En noviembre de 2008, un camión cargado de 2.000 balones de fútbol llegó a Cajamarca (Tolima). Se parqueó en un colegio oficial y en cuanto el conductor quitó el candado que aseguraba la puerta del baúl, los juguetes salieron rebotando hacia la cancha de microfútbol. Los alumnos saltaron al ruedo para elegir el de su color preferido, mientras otros se preguntaban quién era el remitente de semejante regalo. Era un exalumno, Luis Ernesto Vargas Silva, quien había organizado el envío de la dotación futbolera a su colegio tras ser nombrado magistrado de la Corte Constitucional. Además, fue presidente de la Comisión Arbitral de Fútbol hasta el año pasado.
Su nombre apareció en el radar de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo postuló para el cargo, pues llevaba más de tres décadas siendo juez en diferentes tribunales del país. Comenzó su carrera en la rama judicial a los 23 años en Suesca (Cundinamarca), recién graduado como abogado de la Universidad Libre, en un juzgado del pueblo. “Ese día sentí tanta emoción como el día que llegué a la corte. Era increíble ver como de la noche a la mañana le empiezan a decir a uno doctor“, recuerda Vargas.
Pero el rótulo de doctor a Vargas ya se lo habían otorgado de manera oficial. Su alma mater lo graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1977 y, al mismo tiempo que el Congreso lo llamaba para ser evaluado y elegirlo magistrado en 2008, viajó a la Universidad de Zaragoza (España) para presentar los exámenes que le darían un diploma más con el mismo rango, esta vez, en Derecho Privado. Después de casi 100 entrevistas y de un arduo examen para poner a prueba su conocimiento jurídico, Luis Ernesto Vargas arrasó en la votación en el Senado: obtuvo 64 votos a favor, de 77 depositados en las urnas.
Llegó a la Corte con la misma idea que lo motivó a estudiar derecho. Supo que la jurisprudencia sería su futuro desde muy pequeño, cuando se enteró de que su familia campesina era víctima de la violencia bipartidista de los años 40 que los obligó a salir corriendo de sus tierras en Duitama (Boyacá) y dejar ahí todas sus pertenencias. “Yo no entendía qué clase de justicia era esa, que obligaba a una familia a salir despavorida sin nada más que el miedo de morir. Tenía en entender cómo se debía aplicar en esos caso y qué tenía que hacer para lograrlo“, explica el magistrado.
Siempre ha intentado ubicar esas preguntas en cada uno de los casos que ha recibido en sus 38 años de carrera como juez. Sin embargo, muchos criticaron su entrada a la corte por su falta de experiencia en temas constitucionales -una crítica que no ha mermado-. Para intentar frenar esos señalamientos contra su talante como jurista, preservó el equipo de abogados y magistrados auxiliares que el magistrado saliente, Jaime Córdoba Triviño, dejó en el séptimo piso de la Corte Constitucional.
Este es, a grandes rasgos, el magistrado al que le correspondió elaborar el borrador del fallo que más le importa al Gobierno Nacional en estos momentos: aquel en el que se estudiará la ley que convoca a un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Entre sus posturas más destacadas por colegas y expertos se encuentran su no a la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe en 2010; el compromiso con fallos sobre comunidades desplazadas; el rechazo que le dio a la Procuraduría en 2013 ante la destitución e inhabilidad de Piedad Córdoba pues consideraba que el Ministerio Público no podía sancionar a funcionarios elegidos por voto popular; y su apoyo frente a los derechos de parejas del mismo sexo a adoptar niños.
“El magistrado Vargas tiene mucha suerte, pues ninguno de nosotros queríamos que nos cayera ese chicharrón encima. Tiene una responsabilidad muy grande pero es una persona muy profesional, una cualidad fundamental para la discusión que le toca liderar“, asegura el magistrado Alejandro Linares, colega de Vargas en la Corte Constitucional, quien agrega que a pesar de que su compañero ha aparecido sin parar en medios de comunicación desde el año pasado por cuenta de unas grabaciones de voz, la seriedad es el ingrediente esencial que Vargas le puede aportar al debate de la paz.
El episodio al que hace referencia Linares es el de Fidupetrol y empezó con una grabación que el propio Vargas realizó en su oficina con su celular. En ella, el entonces abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, explicaba cómo el magistrado Jorge Pretelt le pedía $500 millones a cambio de fallar una tutela a su favor. La confesión no tardo mucho en hacerse pública y desde febrero pasado, Luis Ernesto Vargas no ha dejado de aparecer en las noticias. Al comienzo se citaba su nombre como el artífice de la grabación, pero dos meses después, su trabajo se vio cuestionado por el mismo Pretelt que lo acusó de orquestar un montaje con Pacheco para desprestigiarlo.
La discusión llegó hasta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde hasta hoy cursa una investigación contra Vargas porque Pretelt, quien está a punto de ser juzgado políticamente en el Senado por este mismo episodio, lo denunció. Mientras los investigadores producen resultados, su concentración está enfocada en cuál será su respuesta al plebiscito para la paz. La cuenta regresiva de 30 días para presentar el borrador ya empezó. Para manejar la tensión y el estrés, el magistrado piensa resguardarse en sus discos del trío Morales Pino, y en canciones como Viejo Tolima y Las Acacias. Piensa también ayudarse con el ejercicio que practica con disciplina, sobre todo después de un susto en abril pasado cuando un dolor en el brazo izquierdo lo tumbó al suelo. Horas más tarde, los médicos dirían que su corazón estaba sufriendo un infarto.
“Soy consciente de la responsabilidad que tengo en mis manos. Estoy comprometido a revisar palabra por palabra, oración por oración y párrafo por párrafo de este caso que será la ponencia más importante de la historia del país y de mi carrera”, concluye Vargas.