Atacar la corrupción y perseguir los activos de grandes redes criminales en el exterior son unas de las principales preocupaciones del Ministerio de Justicia, que conoce las falencias y dificultades de las autoridades colombianas en el tema. A su vez, la falta de articulación entre las entidades encargadas de buscar y recuperar estos bienes, la falta de conocimiento y capacitación, y la poca voluntad política son otros problemas que se suman. El Ministerio dio los primeros pasos para solucionar el problema al crear la Unidad Anticorrupción y establecer alianzas de cooperación con autoridades de Estado Unidos expertas en el tema.
El viceministro de Justicia, Carlos Medina, hizo los primeros acercamientos en Estados Unidos en diciembre del año pasado. Se reunió en Washington con el zar antidrogas, Michael Botticelli, y con la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) –esta era la entidad que patrocinaba la aspersión aérea en Colombia–. El viceministro Medina les explicó que la nueva estrategia del Gobierno colombiano es atacar la corrupción, especialmente en la administración pública, como clave en la política criminal, porque en Colombia el lavado de activos siempre ha estado ligado a temas de narcotráfico, olvidando su vínculo con otra clase de sucesos.
“El delito de lavado de activos siempre se ha abordado desde la perspectiva del narcotráfico. Nuestra intención, desde el punto de vista de política criminal, es comprender que todos los delitos son susceptibles del lavado de activos”, explicó el viceministro Medina. Un ejemplo de esta situación se evidenció en el caso del carrusel de Bogotá y los primos Nule, quienes lograron desfalcar al Distrito y esconder el dinero público en distintos países tras comprar lujosos bienes. El objetivo es evitar que estos casos se repitan y que los ojos de las autoridades estén puestos en casos que no estén únicamente relacionados con el narcotráfico.
El viceministro Medina agregó que las alianzas que puedan llegarse a dar con autoridades norteamericanas se centrarán en la canalización de recursos y en establecer sistemas de cooperación para fortalecer la capacidad técnica en el rastreo de bienes en el exterior que puedan llegar a tener la Fiscalía, la Contraloría, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Policía y la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Justicia –conformada por cuatro técnicos que buscan abordar la corrupción como una política criminal, sustentada en el análisis técnico–.
Según el Ministerio de Justicia, los norteamericanos le dijeron que sí al proyecto y ya se está tramitando la iniciativa. Tanto así, que se realizó una reunión en Colombia con las cabezas de la INL, que puede ser la encargada de canalizar recursos de cooperación internacional. Además, el Ministerio se reunió informalmente con la Fiscalía y la Contraloría. Sin embargo, aún no ha hecho público el tema porque, si bien la gestión va muy adelantada, se espera que los recursos para hacer la convocatoria estén asegurados.
La Contraloría aseguró que además de la cooperación de Estados Unidos, es “importante la cooperación sur-sur, entre países con ordenamientos jurídicos similares a los nuestros y con un camino ya recorrido en el tema. Como el caso de Brasil, que tiene la recuperación de activos a nivel internacional vía administrativa y que ha tenido éxito en casos de gran impacto de corrupción a nivel internacional”, dijo el contralor Edgardo Maya Villazón.
Por su parte, la UIAF precisó que no tiene competencia para celebrar acuerdos y tratados internacionales para la repatriación de activos en el exterior y que eso le corresponde a la Contraloría. Sin embargo, sostuvo que forma parte del Grupo Egmont, que reúne de 151 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y con las que está en un intercambio constante de información. Además, explicó que el pasado 5 de febrero el Gobierno creó el Comité de Coordinación contra la Corrupción (C4), para la defensa de los recursos públicos, en el que está junto a la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Entre los objetivos del comité está analizar información sobre los manejos indebidos de los recursos públicos, adelantar investigaciones sobre actos de corrupción, prevenir cualquier actividad que pueda facilitar el desvío de recursos públicos e identificar los mecanismos que se están utilizando para dar apariencia de legalidad a dineros conseguidos ilícitamente para generar alertas tempranas.
La directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, explicó que con EE. UU. se ha venido realizando un trabajo de cooperación bajo el marco de distintos convenios internacionales, como el de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Sostuvo que ya se han logrado identificar y ubicar varios bienes de investigaciones que no están relacionadas con el narcotráfico, y que el problema se ha centrado en hacer efectiva la recuperación de los bienes, porque no existe un convenio bilateral entre Colombia y EE. UU. en ese tema.
De hecho, la Fiscalía precisó que, a pesar que el trabajo con Estados Unidos ha sido efectivo, se ha demorado más de dos años en la recuperación de algunos bienes por no tener un convenio. Además, que la falta de voluntad política del Ministerio de Hacienda es lo que ha retrasado la formalización de la cooperación. Dice que a pesar del interés del Ministerio de Justicia y de EE. UU., el Ministerio de Hacienda aún continúa haciendo el estudio de las posibilidades y consecuencias de suscribir un acuerdo de compartición de bienes que agilizaría todos los procesos.
La Contraloría explicó que para la persecución de bienes en el exterior firmó un convenio de asistencia técnica con el Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea (Suiza), uno de los organismos con más experiencia en el tema, y que mantiene estrecha cooperación con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (STAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) –estas dos últimas han capacitado a funcionarios de la Contraloría–.
También la Contraloría advirtió que, si bien no ha sido una tarea fácil, creó “la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, que asesora las actividades procesales a nivel internacional, incluidas el rastreo, la identificación, las medidas cautelares y la recuperación de bienes producto de la corrupción a nivel internacional”. Asimismo, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, normatividad por la cual se rige la Unidad, “exige nuevos métodos investigativos y un trabajo articulado entre las entidades competentes colombianas. Esta es la mayor preocupación y a la vez un reto para los organismos competentes”.
Para el organismo de control, el problema radica en que las autoridades como la Fiscalía, la UIAF, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Contraloría no realizan un trabajo articulado. Sin embargo, el Ministerio de Justicia piensa diferente, porque supone que si las autoridades no trabajan en conjunto es más seguro evitar que se corrompa a todos los que investigan el caso. Por ejemplo, si se llega a corromper a un fiscal, la Contraloría puede entrar a actuar.
El objetivo del Ministerio de Justicia es lograr ampliar el espectro de investigación en temas de lavado de activos, porque otros delitos, como la corrupción, mueven grandes cantidades de dinero que muchas veces no se persiguen. A su argumento se suma la Contraloría: “La principal falencia es que las investigaciones que realizan los organismos de control no están enfocadas en rastrear los bienes producto de la corrupción a nivel internacional”.
Además, hay otro apuro detrás de esta discusión: evitar que la corrupción en los territorios se convierta en un obstáculo para la paz. Fuentes que conocen la idea de este proyecto indicaron que el trasfondo también es la persecución de bienes y cuentas de las Farc en el exterior, pues hasta el momento no hay información.
Para el Ministerio de Justicia, lograr que el país quede capacitado al punto que se puedan investigar casos de corrupción de la magnitud de lo que hizo el FBI con la FIFA es el propósito. Pero para eso la Contraloría insiste que para tener tal capacidad de rastrear y recuperar bienes en el extranjero se necesita, más allá de la cooperación internacional, voluntad política.