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Judicial 11 Jun 2013 - 10:00 pm

Controversia en el Consejo de Estado

El impedimento que revive los fantasmas de la reforma a la justicia

El Espectador revela el disenso de una magistrada que consideró absurdo que se le permitiera al consejero Mauricio Fajardo conocer el expediente en contra de los 12 conciliadores de la reforma a la justicia.

Por: Juan David Laverde Palma
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El magistrado del Consejo de Estado Mauricio Fajardo. / Archivo

Un año después de que el presidente Juan Manuel Santos hundiera la reforma a la justicia por el largo etcétera de orangutanes que terminaron colándose, sobre todo, en la conciliación de Senado y Cámara del texto definitivo, los coletazos de este ‘frankenstein’ siguen despertando controversias, esta vez en el Consejo de Estado. El alto tribunal se apresta a resolver si mantiene o les quita la investidura a los 12 congresistas que conciliaron el proyecto y que, según el demandante, incurrieron en conflicto de intereses, pues legislaron en causa propia.

Hace pocos días el magistrado Mauricio Fajardo presentó su impedimento ante la Sala Plena al considerar que participó “de manera directa, mediata y personal” del trámite del proyecto de acto legislativo, por lo cual su criterio resultó comprometido “categóricamente”, en relación con las bondades o desventajas del texto aprobado por el Congreso. Incluso, Fajardo resaltó que explícitamente se mostró en contra de que se aprobaran las propuestas y así lo hizo saber en distintos foros, además de que rindió concepto en varias ocasiones sobre lo acordado en la Comisión Accidental de Conciliación.

La Sala Plena no aceptó su impedimento, ya que sostuvo que el tráfico de influencias que se aduce como causal de pérdida de investidura de los congresistas que participaron en la conciliación no se relaciona con el contenido del proyecto, sino con el provecho que los parlamentarios pudieron derivar para favorecerse. De esta decisión mayoritaria se apartó la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, quien la semana pasada dejó constancia de su inconformidad pues está convencida de que había sobrados motivos para aceptar el impedimento de Fajardo. Además señaló que “el instituto de los impedimentos tiene un impacto directo en la buena marcha en la administración de justicia y está lejos de ser una figura trivial”.

La magistrada Conto Díaz del Castillo aseguró en su salvamento de voto que la Sala Plena no tuvo en cuenta abundante jurisprudencia sobre los impedimentos, sino que además añadió: “Al margen de que no es factible hallar en la providencia de la que me aparto un mínimo de desarrollo argumentativo dirigido a sustentar la decisión, tampoco se tomó en cuenta la argumentación expuesta por el consejero y en tal sentido se omitió invertir mínimo esfuerzo por mostrar en qué sentido lo alegado por el magistrado Fajardo carecía del peso suficiente para decretar el impedimento”.

Fuentes consultadas del Consejo de Estado señalaron que el magistrado Fajardo, en su entonces condición de presidente de ese tribunal, conoció del proyecto de reforma constitucional e incluso radicó un proyecto que después se acumuló al presentado por el Gobierno. En ese contexto fue que participó de algunos debates en la plenaria del Senado y en algunos foros. Sin embargo, cuando se advirtió que el rumbo tomado por la reforma se convirtió en lo que se convirtió, él se apartó del trámite, se retiró de la discusión y hasta ventiló su renuncia. Por eso es que manifestó su impedimento, que finalmente no fue aceptado.

En la otra orilla, la magistrada Conto Díaz del Castillo le dijo a El Espectador que su posición fue así de firme porque “considero que los impedimentos se están resolviendo de una manera muy amplia”. Además, indicó que por la propia versión del magistrado Fajardo su imparcialidad está comprometida, “de tal manera que no podía resolverse negativamente el impedimento. Lo más importante es mantener la imparcialidad del juez. No es que yo diga que él no vaya a ser imparcial, es que él mismo lo manifestó”. Esta es la última controversia suscitada por la hundida reforma a la justicia.

El demandante Saúl Villar se mostró preocupado por el salvamento de voto de la magistrada, ya que consideró grave que un magistrado se hubiera apartado de sus funciones como juez para entrar a prestar sus servicios como asesor dentro del trámite del polémico proyecto. Además, manifestó que el impedimento del magistrado Fajardo era obvio, pero que toca esperar que se resuelva si los congresistas investigados incurrieron en un conflicto de intereses.

Al margen de lo que se decida en relación con los parlamentarios Alejandro Chacón, Germán Varón, Carlos Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia, Roosvelt Rodríguez, Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Morales, todo el país fue testigo de cómo, a pesar de las diferencias entre el proyecto del Congreso y las sugerencias de las altas cortes, cuando se incluyó en el articulado aumentar los períodos de los magistrados de 8 a 12 años y prolongar su edad de retiro forzoso de los 65 a los 70 años, las cortes súbitamente se subieron al bus.

Se conoció de almuerzos, desayunos y cocteles en los que congresistas, Gobierno y magistrados buscaron espacios de ‘concertación’. Dentro de las mismas cortes alguien calificó en su momento ese juego político como un pacto de favores. La Rama Judicial salió supremamente golpeada cuando trascendieron los detalles y las gabelas en favor de los magistrados. Mucho antes de todo esto y como lo reveló el portal Kienyke, el magistrado Fajardo lideró con los magistrados Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino la ampliación del período de los miembros de las altas cortes. Con todo, los excesos cometidos en la conciliación desbordaron los límites del pudor.

Hoy, un año después de este accidentado proceso, y en momentos en que las cortes están de capa caída por cruceros, permisos excesivos aunque legales, viajes y riñas internas por el control de las mayorías, el trámite de este impedimento en el Consejo de Estado vuelve a revivir los fantasmas de la reforma a la justicia.

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