"Desde el momento en que se hizo pública la denuncia formulada en contra de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, los cargos imputados al magistrado han tenido como consecuencia el deterioro de la imagen de la Rama Judicial en general, y de la Corte Constitucional en particular. Las acusaciones hechas por quienes han declarado en este proceso, intencionalmente o no, han erosionado la legitimidad de la Corte Constitucional, cuando quiera que la confianza de los colombianos en ese alto tribunal se ve menguada por los reproches públicos que recaen sobre uno de sus miembros (...) La decisión que se tome en este caso por parte de la Comisión de Acusación debe tener en cuenta que la persona a quien se investiga no es un ciudadano cualquiera (…) Dadas esas calidades, el estándar de exigencia legal y moral de comportamiento en su caso es mucho más alto”.
Este es uno de los argumentos del auto de acusación de 115 páginas contra el magistrado Jorge Pretelt por el delito de concusión –es decir, soborno–, que radicó el pasado 16 de septiembre el congresista Julián Bedoya ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Será este miércoles cuando los 15 miembros de la comisión, luego de resolver una recusación que presentó Pretelt contra la congresista Angélica Lozano, decidan si llaman a juicio al magistrado por el caso Fidupetrol, un escándalo que destapó El Espectador en febrero de este año cuando se conoció que esa sociedad supuestamente ofreció plata para que la Corte Constitucional le levantara una sanción económica de $22.500 millones.
“Además de evaluar los requisitos formales y sustanciales de la acusación, esta comisión debe tener en cuenta que la gravedad del comportamiento imputado al doctor Pretelt aumenta significativamente por dos razones: primero, porque a él le era especialmente exigible una mayor apego a la legalidad y moralidad en su comportamientos; y en segundo lugar, porque el daño ocasionado a la administración de justicia, a la Corte Constitucional, al Estado, a la democracia y a la estabilidad social en general es sustancialmente mayor (…) a mayor poder y mayores privilegios, mayores responsabilidades. Es obligatorio que la administración de justicia actúe en este caso de modo ejemplarizante”, sentenció el congresista Bedoya.
La investigación inició el pasado 3 de marzo tras una denuncia que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo el 27 de febrero de 2015. González le dijo a la Comisión de Acusación que su colega Pretelt había utilizado su nombre para pedir dádivas y que se había enterado luego de que otro de los magistrados, Luis Ernesto Vargas, le mostrara una grabación de Víctor Pacheco –hoy investigado por estos hechos– confesándole las irregularidades. El congresista Bedoya avocó conocimiento del caso y ordenó tomarle declaración bajo juramento a 26 personas.
Ante la Comisión de Acusación llegaron a declarar los magistrados de la Corte Constitucional Mauricio González, Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez. Asimismo, fueron llamados el abogado Pacheco; varios socios de Fidupetrol, entre ellos el presidente de la época, Abel Guillermo Caballero y el máximo accionista, Hélber Otero, hoy preso; el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien es investigado por, presuntamente, realizar gestiones irregulares a favor de la sociedad; y el conductor y el jefe de escoltas del magistrado Pretelt.
El objetivo de Bedoya era buscar pruebas de la supuesta reunión que Jorge Pretelt y Víctor Pacheco sostuvieron el 18 de octubre de 2013 en el apartamento del magistrado, donde, supuestamente, Pretelt pidió $500 millones a cambio de “hablara a oído” al magistrado Mauricio González para que fallara en favor de los intereses de Fidupetrol. Mientras algunos magistrados, como Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio admitieron que Pacheco les comentó personalmente de la reunión, Pretelt, su conductor y su jefe de escoltas negaron que se hubiera realizado el encuentro al asegurar que ese día él estuvo presente en otro evento, el homenaje a los magistrados Juan Carlos Henao y Humberto Sierra Porto en el Club El Nogal.
Entre las pruebas que presentó la defensa de Pretelt hay un informe que entregó la empresa de seguridad del conjunto residencial en el que vive el magistrado, en el que se advertía que, tras analizar las minutas de planilla de control de visitas del año 2014 y lo corrido del 2015, se certificaba que no se registraba ingreso alguno del señor Víctor Pacheco. Además, Pretelt y su abogado insistieron que no existían elementos de prueba que demostraran que él habría recibido pago alguno por sus gestiones. Este último argumento también fue esgrimido por la Procuraduría, que junto a Pretelt, solicitó la nulidad del caso.
“Le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público cuando afirman que las diferentes diligencias practicadas no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar, si quiera de modo indiciario, que Jorge Ignacio Pretelt recibió la suma de $500 millones de manos del abogado Víctor Pacheco (...) No se cumplen los requisitos para afirmar que Pretelt recibió dinero, utilidad o cualquier otro tipo de beneficio, para influir en el sentido de la decisión (...) dentro del trámite de tutela promovido por la sociedad Fidupetrol”, se lee en el auto de acusación. Sin embargo, el propio Julián Bedoya enfatizó que, a pesar de esta apreciación, se podía afirmar que Pretelt había solicitado el dinero. Es decir, para el congresista, si bien era claro que el magistrado no recibió plata, muy diferente era que no la hubiera pedido.
“Para explicar esa afirmación debe este despacho manifestar desde ya, que no existe prueba directa que permita afirmar que esa solicitud de dinero se produjo. Y es normal que no exista porque la experiencia nos enseña que ese tipo de solicitudes se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad (...) Sería ingenuo esperar obtener prueba directa, porque los sujetos activos de esa clase de delitos son personas inteligentes (...) Hay declaraciones y documentos (grabación de audio) que afirman que el Pretelt Chaljub sí solicitó al abogado Víctor Pacheco la suma de $500 millones (...) Pacheco les comentó sobre esta situación a dos magistrados, Luis Ernesto Vargas y Gabriel Mendoza, quienes ratificaron la versión. Además, como prueba está la grabación que le hizo Vargas Silva a Pacheco en su despacho. Ellos hablan de la versión de lo que sucedió en la casa de Pretelt ante el evento en el club El Nogal”, argumentó Bedoya.
El congresista puntualizó que Pacheco, en su declaración jurada, siempre se acogió a su derecho de guardar silencio cuando le preguntaron si Pretelt le había solicitado dinero: “Le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público respecto a que ese abogado no ha aceptado (al menos en este proceso), que Pretelt le hubiera solicitado $500 millones. No obstante ese evidente esfuerzo por no aceptar de manera abierta y explícita lo ocurrido, el declarante tampoco lo niega (…) el testigo describe el contexto de su relación con Pretelt y de lo ocurrido con la tutela de Fidupetrol de tal forma, que al lector no le quedan dudas de que esa solicitud de dinero sí se produjo, a pesar del temor del declarante de aceptarlo y del cuidado que tiene para no autoincriminarse”.
Otro de los puntos que deslegitimó Bedoya sobre la defensa de Pretelt fue la supuesta animadversión que existe con el magistrado Luis Ernesto Vargas. Para el congresista esa pelea no está comprobada y, si fuera cierta, no hay explicación de por qué Víctor Pacheco se inventó una historia para dañar la reputación de Pretelt. “La prueba testimonial recabada apunta a demostrar que la relación entre Pacheco y Pretelt era bastante buena. Siguen aceptando abiertamente tener una amistad y no dan cuenta de algún suceso, acontecimiento o episodio que haya erosionado o extinguido esa relación ”, concluyó el representante. Bedoya agregó que hay pruebas de las visitas del abogado al despacho de Pretelt en al menos cinco oportunidades y que se comunicaban seguido por celular.
Entre los episodios que más llama la atención del representante a la Cámara, está un almuerzo entre Mauricio González, Pretelt y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, en ese entonces abogado de Fidupetrol. Según el magistrado González, la reunión fue promovida por Pretelt y durante la tarde se tocó el tema de la tutela de Fidupetrol. “Este Despacho no cree que ese almuerzo haya sido una casualidad (...) No se trató de un almuerzo causal de colegaje entre magistrados, y al que de forma inesperada y casual se unió el doctor Rodrigo Escobar. No, se trató de un almuerzo planeado, organizado previamente a instancias de invitación realizada por el doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub”.
Finalmente, el congresista Bedoya arremetió contra el supuesto plan de Fidupetrol para permear la Corte Constitucional y ganar la tutela. Según el escrito, existen “varios correos electrónicos en los que se dice que Víctor Pacheco se ha reunido y conversado con magistrados de la Corte (...) en los que se informa los miembros de la Junta Directiva sobre la decisión de seleccionar la tutela de Fidupetrol para su revisión, cuando ello aún no era de conocimiento público. Obran documentos que demuestran que a Víctor Pacheco se le modificó el contrato de prestación de servicios profesionales para aumentarle y adelantarle la “prima de éxito”. Misma que le fue pagada de forma anticipada, antes de que se hiciera formal la decisión de seleccionar la tutela”.
Bedoya también criticó el contrato entre Rodrigo Escobar Gil –a quien le imputarán cargos el próximo 4 de noviembre por estos hechos– y Fidupetrol. El exmagistrado tenía como objetivo representar a la empresa ante el alto tribunal, sin embargo, al parecer no cumplió su labor y le terminó pagando con parte de sus honorarios a Víctor Pacheco por su rol en el trámite. Entre otras pruebas que complicarían la situación de Fidupetrol, están las declaraciones de alguno funcionarios y exfuncionarios ya que “dejan muy mal parada a la compañía, puesto que corrobora que hubo circunstancias anormales en torno al manejo de la tutela que se tramitaba ante la Corte Constitucional”.
Las investigaciones por el caso Fidupetrol en la Fiscalía ya ha puesto tras las rejas a varios de los protagonistas. Uno de ellos, el máximo accionista Hélber Otero, a quien están procesando por tráfico de influencias. Por su parte, Víctor Pacheco, también recluido, adelanta negociaciones con el ente investigador para llegar a un preacuerdo y convertirse en el testigo estelar. El cerco de la justicia se está cerrando para los implicados en este complejo expediente. El miércoles se conocerá si Jorge Pretelt se convierte en el primer magistrado procesado por el Congreso.
“Además de evaluar los requisitos formales y sustanciales de la acusación, esta comisión debe tener en cuenta que la gravedad del comportamiento imputado al doctor Pretelt aumenta significativamente por dos razones: primero, porque a él le era especialmente exigible una mayor apego a la legalidad y moralidad en su comportamientos; y en segundo lugar, porque el daño ocasionado a la administración de justicia, a la Corte Constitucional, al Estado, a la democracia y a la estabilidad social en general es sustancialmente mayor (…) a mayor poder y mayores privilegios, mayores responsabilidades. Es obligatorio que la administración de justicia actúe en este caso de modo ejemplarizante”, sentenció el congresista Bedoya.
La investigación inició el pasado 3 de marzo tras una denuncia que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo el 27 de febrero de 2015. González le dijo a la Comisión de Acusación que su colega Pretelt había utilizado su nombre para pedir dádivas y que se había enterado luego de que otro de los magistrados, Luis Ernesto Vargas, le mostrara una grabación de Víctor Pacheco –hoy investigado por estos hechos– confesándole las irregularidades. El congresista Bedoya avocó conocimiento del caso y ordenó tomarle declaración bajo juramento a 26 personas.
Ante la Comisión de Acusación llegaron a declarar los magistrados de la Corte Constitucional Mauricio González, Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez. Asimismo, fueron llamados el abogado Pacheco; varios socios de Fidupetrol, entre ellos el presidente de la época, Abel Guillermo Caballero y el máximo accionista, Hélber Otero, hoy preso; el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien es investigado por, presuntamente, realizar gestiones irregulares a favor de la sociedad; y el conductor y el jefe de escoltas del magistrado Pretelt.
El objetivo de Bedoya era buscar pruebas de la supuesta reunión que Jorge Pretelt y Víctor Pacheco sostuvieron el 18 de octubre de 2013 en el apartamento del magistrado, donde, supuestamente, Pretelt pidió $500 millones a cambio de “hablara a oído” al magistrado Mauricio González para que fallara en favor de los intereses de Fidupetrol. Mientras algunos magistrados, como Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio admitieron que Pacheco les comentó personalmente de la reunión, Pretelt, su conductor y su jefe de escoltas negaron que se hubiera realizado el encuentro al asegurar que ese día él estuvo presente en otro evento, el homenaje a los magistrados Juan Carlos Henao y Humberto Sierra Porto en el Club El Nogal.
Entre las pruebas que presentó la defensa de Pretelt hay un informe que entregó la empresa de seguridad del conjunto residencial en el que vive el magistrado, en el que se advertía que, tras analizar las minutas de planilla de control de visitas del año 2014 y lo corrido del 2015, se certificaba que no se registraba ingreso alguno del señor Víctor Pacheco. Además, Pretelt y su abogado insistieron que no existían elementos de prueba que demostraran que él habría recibido pago alguno por sus gestiones. Este último argumento también fue esgrimido por la Procuraduría, que junto a Pretelt, solicitó la nulidad del caso.
“Le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público cuando afirman que las diferentes diligencias practicadas no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar, si quiera de modo indiciario, que Jorge Ignacio Pretelt recibió la suma de $500 millones de manos del abogado Víctor Pacheco (...) No se cumplen los requisitos para afirmar que Pretelt recibió dinero, utilidad o cualquier otro tipo de beneficio, para influir en el sentido de la decisión (...) dentro del trámite de tutela promovido por la sociedad Fidupetrol”, se lee en el auto de acusación. Sin embargo, el propio Julián Bedoya enfatizó que, a pesar de esta apreciación, se podía afirmar que Pretelt había solicitado el dinero. Es decir, para el congresista, si bien era claro que el magistrado no recibió plata, muy diferente era que no la hubiera pedido.
“Para explicar esa afirmación debe este despacho manifestar desde ya, que no existe prueba directa que permita afirmar que esa solicitud de dinero se produjo. Y es normal que no exista porque la experiencia nos enseña que ese tipo de solicitudes se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad (...) Sería ingenuo esperar obtener prueba directa, porque los sujetos activos de esa clase de delitos son personas inteligentes (...) Hay declaraciones y documentos (grabación de audio) que afirman que el Pretelt Chaljub sí solicitó al abogado Víctor Pacheco la suma de $500 millones (...) Pacheco les comentó sobre esta situación a dos magistrados, Luis Ernesto Vargas y Gabriel Mendoza, quienes ratificaron la versión. Además, como prueba está la grabación que le hizo Vargas Silva a Pacheco en su despacho. Ellos hablan de la versión de lo que sucedió en la casa de Pretelt ante el evento en el club El Nogal”, argumentó Bedoya.
El congresista puntualizó que Pacheco, en su declaración jurada, siempre se acogió a su derecho de guardar silencio cuando le preguntaron si Pretelt le había solicitado dinero: “Le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público respecto a que ese abogado no ha aceptado (al menos en este proceso), que Pretelt le hubiera solicitado $500 millones. No obstante ese evidente esfuerzo por no aceptar de manera abierta y explícita lo ocurrido, el declarante tampoco lo niega (…) el testigo describe el contexto de su relación con Pretelt y de lo ocurrido con la tutela de Fidupetrol de tal forma, que al lector no le quedan dudas de que esa solicitud de dinero sí se produjo, a pesar del temor del declarante de aceptarlo y del cuidado que tiene para no autoincriminarse”.
Otro de los puntos que deslegitimó Bedoya sobre la defensa de Pretelt fue la supuesta animadversión que existe con el magistrado Luis Ernesto Vargas. Para el congresista esa pelea no está comprobada y, si fuera cierta, no hay explicación de por qué Víctor Pacheco se inventó una historia para dañar la reputación de Pretelt. “La prueba testimonial recabada apunta a demostrar que la relación entre Pacheco y Pretelt era bastante buena. Siguen aceptando abiertamente tener una amistad y no dan cuenta de algún suceso, acontecimiento o episodio que haya erosionado o extinguido esa relación ”, concluyó el representante. Bedoya agregó que hay pruebas de las visitas del abogado al despacho de Pretelt en al menos cinco oportunidades y que se comunicaban seguido por celular.
Entre los episodios que más llama la atención del representante a la Cámara, está un almuerzo entre Mauricio González, Pretelt y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, en ese entonces abogado de Fidupetrol. Según el magistrado González, la reunión fue promovida por Pretelt y durante la tarde se tocó el tema de la tutela de Fidupetrol. “Este Despacho no cree que ese almuerzo haya sido una casualidad (...) No se trató de un almuerzo causal de colegaje entre magistrados, y al que de forma inesperada y casual se unió el doctor Rodrigo Escobar. No, se trató de un almuerzo planeado, organizado previamente a instancias de invitación realizada por el doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub”.
Finalmente, el congresista Bedoya arremetió contra el supuesto plan de Fidupetrol para permear la Corte Constitucional y ganar la tutela. Según el escrito, existen “varios correos electrónicos en los que se dice que Víctor Pacheco se ha reunido y conversado con magistrados de la Corte (...) en los que se informa los miembros de la Junta Directiva sobre la decisión de seleccionar la tutela de Fidupetrol para su revisión, cuando ello aún no era de conocimiento público. Obran documentos que demuestran que a Víctor Pacheco se le modificó el contrato de prestación de servicios profesionales para aumentarle y adelantarle la “prima de éxito”. Misma que le fue pagada de forma anticipada, antes de que se hiciera formal la decisión de seleccionar la tutela”.
Bedoya también criticó el contrato entre Rodrigo Escobar Gil –a quien le imputarán cargos el próximo 4 de noviembre por estos hechos– y Fidupetrol. El exmagistrado tenía como objetivo representar a la empresa ante el alto tribunal, sin embargo, al parecer no cumplió su labor y le terminó pagando con parte de sus honorarios a Víctor Pacheco por su rol en el trámite. Entre otras pruebas que complicarían la situación de Fidupetrol, están las declaraciones de alguno funcionarios y exfuncionarios ya que “dejan muy mal parada a la compañía, puesto que corrobora que hubo circunstancias anormales en torno al manejo de la tutela que se tramitaba ante la Corte Constitucional”.
Las investigaciones por el caso Fidupetrol en la Fiscalía ya ha puesto tras las rejas a varios de los protagonistas. Uno de ellos, el máximo accionista Hélber Otero, a quien están procesando por tráfico de influencias. Por su parte, Víctor Pacheco, también recluido, adelanta negociaciones con el ente investigador para llegar a un preacuerdo y convertirse en el testigo estelar. El cerco de la justicia se está cerrando para los implicados en este complejo expediente. El miércoles se conocerá si Jorge Pretelt se convierte en el primer magistrado procesado por el Congreso.
Por Juan David Laverde Palma / Santiago Martínez Hernández
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación