El "matoneo" al magistrado Pretelt

El expresidente de la Corte Constitucional argumentó ante la CIDH que las Farc lo han calificado públicamente de “corrupto”, lo que pone en riesgo su integridad personal y la de su familia.

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento de 38 páginas en el que solicita se le otorguen medidas cautelares dirigidas a la protección de sus derechos fundamentales, al debido proceso y a la defensa en el marco de la investigación que se le adelanta por presuntamente haber solicitado 500 millones de pesos para beneficiar el trámite de selección de una acción de tutela.

En el extenso documento, el expresidente del alto tribunal le explica al organismo de seguridad su situación personal y profesional, asegurando que ministros y el fiscal General de la Nación lo han prejuzgado. Para Pretelt Chaljub, desde que se radicó esta denuncia en su contra se han presentado amenazas de índole personal contra su integridad y la de su familia por lo que pide que se le brinde protección.

En este sentido aseguró que los ministros de Presidencia, el Interior y Justicia han hecho señalamientos en su contra desde que se radicó la denuncia en su contra ante la Comisión de Acusación. Por esto indicó que estás presiones para que renuncie a su cargo, vulnerando así el debido proceso y a la defensa en la investigación que se le adelanta por supuestamente solicitar 500 millones de pesos a cambio de favorecer el trámite de una acción de tutela.

“El 21 de marzo de 2015, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se refirieron a los hechos y pidieron airadamente mi renuncia, calificándome de corrupto lo cual me coloca a mí y a mi familia como un objetivo militar de este grupo. Con un altísimo riesgo de que se atente contra nuestra vida o nuestra libertad”, aseguró.

El jabón y el desinfectante

En la página 16 de la solicitud, el magistrado Pretelt explica la persecución que se ha emprendido en su contra, sus familiares y los miembros del equipo de trabajo de su despacho en la Corte Constitucional. “Han sido objeto de ofensas y agravios”. En este sentido citó un hecho registrado el 8 de marzo pasado cuando “alguna persona en la Corte Constitucional colocó un desinfectante en la oficina de los judiciales de mi despacho junto con una nota que señalaba textualmente ‘ahí tienen para que se limpien la mierda de trabajar en ese despacho’”.

Para Pretelt esta situación es “completamente aberrante y demuestra el pésimo ambiente que se tiene en este momento al interior de la Corte”. En la petición radicada ante la CIDH se citan otros episodios en los que se busca inferir que tanto él, como sus familiares, han sido víctimas de insultos, maltratos, amenazas y exclusión "en una serie de circulos sociales y laborales".

"La insistencia parta obtener mi renuncia al cargo de Magistrado de la Corte Constitucional se fundamenta en mi cercanía política con el ideario conservador, en mi defensa del derecho a la justicia de las víctimas de crímenes atroces y en mi amistad con las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez". Mediante las redes sociales sus hijos han recibido insultos y amenazas, por lo que se indica que de todos los frentes han sido víctimas de una especie de matoneo. 

"Mi carrera de más de 32 años como profesor universitario, abogado, funcionario público y Magistrado, sin ninguna tacha, condena o sanción, ha quedado totalmente mancillada por las afirmaciones diarias, de distintos agentes del Estado que sin mesura alguna, me califican de corrupto", expresó el expresidente de la Corte Constitucional quien pide que se le respeten sus derechos para demostrar su inocencia ante su juez natural.

El proceso de paz

Aseguró que como ponente de la demanda presentada contra el acto legislativo 01 de 2012, conocido como el marco jurídico para la paz, el fiscal General, Eduardo Montealegre se reunió con él en diferentes oportunidades en su apartamento. En dichos encuentros, le manifestó su interés para que se permitiera la “exención de penas privativas de la libertad” a los máximos responsables de este tipo de crímenes. Petición que fue rechazada en la ponencia que fue avalada en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

“Mi posición sigue y seguirá siendo la de respetar los compromisos internacionales en la lucha contra la impunidad a pesar de la fuerte presión del Gobierno y del Fiscal, que han manifestado en diversas ocasiones que la imposición de penas privativas de la libertad para los máximos responsables es un obstáculo infranqueable para el proceso de paz, bandera del Gobierno”, precisa uno de los apartes de la solicitud.

En este punto aseguró que tanto el Gobierno como el Fiscal General tienen un interés en que los máximos comandantes de las Farc no reciban una pena privativa de la libertad, lo que –según Pretelt- representa un desmedro de los derechos de las víctimas y los estándares internacionales en la materia.