En el limbo Zona de Reserva Campesina del Catatumbo

Por considerar que podrían violarse los derechos de la comunidad indígena que reside en la zona, como medida cautelar el alto tribunal frenó en seco este ambicioso proyecto del Gobierno.

El 16 de diciembre de 2014, en un auto de seis páginas, la Corte Constitucional profirió una decisión que pasó de agache en medio del agite navideño y el paro judicial: suspendió la aprobación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, un proyecto neurálgico en la ecuación de la paz y el posconflicto que tendrá incidencia en los diálogos de paz con las Farc en Cuba. ¿La razón?: Proteger los derechos fundamentales al territorio, consulta previa, debido proceso y diversidad cultural del pueblo indígena motilón barí, asentado en esa región desde hace un siglo.

La historia es así: tras la aprobación, en marzo de 2014, de este proyecto, autoridades indígenas instauraron una tutela en la que aseguraron que la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo comprende resguardos históricos de los motilones barí que no han sido titulados por el Estado, que además no se cumplió con el requisito de la consulta previa para desarrollar un proyecto de semejante envergadura y que el Gobierno, para saltarse ese proceso, sostuvo mentirosamente que en las 175 mil hectáreas de la Zona de Reserva no hay indígenas ni traslapes con sus territorios.

Por eso pidieron suspender ese proceso. Debido a la controversia, en el mismo mes de marzo del año pasado el Incoder suspendió el proyecto de creación de la zona del Catatumbo, hasta tanto las autoridades judiciales fallaran de fondo. En primera y segunda instancias la tutela fue desfavorable a los intereses de este pueblo indígena. Pero fue seleccionada por la Corte Constitucional, que adoptó como medida provisional la suspensión del proyecto del Catatumbo. Además, la Corte le solicitó al Incoder un detallado informe sobre el trámite que desde 2005 viene adelantando el pueblo motilón barí para la “ampliación, saneamiento y delimitación” de su territorio. Mientras el alto tribunal resuelve de fondo esta tutela, la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo seguirá en el limbo. Tal como lo reveló este diario hace once meses, justamente por interpretar que en medio siglo de guerra esta región terminó atravesada por las violencias cruzadas de guerrillas, paramilitares y narcotráfico, el gobierno Santos promovió la constitución de este proyecto con tres objetivos precisos: redistribuir la tenencia de la tierra, regularizar los procesos de colonización campesina y superar las causas del conflicto con programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Para lograrlo, el Incoder elaboró un documento final en 2014 en el que consignó que esta Zona de Reserva, que corregirá “los fenómenos de concentración de la propiedad, el acaparamiento de tierras rurales o cualquier forma de inequitativa composición del dominio”, atravesaría los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú. Un total de 175 mil hectáreas en las que se implementaría un modelo de redistribución agraria para desterrar el tráfico de estupefacientes y dinamizar los procesos económicos y de autodeterminación de los campesinos. Una iniciativa que pretende reducir la atroz estadística según la cual siete de cada 10 habitantes del Catatumbo presentan índices de necesidades básicas insatisfechas.

En 2014 el Incoder estableció que hay por lo menos 54 mil hectáreas en conflicto con respecto a explotaciones mineras, que el 40% de las personas que residen en la región carecen de títulos de propiedad y que una Zona de Reserva Campesina, tal como lo consagra la Ley de Tierras de 1994, constituye un proyecto ideal para transformar la conflictiva región del Catatumbo. Un territorio convertido en botín de guerra de los violentos desde hace 40 años, en el que se perpetraron entre 1999 y 2004 —tan solo por tomar un lapso particular— 10 mil asesinatos, 200 masacres y más de 800 desapariciones forzadas. Y, como si fuera poco, 130 mil personas resultaron desplazadas.

No obstante, el proyecto resultó frenado porque los indígenas de la zona reclamaron la ampliación de sus resguardos Catalaura y Motilón Barí. Un conflicto social no resuelto que ahora tiene incidencias ya no solo en Colombia, sino en los mismísimos diálogos de paz con las Farc en Cuba. Es claro que el modelo Catatumbo será clave en el ajedrez del posconflicto. La Corte Constitucional deberá ponerle punto final a esta discusión, que lleva casi un año en puntos suspensivos. Entretanto, los indígenas reivindican sus territorios ancestrales, la Asociación Campesina del Catatumbo insiste en que la Zona de Reserva se constituya cuanto antes y, en la trasescena, el Incoder aguarda.

 

 

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