El nuevo capítulo de Fidupetrol

La Fiscalía anunció que al protagonista del peor escándalo en la Corte Constitucional lo procesarán por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Además, que más personas serían llamadas a responder.

Redacción Judicial
02 de junio de 2015 - 02:34 a. m.
El polémico abogado Víctor Pacheco será el primero en responder ante un juez. /“Semana”
El polémico abogado Víctor Pacheco será el primero en responder ante un juez. /“Semana”
Foto: FOTO DANIEL REINA ROMERO

El primer capítulo de la historia de Fidupetrol en los estrados judiciales está por escribirse. Víctor Pacheco, el abogado que denunció que, supuestamente, el magistrado Jorge Pretelt le había pedido un soborno a cambio de seleccionar una tutela que había interpuesto la fiduciaria con el fin de que le quitaran una multa por haberse apropiado irregularmente de dineros de regalías en Casanare, fue citado para el próximo 22 de junio a audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento.

Según el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, existen evidencias sobre el tráfico de influencias entre magistrados del alto tribunal y Pacheco, quien, al aparecer, recibió más de $100 millones por esta labor. Según explicaron fuentes cercanas al proceso, este último pago, que se hizo luego de firmar un otrosí en el contrato que tenía con Fidupetrol —justo un día antes de que la Corte Constitucional seleccionara la tutela—, era la clara evidencia de que el abogado se enriqueció ilícitamente por promover una actividad ilícita.

Es más, la Fiscalía precisó que si bien su labor se centra en investigar el actuar de los civiles implicados en este proceso, será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la que determinará si existió el pago de $500 millones al magistrado Pretelt. Según el vicefiscal Predomo, esta semana otras dos personas que pertenecían a la junta directiva de Fidupetrol, al ser los máximos accionistas, deberán explicar en interrogatorio cuál fue su participación.

Se trata de Hélbert Otero, propietario del 50% de Fidupetrol, y su ficha y socio principal, Eduardo de Praga Benavides. Del primero ya se conoce que es un experimentado hombre del sector financiero que ha sido salpicado en los más recientes escándalos de descalabros bursátiles en el país: Interbolsa, Fondo Premium y Proyectar Valores. Asimismo, Otero ha sido denunciado por entidades bancarias y ha sostenido negocios con Juan Carlos Ortiz y la familia Torres Cortés —ambos envueltos en líos jurídicos—, comprado acciones en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y propietario de la firma Tecfin.

Es decir, una especie de Midas que tiene gran variedad de relaciones y tentáculos en el mercado de valores, pero que durante los últimos tres meses resultó ser un factor común entre todos los escenarios de las crisis financieras más notorias de los últimos años. “Sé que aparezco en todos esos negocios como si fuera un factor común. Pero la verdad es que soy muy de malas”, le dijo hace unas semanas Otero a este diario. El próximo viernes 5 de junio el empresario tendrá que rendir su interrogatorio.

En cuanto a Eduardo de Praga Benavides, las autoridades rastrean su participación en distintos negocios. No sólo en los que fue socio de Otero —como en Proyectar Valores y la BCM—, sino en los relacionados con la adquisición de bienes de narcotraficantes que fueron decomisados y administrados por la extinta y polémica Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Tanto así, que un investigador reveló que este hombre será llamado a imputación de cargos por las irregularidades que, al parecer, se presentaron en la DNE durante la administración de Carlos Albornoz.

De Praga Benavides está siendo investigado por la compra de una finca de más de 2.000 hectáreas llamada Jesús del Río, ubicada en Zambrano (Bolívar) y que le había sido arrebatada por la DNE al capo Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Micky. Este predio ha estado vinculado a una serie de irregularidades. Según las autoridades, a pesar de que la DNE se lo había arrebatado a un narcotraficante, no podía venderlo porque sobre el inmueble existía una medida cautelar que prohibía su venta por, supuestamente, ser un terreno de propiedad de campesinos desplazados.

Al parecer, luego de que Albornoz asumió la dirección de la DNE, vio que la compra de este predio resultaba ser muy rentable no sólo porque tenía grandes extensiones para criar ganado, sino también porque sus tierras eran fértiles para la producción de palma africana. Fuentes consultadas manifestaron que Albornoz buscó a su gran amigo Eduardo de Praga Benavides, a quien le propuso que creara una serie de sociedades y así lograr adquirir el inmueble.

El 18 de enero de 2005 le extinguieron la propiedad a Micky. Tras quedar en manos de la DNE, Albornoz, sin avalúos catastrales y desconociendo las prohibiciones que existían para negociar el bien, según las pesquisas, decidió venderlo por un precio menor: $1.200 millones. La firma compradora resultó ser Capital & Business, que a su vez pagó una hipoteca que existía sobre la finca en el Banco Ganadero.

Para las autoridades resultó inexplicable que luego de realizar un favorable negocio, de pagar una hipoteca y de tener un futuro asegurado con grandes ingresos, Capital & Business terminó vendiendo por los mismos $1.200 millones la finca a la sociedad Inveragricol, propiedad de De Praga Benavides y en la que Albornoz tenía intereses, ya que su esposa era una de las socias. Una prueba que ha puesto a las autoridades a indagar la verdadera relación que han tenido De Praga y el exdirector de la DNE.

Con estos nuevos coletazos, Fidupetrol se ha convertido en una caja de Pandora. Los protagonistas de esta historia han resultado salpicados en los principales escándalos financieros del país. Asimismo, puso en jaque a los magistrados de la Corte Constitucional por el supuesto lobby que abogados realizaban en sus oficinas, especialmente a Pretelt, a quien también lo señalaron de tener vínculos con los hermanos Castaño. Es decir, un caso que más allá de las implicaciones políticas ha develado los vínculos que se tejen en las altas esferas sociales del país.

El primero que tendrá que responder será Víctor Pacheco, quien dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia. Sin embargo, la Fiscalía precisó que no ha entregado información adicional a la que se escucha en la grabación que le hizo el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, por lo que su real aporte sería en relatar cómo se hicieron los supuestos pagos, quiénes intervinieron y quiénes fueron los destinatarios finales.

Por Redacción Judicial

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