El magistrado al que no le alcanzan $21 millones mensuales

El magistrado Fernando García Muñoz, en un evento social. / Cortesía “El País” de Cali.

Al magistrado del Tribunal Administrativo del Valle Fernando Augusto García no le alcanzan más de $21 millones mensuales de salario para pagar sus deudas. Hoy tiene obligaciones financieras por más de $916 millones con distintas entidades crediticias, incluido el municipio de Cali, y un proceso de liquidación patrimonial en un juzgado civil. Lo increíble de esta historia fue la fórmula de pago que propuso a sus acreedores en agosto pasado: un plazo de 25 años para cancelar la totalidad de deudas y una tasa de interés del 1% anual.

Aún más exóticas resultaron las explicaciones por sus números en rojo. En un documento enviado al Centro de Conciliación Paz Pacífico, el magistrado y su abogado resumieron así su caso: “La situación descrita obedece a distintos factores, entre ellos a situaciones familiares calamitosas, a un inadecuado manejo de sus niveles de endeudamiento producto del permanente ofrecimiento de cupos de crédito por parte de las entidades financieras que lo hicieron caer en la fácil tentación de disponer de flujos de efectivo, para luego utilizar tales recursos como libre inversión, sin medir las consecuencias del desmesurado incremento de sus obligaciones crediticias”.

En palabras castizas, para el magistrado de 52 años la culpa es de la banca, no de él —¡faltaba más!—, por haberle otorgado tantas facilidades y cupos excesivos en sus tarjetas de crédito y sobregiros bancarios. En ese contexto difícil, el magistrado García inició el trámite de un proceso de negociación de deudas en agosto de 2015. Y ante el Centro de Conciliación Paz Pacífico señaló, en documentos conocidos por El Espectador, que para tratar de solucionar dichas acreencias incurrió “erróneamente en el pago de créditos con otros créditos”.

Incluso manifestó que para permanecer al día con sus deudas se vio obligado a vender el único vehículo que tenía, una camioneta marca KIA, modelo 2007, por un valor de $15 millones. Al mismo tiempo certificó que lleva 13 años como magistrado del Tribunal del Valle y que “en forma intachable ha cumplido todos los compromisos adquiridos durante este tiempo”. Seguidamente detalló sus bienes: una cuenta de ahorros del Banco Falabella, aportes a Coomeva y a la cooperativa Juriscoop, y una casa en un tradicional sector de Cali, que tiene una hipoteca del 50% a favor del Fondo Nacional del Ahorro.

A renglón seguido, reza el documento, advirtió que como magistrado devenga un salario mensual de $21’.299.548, pero que dependen de él su esposa, dos hijas, su mamá de 78 años y una nieta. Según el jurista, con estas obligaciones, así como los gastos personales de cada mes, los aportes a medicina prepagada, lo que le quitan por retención en la fuente y el pago de una empleada doméstica le cuestan mensualmente más de $17 millones. De acuerdo con sus cuentas, restando ese dinero, tan sólo le quedan cada mes $3’668.548 para pagar los $916 millones que adeuda.

Por eso pidió un acuerdo de pagos con sus acreedores. La lista es larga: el municipio de Santiago de Cali, la Financiera Juriscoop, la Cooperativa Juriscoop, los bancos Avvillas, Sudameris, BBVA, Corbanca, Bogotá, Pichincha, de Occidente, Falabella y la empresa Giros y Finanzas. Todos rehusaron la propuesta del magistrado Fernando García de cancelar sus obligaciones en 25 años.

Después de un intento de conciliación fallido, el jurista lanzó una nueva oferta el 5 de noviembre pasado: seis meses de gracia y un plazo de 19 años para saldar sus cuentas con la banca. Ninguna entidad aceptó. El conciliador Jairo Infante Sepúlveda procedió a enviar el caso a un juez civil de Cali para que empezara la respectiva liquidación patrimonial del veterano magistrado. Todo este expediente fue conocido por El Espectador. En éste figuran los cupos de endeudamiento del magistrado, sus movimientos financieros y pagos atrasados, así como los intereses que vienen aumentando por la cesación de pagos.

Este diario se comunicó con Augusto Posada, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, una de las entidades afectadas por la insolvencia del magistrado. Sin rodeos sobre el caso, Posada declaró: “Nadie está libre de caer en desgracia por no poder pagar sus pasivos o de sufrir algunas dificultades que lleven a que su situación sea penosa. Pero para mí es muy triste que una persona con unos ingresos tan altos, que además es administrador de justicia, utilice argucias para evadir las obligaciones adquiridas con la institución. Los recursos del Fondo no son del Estado, son los ahorros de los trabajadores más humildes. Con un dato más: el 94% de los afiliados ganan entre 1 y 4 salarios mínimos”.

(En esa perspectiva comparativa habría que decir que el magistrado Fernando Augusto García —quien ha aspirado en más de cinco ocasiones al Consejo de Estado— gana mensualmente 31 salarios mínimos mensuales legales vigentes). Posada añadió: “Yo no encuentro explicación a este episodio. El Fondo acudirá a todos los instrumentos legales para recuperar ese capital que hoy se encuentra con un alto riesgo de perderse. Las ofertas (del magistrado) para cubrir la deuda no tienen presentación. Haremos lo posible para recuperar este dinero. Entre más alto el cargo, mayor la obligación de cumplir con la obligación adquirida”.

Felipe Rincón, abogado del Fondo Nacional del Ahorro, fue más vehemente aún: “Para mí la posición del magistrado es muy descarada en la medida en que su salario es de más de $21 millones, un dinero que le permite perfectamente hacer una proyección de sus gastos de manera reposada. Es absolutamente inaceptable que un administrador de justicia argumente que está en una situación de insolvencia porque la banca le ha ofrecido créditos de fácil adquisición. Eso significa que este señor debería ser declarado incapaz de manejar su patrimonio. Y, con mayor razón, incapaz de administrar justicia”.

“Los argumentos que expuso este magistrado son francamente ridículos, pues fue irresponsable al endeudarse y nadie puede alegar su propia culpa. Además, propuso una fórmula de arreglo que no creo que él aceptaría si él fuera el acreedor. O si a él como juez le pidieran que avalara una conciliación en esos términos”, le dijo a este diario uno de los más prestigiosos juristas de este país que, sin embargo, pidió no ser citado. El Espectador se contactó el viernes pasado con el magistrado Fernando Augusto García. Su respuesta fue escueta: dijo no autorizar la publicación de su nombre en este artículo y anunció acciones legales porque, según él, la publicación de esta historia vulnera su derecho a la intimidad y al buen nombre.

jlaverde@elespectador.com