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Después de que el presidente Juan Manuel Santos radicara ante la Corte Constitucional un recurso de nulidad para que reevaluara su postura sobre el fuero penal militar –el cual declaró inconstitucional–, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el alto tribunal no evaluó las pruebas que, según él, confirmaban que no existió ningún vicio de simultaneidad. Asimismo, para Pinzón, la Corte cambió las reglas de juego “con las que típicamente se analiza el procedimiento de los debates parlamentarios porque de aplicarle el mismo rasero a muchas de las leyes y actos legislativos que se han aprobado recientemente, hubiesen sido también declarados inexequibles con la misma razón de forma”. Aunque esperan la respuesta de la corporación, el Gobierno ya enfila un plan B como el proyecto de ley para el Fondo de Defensa de los militares y el rediseño del Manual de Derecho Operacional de las Fuerzas Armadas.
El ministro hace referencia a que el Marco Jurídico para la Paz y otros dos actos legislativos que fueron aprobados por la Corte Constitucional recientemente, también presentaron las mismas características que el fuero penal militar. Según un cuadro comparativo presentado por el Ministerio de defensa, el Marco Legal inició –el mismo día de su aprobación por la Plenaria de la Cámara de Representantes que había sido citada a las 10:00 a.m. – el último debate en la Comisión Primera a las 10:25 a.m. Este terminó a la 1:05 p.m. mientras que la apertura de registro en Plenaria fue a las 12:55 p.m. y la apertura de sesión a la 1:34 p.m. Situación similar a lo que sucedió en el fuero, pero en esta oportunidad la Corte Constitucional ni siquiera se pronunció al respecto.
El pasado 23 de octubre cinco magistrados votaron a favor de hundir el fuero con el argumento principal de que las sesiones de la Comisión Primera y la Plenaria de la Cámara sesionaron simultáneamente el 6 de septiembre de 2012, lo cual está prohibido por la Ley 5ª de 1992. Según ellos, ese día la Plenaria citó a las 2:00 p.m. a los congresistas, sin embargo, a esa hora todavía se debatía el fuero en la Comisión primera. Para la Corte esto provocó que no se pudiera realizar un debate profundo sobre el proyecto de ley y se votó a la ligera ya que los representantes estaban con la angustia de llegar a la Plenaria, todo esto agregado al vicio de simultaneidad.
Sin embargo, en su recurso de nulidad el Gobierno hizo referencia a 11 sentencia anteriores en la que básicamente, “la corte a través de los años ha dicho que la calidad del debate no forma parte de sus facultades típicas a la hora de analizar estos temas”. Es decir, que en anteriores jurisprudencia magistrados del alto tribunal han señalado que ellos no pueden evaluar la carga argumentativa ni la calidad de un debate. Asimismo, el Ministerio de Defensa que durante en el último debate de la Comisión Primera sobre el fuero militar, se realizaron 49 intervenciones, lo que evidencia “la carga argumentativa que tuvo la discusión”.
“Los expertos jurídicos del Gobierno han concluido que existen razones para poder solicitar la nulidad. Primero se ha identificado que no ha y forma de probar que existió simultaneidad en los debates. Segundo, se ha encontrado que se facilitó la posibilidad de todos los parlamentarios que participaron lo hicieron, incluso muchos de la oposición, de manera reiterativa. Se aclara que la calidad del debate fue amplia y democrática (…) Este fue uno de los debates que no sólo más horas duro, sino que está estrictamente analizado”, puntualizó el ministro Pinzón. De esta forma, el Gobierno ha dicho que espera una pronta respuesta de la Corte Constitucional, que a pesar de que no ha dado a conocer el fallo completo, ya reveló los principales argumentos de su decisión.
Por ahora este es el único recurso que le queda al Gobierno para rescatar del naufragio al Fuero Penal Militar. Sin embargo, ya enfiló baterías con soluciones a corto plazo como la radicación de un proyecto que busca la creación de Fondo de Defensa para los militares que se han visto involucrados en irregulares procedimientos. Igualmente indicó que en la propuesta se incluyó la conformación de un comité que evaluara los casos que sí podrán obtener este beneficio, ya que la mayoría de los soldados cuando quedan presos se les retiene el 50% de sus salarios y no pueden contratar un abogado de calidad para su defensa. Pinzón fue enfático en señalar que también existen una serie de conductas que impedirían a un solado o policía acceder al servicio.
Entre los delitos que no serían defendidos por abogados pagados con recursos de fondo están: violaciones; hechos de corrupción; robos de municiones y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas; actos administrativos al interior de las instituciones como desfalcos; y las conductas privadas, como por ejemplo, un uniformado que se encuentre fuera de servicio se emborracha una noche, coge un carro o dispara contra un civil. Otra de las determinaciones para afrontar la “desprotección de la Fuerza Pública” será el rediseño del Manual de Derecho Operacional, que establece las directrices del actuar militar.
El último escape que ve visible el Gobierno es que, de salir negativa la respuesta al incidente de nulidad, se deberá volver a presentar una reforma penal militar. Sin embargo, este año ya no se podría presentar por los tiempos y debates requeridos para aprobar una ley de estas características, por lo que, esta idea quedaría guardada hasta el próximo año.