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El peor de los delitos

En la Semana contra la Desaparición Forzada, el Centro de Memoria Histórica presenta cuatro informes sobre este flagelo.

Juan Sebastián Jiménez Herrera
27 de mayo de 2014 - 03:40 a. m.
El peor de los delitos

“Quizá lo peor no fueran los atentados, los tiros en la nuca, las violaciones y decapitaciones; lo peor era el olvido que empezaba casi inmediatamente después, el orden del día. Era como si ya no le importara a una población de siete mil millones, como si la especie pudiera existir realmente ya sin nombres y sólo persiguiera la mera supervivencia como especie”. Estas palabras son del escritor holandés Cees Nooteboom; no obstante, reflejan el drama de por lo menos 60 mil desaparecidos que ha habido en Colombia —según varias entidades del mismo Gobierno— y sus familiares. Una cifra superior a la de los desaparecidos en las dictaduras del cono sur.

A los desaparecidos los olvidaron las autoridades —en algunos casos por la responsabilidad de miembros del Estado en estos hechos— y una sociedad que no marcha, no protesta, no se indigna por ellos. En Colombia, a los desaparecidos los desaparecen una y mil veces. Al respecto, el Centro de Memoria Histórica (CMH) advierte que “durante décadas el horror vivido por las víctimas de desaparición forzada, sus familias, la comunidad y —en cierto modo— la sociedad, es un horror alentado por los altos índices de impunidad que no puede pasar por la historia como si nada hubiera sucedido”.

Ese olvido no hace sino agravar el dolor por cuenta del “peor de los delitos”, como lo calificó recientemente la alta consejera distrital para las víctimas, Ana Teresa Bernal. No es sólo que a uno le desaparezcan a un ser querido, es la imposibilidad de darle sepultura, de despedirlo, de saber qué ocurrió con él. Son miles de diligencias para que al final las investigaciones no lleguen a ningún lugar. Eso sin contar las exhumaciones y las amenazas recibidas en el entretanto, la tristeza que genera ver pasar huesos sin dar con los de ese ser querido. En uno de los cuatro informes presentados esta semana por el Centro de Memoria Histórica, esa entidad sostiene vehemente que: “La vida de las personas víctimas cambia drásticamente, su mundo emocional y relacional queda signado por un antes y un después de la desaparición forzada de su ser querido”.

Un ejemplo lo da el siguiente testimonio entregado por Shaira Rivera, hija del desaparecido Guillermo Rivera: “Yo siempre soñaba con la misma escena: él golpeando en la casa y yo abriendo, y él abrazándome, diciendo que lo tenían escondido en un lugar, que se había logrado escapar. Era como mi deseo de que eso pasara. Yo me levantaba llorando todos los días, es como que tengo tan marcado ese sueño, que creo que lo soñé todos los días. Se le detiene a uno la vida”. Ahora, El Espectador recuerda 10 casos emblemáticos de este flagelo.

1. El primer caso registrado

“El 9 de septiembre de 1977, en Barranquilla, Omaira Montoya Henao  y Mauricio Trujillo Uribe fueron capturados por miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec), mejor conocido bajo la sigla F2, del Departamento de Policía del Atlántico, en el marco de un operativo conjunto con la II Brigada del Ejército Nacional. Desde esa fecha, Omaira Montoya Henao está desaparecida (…) Los oficiales del Ejército y de la Policía implicados en la desaparición forzada de Omaira Montoya no sólo contaron con la impunidad con que los cobijaron la jurisdicción penal militar y la Procuraduría General de la Nación, sino que todos fueron ascendidos, incluso durante la tramitación de los procesos penal militar y disciplinario”.

2. El colectivo 82

Entre febrero y septiembre de 1982, uniformados —al parecer contratados por el narcotraficante José Jáder Álvarez— desaparecieron a 11 estudiantes de las universidades Distrital, Pedagógica y Nacional en Bogotá y dos campesinos. Se trata de Pedro P. Silva, Rafael G. Prado, Rodolfo Espitia, Gustavo Campos, Edilbrando Joya, Hernando Ospina, Francisco A. Medina, y los hermanos Bernardo y Manuel D. Acosta, Orlando y Édgar H. García, Alfredo R. y Samuel H. Sanjuán. En un primer momento, la justicia penal militar absolvió a los uniformados implicados en este hecho; no obstante, en 2011 la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir el caso. Sin embargo, los familiares de las víctimas han denunciado que este no avanza.

3. Los desaparecidos de la UP

“El 5 de septiembre de 1984, en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), los militantes del Partido Comunista y destacados líderes sociales Miguel Ángel Díaz Martínez y Faustino López Guerrero fueron capturados por varios hombres; uno de ellos era un detective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los hechos ocurrieron en la ‘Capital antisubversiva de Colombia’, como rezaba una valla a la entrada de Puerto Boyacá, municipio bajo total control paramilitar. Desde esa fecha, Miguel Ángel Díaz y Faustino López están desaparecidos (…) Hoy, sus casos hacen parte del proceso por el exterminio político de la Unión Patriótica que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

4. Contra el sindicalismo

“El 19 de noviembre de 1987, Víctor Manuel Isaza Uribe, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (Sutimac), fue desaparecido por un grupo de hombres fuertemente armados que vestían prendas militares e ingresaron a la cárcel de Puerto Nare (Antioquia), donde la víctima se hallaba privada de la libertad. Desde la fecha, Isaza Uribe se encuentra desaparecido y sus familiares no han tenido razón o información oficial alguna por parte de autoridad estatal acerca de su suerte (...) Su desaparición no fue un hecho aislado. Desde 1986, varios miembros de Sutimac fueron asesinados o desaparecidos por el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS)”.

5. Ataque a la justicia

“El 4 de julio de 1990, en el sector de Suba, en Bogotá, fue interceptado Alirio de Jesús Pedraza, abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), por varios hombres de civil  fuertemente armados. Desde esa fecha  está desaparecido. Pedraza había hecho parte del grupo de juristas que, bajo el liderazgo de José Eduardo Umaña, había redactado el primer proyecto de ley tipificando como delito la desaparición forzada. Los hechos —en los que fue desaparecido— fueron observados por dos agentes de Policía. Dos de sus captores se identificaron ante los policías como miembros de un organismo de seguridad del Estado, por lo cual los agentes permitieron pasivamente la captura del abogado”.

6. Desapareciendo a la tropa

“El 28 de diciembre de 1997, el soldado profesional del Ejército Óscar Iván Tabares Toro  desapareció en las horas de la noche en extrañas circunstancias, cuando se encontraba acampando junto con su unidad militar en la vereda Toledo del municipio de San Juanito (Meta). El Ejército ha alegado que el soldado habría desertado o se habría unido a un grupo guerrillero. Sin embargo, toda la información indica con total certeza que Óscar Iván Tabares Toro fue desaparecido y asesinado por sus superiores. Hasta la fecha de hoy sigue desaparecido (...) Según relata su madre y quienes lo conocieron en el Ejército, Óscar Iván era un soldado cumplidor de sus deberes, respetuoso con sus superiores y solidario con sus compañeros”.

7. Contra Asfaddes

“El 6 de octubre de 2000, en un céntrico lugar de Medellín, los defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín fueron interceptados por hombres fuertemente armados que se movilizaban en un automóvil y una moto. Los dos fueron esposados y obligados a subirse al vehículo automotor que partió con rumbo desconocido. Aquel día, Quintero había rendido declaración en la Fiscalía dentro del proceso penal por la desaparición forzada de varios miembros de su familia, tres de ellos desaparecidos en agosto de 2000. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín”.

8. Los desaparecidos de El Palmar

“El 27 de mayo de 2001, Jorge Luis de la Rosa Mejía, Fabio Luis Coley Coronado, Aída Cecilia Padilla Mercado y Sadith Elena Mendoza Pérez fueron desaparecidos forzadamente en San Onofre (Sucre) por paramilitares. De la Rosa y Coley Colorado eran investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que se habían desplazado a la zona en cumplimento de una comisión judicial asignada por la Fiscalía, para investigar una serie de crímenes cometidos en los departamentos de Sucre y Bolívar por paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y en particular por el jefe paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’”.

9. Pueblos de desaparecidos

Según la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en Casanare hubo 800 desapariciones entre 1986 y 2007. No obstante, un estudio hecho por la firma Benetech sostiene que esta cifra podría ascender a 2.553. De los 19 municipios de este departamento, dos han sufrido como pocos con este flagelo: Chámeza y Recetor, poblaciones que entre 2001 y 2003 fueron escenario de la cruenta guerra que libraron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las Autodefensas Campesinas de Casanare( Acc), comandadas por alias ‘Martín Llanos’, para quedarse con la región. Apenas entre enero y febrero de 2003, los ‘paras’ desaparecieron a 60 personas. Hay casos de campesinos a los que les desaparecieron 15 de sus familiares.

10. El ambientalismo en la mira

“El 17 de febrero de 2011, la activista ambientalista Sandra Viviana Cuéllar Gallego fue desaparecida en Cali (Valle). Su amigo y colega de trabajo Hildebrando Vélez fue reiteradamente amenazado y hostigado por sus labores de búsqueda de Sandra Viviana. Su desaparición pondría en evidencia las falencias de la política pública de búsqueda de desaparecidos del Estado colombiano (...) Transcurridos un año y cinco meses desde su desaparición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en su favor y en el de Hildebrando Vélez. Sandra Viviana Cuéllar sigue desaparecida y su crimen impune. La investigación penal por su desaparición permanece en fase preliminar”.

 

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

Por Juan Sebastián Jiménez Herrera

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