que sería la predecesora de otras dos perpetradas en Barrancabermeja durante los meses siguientes. En el mes de enero de este año se logró la captura del oficial Oswaldo Prada y de dos militares que estaban libres. El ente acusador sigue indagando por la manera en que las autoridades estatales ayudaron a fraguar una irrupción ‘para’, que tenía como objeto sembrar terror en la ciudad santandereana.
Por estos hechos, en 2010, siete paramilitares fueron condenados a 20 años, luego de que se acogieron a sentencia anticipada y reconocieron su participación. Pero aún queda por armar el rompecabezas de la alianza con la Fuerza Pública, cuyas primeras piezas son las confesiones de algunos miembros de las autodefensas, quienes con el tiempo se han convertido en los testigos estrellas de este caso.
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