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A mediados de 2016 la empresa brasileña Odebrecht reconoció ante una Corte de los Estados Unidos haber pagado durante años millonarios sobornos para verse beneficiada con la entrega de contratos viales en diferentes países de América Latina. En su revelación se señaló que en Colombia entregaron 11 millones de dólares para recibir contratos tan importantes como la Ruta del Sol Tramo II (Puerto Salgar, Cundinamarca a San Roque, Cesar) y el anexo para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.
El escándalo fue un baldado de agua fría. Se mencionaron los primeros funcionarios públicos que habrían participado en esta red de corrupción para beneficiar los intereses de la trasnacional, una de las más grandes del mundo en cuanto a temas de obras públicas se refiere. Diferentes sectores pedían investigaciones y sanciones en contra de aquellos que recibieron y repartieron sobornos durante años.
A comienzos de 2017 se tomaron las primeras decisiones. Lo primero fue la revisión de los contratos, la suspensión de las obras y las investigaciones que terminaron con la captura del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula Bula. Posteriormente se pidió una cooperación internacional con el fin de recaudar más pruebas e identificar a otras personas que tendrían responsabilidad con estos hechos de corrupción.
Seis meses después del escándalo. El Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciaron que a finales del presente año se realizarán los respectivos procesos de licitación para entregar los contratos a nuevos proponente y continuar las obras. Sin embargo, cerca de 4 mil empleados que realizaban la ejecución de estos megaproyectos viales hoy viven un drama personal.
El abogado Hermann Garrido, quien representa a los trabajadores de Consol (Consorcio Constructor Ruta del Sol), señaló que en el mes de enero fueron convocados para que firmaran un contrato de transacción “donde, aparentemente, bajo mutuo acuerdo, se daba por terminada la relación laboral. Ellos dejaron de recibir sus salarios pese a que la empresa les dijo que les iba a seguir pagando puntualmente”.
La empresa les dijo que no regresaran a las obras pero que se quedaran en la zona mientras se solucionaba la situación. Sin embargo, en mayo Consol “les empieza a decir ‘o reciben esto que les ofrezco o ustedes verán, porque la empresa ya se va’ y los trabajadores bajo presión firmaron estos acuerdos. Los que no aceptaron no hay recibido el pago de sus salarios. Mujeres embarazadas con problemas de salud, con accidentes de trabajo, el retén social, nada de eso se tuvo en cuenta”.
Garrido añadió que los trabajadores fueron citados a Barrancabermeja (Santander) para que se adelantan el examen de retiro. “La empresa no les dio ayuda para el transporte ni la estadía (…) A los pocos que fueron les hicieron examen de todo excepto el de columna cuando es el mayor riesgo ocupacional que ellos tienen”.
“El Estado prácticamente abandonó a su suerte a estas familias. Estamos hablando cerca de 4 mil”, precisó el abogado al señalar que los trabajadores que se encontraban a lo largo de los 548 kilómetros de la obra se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo. En este sentido explicó que en Aguachica –donde se encontraban la mayoría de los obreros- se está viviendo un verdadero drama puesto que la mayoría de sus pobladores tenía relación directa con el proyecto vial.
“Es un drama social y el Gobierno no le ha prestado atención. Hay un grave componente de impunidad por parte de Odebrecht (…) Consol no solamente cometió actos corruptos cuando le adjudicaron el contrato, sino que está cometiendo actos criminales porque ha incurrido en un constreñimiento ilegal, en falsedades de documentos que le están haciendo firmar a los trabajadores, consignado situaciones que no tienen nada que ver con la verdad”, precisó.
El pasado viernes presentaron una queja ante la Procuraduría General para que se revise la situación de los trabajadores y se protejan sus derechos fundamentales.