“El nivel de innovación del trabajo de la firma Springer será revolucionario”: fiscal Montealegre

El alto funcionario explica por qué el trabajo de la firma de Natalia Springer se mantiene bajo reserva y da una pista sobre qué se ha hecho a través de esos contratos.

 

En palabras del fiscal Eduardo Montealegre, en la Fiscalía no hay nadie con la formación ni con la experiencia para hacer el trabajo que ha venido haciendo la firma Springer Von Schwarzenberg, la cual ha suscrito tres contratos directos con la Fiscalía entre 2013 y 2015 por $4.265 millones. Ese trabajo, según respuesta del fiscal a un cuestionario enviado por este diario, ha sido esencial para avanzar en las imputaciones contra las Farc, y será en juicio, señaló, que se conozca finalmente lo que la firma ha hecho. Montealegre afirma, además, que hoy por primera la Fiscalía tiene elementos para mostrar que la violencia de las Farc “constituyeron políticas de ataque sistemático contra la población civil en todo el territorio”.

¿Cuál ha sido el aporte de la firma de Natalia Springer para la Fiscalía?

En el nuevo modelo de investigación de la Fiscalía, que es a partir de la identificación de patrones delictivos, la asesoría que nos presta la firma Springer Von Schwarzenberg ha sido primordial. Se trata de un grupo de expertos que mediante herramientas de estadística, economía, matemática, ingeniería y georeferenciación de datos de última generación, nos ayuda a identificar elementos nucleares de los crímenes internacionales: la sistematicidad, la amplitud, la proporcionalidad de un ataque, la extensión y gravedad del daño causado, las líneas de mando dentro de la organización, los patrones de victimización. Todo ello resulta vital para las imputaciones que estamos construyendo contra los máximos responsables del conflicto armado colombiano. De ahí la sensibilidad en el manejo de esta información.

¿Por qué hacer ese tipo de contratos de tanto dinero cuando usted mismo creó la Dirección de Análisis y Contexto (Dinac), estimada por usted inicialmente en $100.000 millones?

El dilema al que nos enfrentamos era si valía la pena que la Fiscalía arrancara prácticamente de cero en la ejecución de unas tareas especialísimas de recolección, sistematización y análisis cuantitativo y cualitativo de datos criminales, o si era más conveniente contratar a un equipo externo que sabe cómo hacerlo. Tomar la primera opción implicaba unos costos enormes, sobre todo en términos de tiempo. Hemos usado la facultad de contratar expertos en diversas materias encontrando un balance entre la urgencia de hacer justicia y las limitaciones materiales. Le aclaro, sin embargo, que el trabajo que han adelantado los contratistas no es independiente de las labores de la Dinac o de otras direcciones de la fiscalía. Hay un diálogo permanente. La experiencia ha sido muy satisfactoria.

¿Por qué la Fiscalía le entregó a El Espectador información de los demás contratos que pedimos y solo negó la información referente a los de Natalia Springer?

La negativa en el caso al que usted alude se justifica en tanto que los análisis entregados por la firma están siendo actualmente empleados como soportes fácticos en la investigación de crímenes internacionales contra los cabecillas de las Farc. De haber accedido a la solicitud, corríamos un serio riesgo de develar nuestras estrategias procesales y echar por la borda los esfuerzos investigativos de largos meses de trabajo. Por tanto, consideramos que era necesario imponer el velo de reserva sobre esos productos.

¿No cree que tanta secrecía no le hace bien ni a la Fiscalía ni a la firma de Springer?

Yo soy un convencido de que en Colombia debe imperar el principio de máxima divulgación de la información pública, pues constituye una herramienta eficaz para prevenir la arbitrariedad. Sin embargo, la garantía de acceso a la información pública es posible ponderarla cuando de por medio está la satisfacción de otros intereses públicos como la correcta administración de justicia y la eficacia de la persecución e investigación de las conductas delictivas. La secrecía, como usted la llama, no es tal. La reserva de los elementos materiales probatorios dentro de la investigación penal, es una facultad que tiene la Fiscalía, precisamente para lograr resultados.

¿Es verdad que Natalia Springer le pidió que levantara la reserva sobre la información?

Según entiendo, la doctora Springer y su equipo reconocen que los materiales desarrollados en el marco de su asesoría a la Fiscalía deben tener un alcance reservado. De cualquier forma, el velo de reserva frente a un documento lo determina su naturaleza y contenido. Los contratos tienen cláusulas de confidencialidad y será decisión del despacho establecer en qué momento, dentro de las investigaciones, es prudente hacer públicos estos documentos.

Natalia Springer anunció en su última columna en “El Tiempo” que habían desencriptado “una base de datos y así supimos con certeza cuántos niños habían sido reclutados”. ¿Las Farc tenían una única base de datos con esa información? ¿De dónde salió esa base, a qué período corresponde y cuál es la cifra total?

No se trató de una base de datos única. Después de desencriptar algunos computadores, encontramos que los frentes tienen un manejo muy preciso de la información de los combatientes: cómo fueron reclutados, cómo y quién los entrenó, cuáles son sus funciones, y encontramos, por ejemplo, que dentro de estas bases de datos –que sorprenden por su sofisticación y estructura–, tenían una categoría específica de identificación que establecía si fue reclutado siendo menor de edad. La información compilada da cuenta de la actividad de reclutamiento desde 1990, y gracias a esto descubrimos que un poco más de 27.000 personas fueron reclutadas cuando aún no habían cumplido la mayoría de edad.

¿Por qué Natalia Springer, en esa misma columna, afirmó que “ahora conocemos mejor la relación entre los campos minados y los cultivos ilícitos”, si su contrato de 2013 con la Fiscalía no tenía que ver con esos temas?

Está usted tocando un caso que bien ilustra la complejidad de la tarea que se ha asumido. El contrato sí tuvo que entrar a analizar la relación entre los cultivos ilícitos y la siembra de minas antipersona mientras estudiaba la gravedad y extensión de los ataques a la población Awá en los departamentos del Putumayo y Nariño. Al analizar los datos se encontró que la localización de los campos minados los ha obligado a confinarse y cómo este confinamiento causado por las minas ha ido produciendo el exterminio de este pueblo indígena.

¿Qué impacto ha tenido en La Habana el anuncio de imputar a las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad?

De verdad que lo desconozco. La Fiscalía no hace parte de la mesa de negociaciones. Aunque apoyamos decididamente este proceso, nuestro deber constitucional de llevar a juicio a los máximos responsables de la guerra no puede supeditarse a cómo reciban los implicados el sentido de nuestras decisiones. Lo que sí puedo decirle es que las imputaciones que alista la Fiscalía en materia de crímenes de guerra tienen una construcción jurídica y probatoria muy seria. Frente a eventuales imputaciones de crímenes de lesa humanidad por las que usted pregunta, le digo que hemos avanzado de forma importante. Pero para hacerlo, hemos sido muy cuidadosos porque la adecuada aplicación de la categoría de lesa humanidad tiene varias complejidades en Colombia, y queremos ser muy cautelosos y muy serios para no vulnerar el principio de legalidad. Los argumentos deben ser sólidos y presentarse con la certeza de que no se rebatirán. Y esto nos exige certeza en las calificaciones que realicemos.

¿Cuándo se harán públicas las investigaciones de la firma Springer, teniendo en cuenta sobre todo que la Fiscalía hizo un contrato para ese fin específico?

Los juicios por crímenes internacionales contra los cabecillas de las Farc serán el escenario natural para descubrir los hallazgos de la Fiscalía, sustentados en parte en esos productos contractuales. Será ese el momento en que el país podrá comprender las razones de nuestro especial recelo para mantener bajo reserva estos documentos.

¿Algo más que quisiera agregar sobre este tema, fiscal?

Quisiera recordarle que la doctora Springer no está contratada como persona natural, ni en calidad de periodista, sino que ha sido vinculada como asesora por sus calidades como investigadora. Es una mujer muy valiente, que no ha dudado en asumir un trabajo muy pesado y doloroso a un elevado costo personal. Hoy no tenemos en la Fiscalía General de la Nación las calificaciones para hacer el trabajo que ellos desarrollan. El nivel de innovación de este trabajo será sin duda revolucionario por los hallazgos encontrados a partir de esos cruces, y no me refiero solamente a la identificación de patrones de criminalidad, sino el esclarecimiento de crímenes tan dolorosos como la desaparición forzada. Tanto ella como el equipo que desarrolla las herramientas de análisis cuantitativo tienen una experiencia internacional que verdaderamente impresiona.

El reto más grande que hemos tomado, es esa dolorosa tarea de empezar a entender qué pasó y cómo pasó. Pero claro, estamos hablando de más de cinco décadas de violencia y cientos de miles de hechos criminales en todo el territorio nacional. Esa, que es la materialización del derecho y el deber de investigar los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto en Colombia, ha terminado siendo una tarea de proporciones que desconocíamos al iniciar este trabajo. El sufrimiento y la atrocidad que hemos padecido alcanzan unas dimensiones que ignorábamos y tenemos certeza de que el subregistro de hechos criminales es demasiado grande. Hemos encontrado la relación entre miles de homicidios, secuestros y ataques, y hoy por primera vez en nuestra historia, podemos decir que no se trató de hechos aislados, sino que en efecto se trató de hechos que constituyeron políticas de ataque sistemático contra la población civil en todo el territorio. Eso eleva estos crímenes a la categoría de crímenes internacionales, y su gravedad y amplitud nos obligan a proceder con urgencia y entendiendo que son sujeto de jurisdicción universal.

Mucho se habla del derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas. Pues bien, esta Fiscalía ha iniciado ese proceso de establecimiento de la verdad judicial de estos hechos y ha tomado la decisión de proceder contra los máximos responsables, esperamos que esta sea una contribución efectiva en el propósito de impedir que todo este horror vuelva a repetirse.