¿El fin de la Comisión de Aforados?

La Corte Constitucional tiene en sus manos la demanda en contra de la Comisión de Aforados y todo parece indicar que va a desaparecer. Detalles de un debate jurídico y de su estela política.

El magistrado Jorge Pretelt en la Comisión de Acusación, que ya lo acusó por un caso de corrupción. Su proceso está en manos del Senado.  / Archivo
El magistrado Jorge Pretelt en la Comisión de Acusación, que ya lo acusó por un caso de corrupción. Su proceso está en manos del Senado. / Archivo

La batalla para que en Colombia exista un tribunal que juzgue a los aforados podría llegar a su punto final esta semana. Lo que se avecina es una derrota para quienes dieron la pelea por su creación. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene en su agenda el expediente de la demanda que presentó el exfiscal Eduardo Montealegre en contra de la Comisión de Aforados, un tribunal que nació tras la reforma del equilibrio de poderes aprobada el año pasado, y que fue constituida precisamente para que los 78 aforados que hay en el país tuvieran, por fin, una figura con la suficiente autonomía para investigarlos y juzgarlos. El magistrado ponente Alejandro Linares presentó su proyecto de fallo, en el que declara inconstitucional esa nueva comisión.

En su momento, el exfiscal dijo que el cambio en la forma en que se investiga a los aforados era una “segunda toma del Palacio de Justicia”, pues consideraba que esa comisión es un retroceso que viola varios principios constitucionales y que además no fue tramitada correctamente en el Congreso. Su posición fue criticada desde el comienzo por varios congresistas y académicos, quienes señalaban que un cambio a la Comisión de Acusación –la actual instancia que investiga tanto al Presidente como al Fiscal General y a los 76 magistrados de las altas Cortes– era una medida urgente y necesaria, pues sus logros han sido prácticamente nulos: sólo ha acusado formalmente a Gustavo Rojas Pinilla, quien después fue absuelto por la Corte Suprema, y al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, cuyo juicio político está ahora en manos del Senado.

En el primer documento que Linares les entregó a los magistrados de la Corte, argumentó que la Comisión de Aforados era inconstitucional porque su trámite en el Congreso no respetó las reglas. En síntesis, el argumento del magistrado se basó en que en los debates para aprobar el acto legislativo de equilibrio de poderes no se cumplió con el principio de unidad de materia, que dice que los artículos no pueden cambiar su esencia mientras son discutidos en el Senado y en la Cámara. Pero en el proyecto de fallo de 194 páginas, conocido por El Espectador, fue poco lo que Linares dijo sobre el fondo de la demanda de Montealegre. En otras palabras, no se pronunció acerca de si esa Comisión sustituía la propia Constitución.

Varios allegados a la Corte Constitucional le expresaron a este diario que la postura de Linares, de no abordar el debate sobre si se estaban sustituyendo principios de la Carta Política del 91, causó molestias. Para cinco magistrados del alto tribunal, Luis Ernesto Vargas, Alberto Rojas Ríos, María Victoria Calle, Gloria Ortiz y Jorge Iván Palacio, era claro que la Comisión de Aforados sí la modificaba y lo que se debía plantear era lo que en el mundo judicial se conoce como un juicio de sustitución. Ante este panorama, el jueves pasado Linares envió a los despachos de la Corte una adición al proyecto de fallo. En ese documento, el magistrado ponente se pronunció de fondo y se convirtió en el sexto magistrado en apoyar la idea de que crear un nuevo tribunal para aforados sí sustituía la Constitución.

“La Corte encuentra que existen razones constitucionales poderosas para declarar la inconstitucionalidad consecuencial de todo el régimen de investigación, acusación y juzgamiento establecido en el Acto Legislativo 02 de 2015”, dice el proyecto de fallo Linares. Las razones para llegar a esta conclusión las enumera en tres puntos: se estableció un nuevo órgano, el proceso investigativo para el Presidente no quedó igual para el Fiscal General y los magistrados de las altas Cortes, y se reasignaron competencias en materia de investigación, acusación y juzgamiento.

Para quienes defendieron la propuesta de una nueva comisión que juzgue a los aforados, propuesta del Gobierno, la posición de Linares y los otros cinco magistrados resulta devastadora. “Es una tragedia para la democracia que haya personas, de los cargos más altos, exentos de justicia. Es además un acto de desigualdad”, le dijo a El Espectador la representante a la Cámara Angélica Lozano, una de las voces que más defendió la reforma del equilibrio de poderes en el Congreso. Para ella, esta comisión no tiene ningún poder diferente al ordenado por la Constitución. Lo único que se cambió, asegura, fue el nombre y la manera en que es conformado este tribunal.

“No es para nada fácil conseguir un modelo adecuado para juzgar a los aforados, pero está claro que debe ser lo más parecido al sistema ordinario. Desde el comienzo dijimos que no estábamos totalmente de acuerdo con todos los componentes de la reforma, pero la Comisión de Aforados no sustituye la Constitución”, explicó Sebastián Lalinde, investigador de Dejusticia, quien agregó que las pretensiones de la demanda del exfiscal están completamente infundadas, pues desconoce que en ningún momento se está eliminando la posibilidad que tienen los aforados de defenderse y que tampoco se está violando el principio de independencia judicial que tienen, por ejemplo, los magistrados.

Tanto Lalinde y Lozano como los ministerios de Justicia y del Interior recalcan que la Comisión fue creada con el único objetivo de aplicar una dosis de justicia a los aforados. Por eso, la idea de que fueran jueces, y no congresistas, los encargados de investigar y juzgar a estos personajes, con las mismas cualidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que tuvieran un equipo especializado de investigadores y expertos, era una iniciativa que podía resultar exitosa. “Todo parece indicar que lo que va a decir la Corte es que, básicamente, aquí la justicia sólo se imparte a los de ruana. En este país nadie puede tocar ni al Fiscal General ni a los magistrados”, añade Lozano.

El debate jurídico que está en manos de la Corte Constitucional tiene además una estela política que resulta igual de importante que el componente jurídico. Allegados a la Corte Constitucional explicaron que la discusión entre los magistrados no sólo se limitó a hallar los puntos que resultaban ajenos a la Constitución, sino que el temor por el poder político que tendría la Comisión de Aforados debía detenerse. “Este supertribunal quedaría conformado milimétricamente por fuerzas bipartidistas. Finalmente, es el Congreso y los partidos políticos los que elegirán a los cinco magistrados que conforman la Comisión”, le contó a El Espectador una fuente allegada al proceso.

Exmagistrados de los altos tribunales consultados por este Diario expresaron que ese panorama suscita que ocurra lo mismo que pasó con la investigación en contra del magistrado Jorge Pretelt. “Su comisión de juzgamiento en el Congreso quedó manejada prácticamente por el Centro Democrático. ¿Qué independencia puede haber en ese proceso?”, se preguntan. Explicaron además que el riesgo de que estos nuevos magistrados se conviertan en un instrumento para crear revanchas o venganzas por las decisiones de los jueces es muy alta. “Cómo le habría encantado a Álvaro Uribe un instrumento como este cuando la Corte Suprema metió a casi 60 parapolíticos a la cárcel y a buena parte de sus ministros”, se atrevió a decir otra fuente allegada al proceso.

El argumento del peligro de politizar la Comisión de Aforados es, para quienes la defienden, una falsedad. “No tiene fundamento. En este momento somos 15 políticos los que tenemos el deber de juzgar a los aforados. El problema es estructural, no de quienes lo componen”, sostiene Angélica Lozano, haciendo referencia al sistema que hace posible que en Colombia quienes eligen a los magistrados de la Corte Constitucional son a la vez sus jueces. Por otra parte, Sebastián Lalinde explica que para evitar que la política se entrometa hay filtros, como que los candidatos que elige el Congreso para la Comisión hacen parte de una lista derivada de una convocatoria pública. La lista, indicaba el acto legislativo, iba a ser revisada por el Consejo de Gobierno Judicial, pero éste tampoco pasó el examen de la Corte Constitucional y quedó en pie el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura.

“La Corte Constitucional debe ser muy respetuosa del principio democrático que permite las reformas constitucionales. Si una de ellas le parece inconveniente, no puede decir que es inconstitucional porque está sustituyendo la Constitución. Estaría enmascarando un juicio político en un debate que debe ser completamente jurídico”, expresa con preocupación Lalinde. Otro de los problemas que advierten quienes están a favor de la Comisión de Aforados es que si la Corte falla en contra de este tribunal, alegando que sustituye la Constitución, estaría limitando la posibilidad de modificar la manera en que son juzgados los aforados mediante un acto legislativo en el Congreso.

Ante este panorama, se abre la posibilidad para que un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente entren a figurar como las vías para modificar la Comisión de Acusación. Aunque dentro del Congreso y el Gobierno ya corre el rumor de que es posible convocar una Asamblea, el investigador de Dejusticia señala que esta sería la manera más peligrosa de hacerlo porque, dice, la historia ha demostrado que por esta vía se terminan modificando a fondo otros puntos de la Constitución.

Si la tesis de Linares consigue la mayoría de los votos, como se espera que lo haga esta semana, el Gobierno tendrá que barajar las opciones que le quedan para no perder la oportunidad de cambiar el sistema judicial. Aunque podría hacerlo a través de una Asamblea Constituyente o un referendo, el tiempo para hacerlo no es para nada bueno. En la próxima legislatura la prioridad, tanto del Congreso como del Ejecutivo, está relacionada con temas de paz. Por ahora, lo que queda es esperar el veredicto final de la Corte. Su decisión, que además de convertirse en la primera victoria del exfiscal Montealegre por fuera de la Fiscalía en tiempos en donde él mismo ha dicho que se siente traicionado por el Gobierno, sería la última estocada a la tan esperada reforma de la justicia colombiana.