El fuerte regaño de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General

El alto tribuna le hizo un llamado al ente investigador con el fin de que las investigaciones se hagan con "más diligencia y profundidad”.

Un duro regaño le hizo la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía por su proceder en un caso de homicidio. Esa corporación absolvió a Enrique Roberto, acusado de matar a un vecino suyo, Fabio Torres, porque su condena estuvo basada en pruebas de referencia y no en pruebas directas que demostraran su responsabilidad.

Apenas se presentaron como prueba la declaración de un perito que no fue testigo de los hechos –aunque hizo referencia a declaraciones de personas que supuestamente si lo fueron– y un reconocimiento fotográfico. La Corte no estuvo de acuerdo con ello y por eso absolvió a Roberto y, además, le hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía.

En el fallo del pasado 27 de febrero, conocido por El Espectador, María de Rosario González, magistrada ponente, fue enfática: “No puede terminar la Corte sin hacer un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que en lo sucesivo las investigaciones se hagan con más diligencia y profundidad en forma de acopiar elementos probatorios o evidencia física que soporten más sólidamente las acusaciones y eviten así la absolución por falta de pruebas”.

Y agregó: “También para que sus delegados hagan uso de los mecanismos de la protección de testigos dispuestos por la ley con el propósito de garantizar la efectiva comparecencia de éstos al juicio, no obstante las amenazas que se dirijan contra ellos para impedir su declaración”. Este regaño se suma al que la Corte Suprema de Justicia le hizo al Congreso de la República y al Gobierno porque, en su criterio, aún falta mucho para una política criminal seria en Colombia.

En fallo del pasado 27 de febrero del magistrado ponente José Leónidas Bustos esa corporación refiere: “Las iniciativas legislativas en materia penal, a la batuta de un exacerbado populismo punitivo, han venido restringiendo las posibilidades de aplicación de diferentes mecanismos de justicia, sin considerar que, lejos de avanzar en el afianzamiento de una pronta, cumplida y adecuada justicia, están perjudicando la funcionalidad del sistema y consolidando su inoperancia”.

La Corte se refirió, además, a la congestión judicial que ha hecho del sistema de justicia colombiano uno de los más lentos del mundo. Al respecto dijo que “es inocultable la parálisis que en la práctica está aquejando al sistema acusatorio en términos de congestión (…) Así, frente a un sistema ineficiente, congestionado y desfigurado en algunos de sus componentes, preocupa la posibilidad de un colapso que conlleve al fracaso del sistema, el cual la Sala se rehúsa a admitir”.

Y concluye que hay una problemática por la que la Corte ha venido mostrando su preocupación: “La manera inconsistente en que el Ejecutivo y el Legislativo han venido diseñando y ejecutando la política criminal, tanto en lo penal propiamente dicho como en aspectos procesales”.

Por ello hace un llamado para que –después de casi nueve años del sistema penal acusatorio– el Congreso y el Gobierno creen de una buena vez “una política criminal en Colombia que transite por los senderos que dicta la Constitución”. Mientras tanto la Rama Judicial sigue en su empeño de borrar las sombras de un 2012 marcado por controversias, paros y escándalos.