El abogado Luis Guillermo Pérez, quien representa los intereses de la exsenadora Piedad Córdoba denunció la lentitud que se ha registrado en los últimos meses en las investigaciones que se adelantan por las denominadas ‘chuzadas’ del DAS.
Para el jurista, no se entiende cómo pese a la gran cantidad de elementos materiales probatorios recolectados la justicia no haya tomado decisiones de fondo en contra del exasesor presidencial, José Obdulio Gaviria; el exjefe de prensa de la Presidencia de la República, Cesar Mauricio Velásquez y el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En el caso del exmandatario, el representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo aseguró que ya ha presentado cuatro tutelas en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se realice la práctica de pruebas que se estableció en noviembre de 2012.
Con estas acciones se pide darle celeridad a las investigaciones ya que desde hace un año no se han visto mayores resultados. “Uno espera que en uno de los hechos más graves de la historia republicana del país la justicia actué con la celeridad y severidad a la que está obligada”.
El abogado señaló que existen testimonios suficientes para inferir que desde el Gobierno de Uribe Vélez se emprendió una “campaña de persecución” en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de oposición (Gustavo Petro y Piedad Córdoba), un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos.
“Cacería criminal”
El jurista aseguró además que la Fiscalía General ha incurrido en continuos errores en las investigaciones que se adelantan por esta denominada “cacería criminal” por parte del organismo de seguridad e inteligencia.
Muestra de esto es el proceso que se le siguió al exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Arangurén en el cual la representante de la Fiscalía pidió absolución. “Poco tiempo después se cambió al fiscal y se reculó la decisión. Eso es una muestra de la falta de seguimiento integral y coordinación en este caso”.
“Le hemos pedido al fiscal General (Eduardo Montelagre) que se reúna con todos los fiscales encargados de estas investigaciones y que además se entrevisten con las víctimas para verificar dónde están los problemas y cómo se pueden solventar los mismos”, precisó Pérez.
Para el abogado, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión de fondo frente a los seguimientos y campaña de desprestigio que se emprendió contra la entonces senadora Piedad Córdoba. “Una persecución que no se ha desatado en contra de ningún ser humano en la historia del país. La estigmatizaron y la convirtieron en la gran enemiga de la Nación y de los colombianos”.