:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/laVajw0EiLghhHD9IkmKXGdui_U=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DMYN4TQPBBGGLLDIIEQYNIGRXM.jpg)
Tres años y medio estuvieron en prisión, señalados como los responsables del magnicidio de Luis Carlos Galán. Pero eran inocentes. Alberto Júbiz Hazbum, Armando Bernal Acosta, Pedro Telmo Zambrano, Luis Alfredo González y Norberto Murillo fueron los chivos expiatorios para ocultar la verdad sobre el asesinato del precandidato presidencial. Los hombres fueron capturados por la Dijin de la Policía cuatro días después del asesinato de Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989. Hubo algarabía mediática para celebrar la eficiencia de las autoridades. Ante los ojos de la gente, del país que se dolía y exigía respuestas, el caso estaba, según las autoridades, casi resuelto. Pero era una cortina de humo. Han pasado 26 años después y la impunidad sigue siendo la sombra que rodea el asesinato del dirigente político.
A 26 años del crimen, cuatro altos oficiales de la Policía fueron citados a indagatoria, entre ellos, el general (r) Óscar Peláez Carmona, director de la Dijin al momento del magnicidio. La Fiscalía lo vinculó a la investigación que busca determinar los responsables de la desviación del caso, los mismos que mandaron a prisión a los cinco inocentes.
La puesta en escena que se montó para acusar a estos hombres fue descarada. Alrededor de 30 falsos testigos fueron reclutados para que ubicaran a los inocentes en la escena del crimen. Después se supo que en las calles de Soacha ofrecían dinero a quienes estuvieran dispuestos a rendir falso testimonio. Ni siquiera la declaración del exministro de Obras, Carlos Obando, quien decía que Júbiz Hazbum estuvo tomando whisky en su compañía la misma noche del asesinato de Galán, sirvió para demostrar la inocencia de los detenidos.
La farsa empezó a caerse tres semanas después de la captura de los inocentes. Pablo Elías Delgadillo, un esmeraldero cercano a Víctor Carranza, observó las fotografías del día del asesinato publicadas por la revista Cromos, y reconoció a un hombre que sostenía una pancarta y llevaba puesto un sombrero blanco. Lo identificó como un servidor de Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mexicano”, el capo enfrentado a Carranza.
El 19 de septiembre de 1989, José Orlando Chávez, “el hombre de la pancarta”, fue capturado y confesó su participación en el plan criminal para asesinar a Galán. Chávez señaló a Jaime Rueda Rocha, a quien conoció en las minas de Muzo (Boyacá y Cundinamarca), como el cerebro del plan y el hombre que jaló el gatillo. Además, vinculó a Éver Rueda Silva y Pedro Páez, alias “Nájaro”, como cómplices del plan criminal.
Pese a que estos hombres aceptaron su vinculación con el homicidio, de la que luego se retractaron, la justicia le apostó a la versión de que los primeros capturados eran culpables. Paulatinamente, Chávez, Rueda Rocha, Rueda Silva y Páez recuperaron la libertad. La mayoría por su supuesta colaboración con la justicia; Rueda Rocha, por su parte, se fugó en septiembre de 1990. Uno a uno, durante tres años, fueron asesinados. Así, con la muerte de quienes conocían la verdad de los hechos, se conjuró el silencio cómplice alrededor del magnicidio.
Lo reconoció el Consejo de Estado cuando condenó a la Nación por “El amplísimo despliegue público y mediático que las propias autoridades del Estado promovieron e impulsaron para presentar ante el país y ante el mundo a los ahora demandantes como responsables del magnicidio que les fue infundadamente atribuido, para con ello transmitir, a costa de personas inocentes, una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito”.
Sobre todo este enredo gestado a partir de la captura de los cinco inocentes será interrogado el general (r) Peláez Carmona, quien ha dicho que tiene su conciencia tranquila. Sin duda, la suma de todas estas trabas –que no son las únicas- mantiene impune la investigación sobre el magnicidio de Galán.