Los triunfos de Colombia en materia diplomática desde que el presidente Juan Manuel Santos llegó al poder han sido innegables: un lugar en el grupo de Estados no permanentes en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría General de Unasur con María Emma Mejía, la ratificación de sendos tratados de libre comercio con Estados Unidos y otras naciones, y un liderazgo en el ámbito regional que permitió mediar con éxito en la crisis política de Honduras, entre otros hechos. Sin embargo, hace algunos días el Gobierno sufrió un duro traspié diplomático que pasó ‘de agache’.
A partir de enero de 2012 Latinoamérica tendrá un representante en la Corte Penal Internacional (CPI) y —obedeciendo la directriz del presidente Santos de copar todos los espacios internacionales que sean posibles— Colombia aspiraba a quedarse con ese puesto y había postulado a Eduardo Cifuentes Muñoz, confiando en que su impecable hoja de vida sería una ventaja: exmagistrado de la Corte Constitucional, exdefensor del Pueblo y exmiembro del Comité de Coordinación de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano en San José de Costa Rica. También fue presidente del Consejo Andino de Defensores del Pueblo y director de la División de Derechos Humanos de la Unesco.
Pero algo falló y Cifuentes no logró convencer a los actuales miembros de la CPI que participaron en las votaciones y aunque comenzó con un relativo respaldo, poco a poco lo fue perdiendo y, finalmente, no resultó elegido. En la primera ronda de votación, el 13 de diciembre pasado, Cifuentes Muñoz obtuvo 34 respaldos; en la segunda, el 15 de diciembre, bajó a 29 votos. Ya en la quinta ronda sus apoyos continuaron bajando a 24; para la octava ronda sólo estaban con él 16 países y en la undécima votación, el 16 de diciembre, ya había salido de la lista de elegibles para ser juez del alto tribunal internacional con sede en La Haya (Holanda).
Un fracaso diplomático que, según conoció El Espectador, ha generado inquietudes en el alto Gobierno, donde hoy unos y otros se echan el agua sucia y se culpan de haber enviado a la persona equivocada, teniendo en cuenta que lo que más pesa en ese tipo de tribunales es la experiencia en el campo de lo penal. El meollo del asunto es que el presidente Santos creó una comisión para estudiar cada una de las hojas de vida de las personas que tuvieran el nivel académico, profesional e internacional para poder ser elegido, la cual estuvo integrada por los ministros de Interior, Germán Vargas Lleras; de Justicia, Juan Carlos Esguerra; de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la canciller María Ángela Holguín; el titular de Justicia, Juan Carlos Esguerra, entre otros.
Entre las hojas de vida que se estudiaron estuvieron las de los magistrados y exmagistrados Catalina Botero Merino, Jaime Córdova Triviño, Juan Manuel Charry Urueña, Alexei Julio Estrada, María del Rosario González, Augusto Ibáñez y Jaime Enrique Granados Peña, además de Cifuentes Muñoz, quien finalmente fue el escogido. Al hacer el anuncio oficial, en agosto pasado, la canciller Holguín aseguró que su postulación formaba parte de la voluntad del Gobierno de “impulsar la presencia de colombianos en organismos internacionales”, siendo la primera vez que se adelantaba una gestión de este tipo.
Para el politólogo e internacionalista Enrique Serrano, este fracaso implica que una serie de iniciativas colombianas se postergan y seguimos teniendo esa categoría de país que es más digno de investigación que de fuero para investigar: “La aspiración de Colombia a tener un cupo en la CPI era prematura, pues es un país con conflicto armado no resuelto y eso hace que se le mire con recelo. Los países que no tienen conflicto interno son los llamados a ocupar cargos y llenar vacantes (...) era de esperarse y estaba como anunciado; además, hay actores no gubernamentales que se han dedicado a hacer campaña contra el Estado y esto es un triunfo para ellos. Pero en términos generales, el no tener conflicto resuelto es suficiente razón”, explicó.
Aunque Cifuentes Muñoz tuvo a su lado a organizaciones sociales y de derechos humanos que firmaron una carta apoyando su postulación, hubo otras más radicales que se abstuvieron de respaldarlo y que incluso advirtieron que la aspiración del gobierno del presidente Santos de hacerse a un puesto en la CPI tenía que ver con la intención de bloquear posibles investigaciones, como se lo expresó a este diario un miembro de una ONG que pidió la reserva de su nombre. Son estos radicales los que vaticinan la entrada de ese tribunal internacional en el país en casos de crímenes de guerra y hasta hablan de procesos como los llamados falsos positivos.
Sin embargo, según explicó el excomisionado de Paz Camilo Gómez, el ejercicio de la competencia de la CPI se da cuando el Estado no ha ejercido la acción penal correspondiente y esta salvaguardia es sólo para los crímenes de guerra contenidos en el artículo 8° del Estatuto de Roma: “Simplemente la Corte entra a conocer de los delitos y actúa si la justicia colombiana no lo ha hecho o cuando el Estado parte remita al fiscal una situación de uno o varios de esos crímenes. También lo hará si el Consejo de Seguridad de la ONU o el fiscal de la CPI ya tiene una investigación sobre esos crímenes”, señaló.
Lo cierto es que la derrota de Eduardo Cifuentes Muñoz, además de un revés en la misma CPI, tiene preocupado al Gobierno porque temen que se convierta en un precedente para otra aspiración: la de un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sí que hay muchas cosas en juego, la más reciente el pleito por las supuestas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, en el que el Estado colombiano pidió aclaración. El nombre que se está barajando en la Casa de Nariño para dicha postulación es el del exmagistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto.
¿Cómo funciona y cómo se elige?
La Corte Penal Internacional (CPI) es la primera corte internacional permanente creada para juzgar crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad cometidos a partir de 2002, cuando entró en vigor el llamado ‘Estatuto de Roma’, que es la base del funcionamiento de este alto tribunal. Aunque se creó en 1998, entró en vigor cuatro años más tarde. En el caso de la CPI, las víctimas tienen la posibilidad de dirigir sus denuncias de forma directa al fiscal y testimoniar ante ella. Los Estados que forman parte del tribunal en la actualidad son 120 y hay países que no lo reconocen, entre ellos Sudán, Rusia, Cuba, China, Irak, Corea del Norte y Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional cuenta con cuatro órganos principales: la Presidencia y las Cámaras, la Oficina del fiscal, la Secretaría y la Corte propiamente dicha, conformada por 18 jueces. Los magistrados son de distintas áreas geográficas —equitativamente seleccionados— y no puede haber dos de un mismo país. Son elegidos por voto secreto por al menos dos tercios de los Estados parte y son renovados cada nueve años.