Como un portazo sonaron las palabras del fiscal Eduardo Montealegre al decir que “a partir de este momento queda cerrada cualquier posibilidad de negociación” entre la Fiscalía y el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, investigado por su presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. “No puede contemplarse la idea de otorgar beneficios jurídicos a una persona que obstruye el buen curso de la administración de justicia”, dijo el jefe del ente investigador, en referencia a un supuesto soborno con el que Cruz, según la Fiscalía, pretendía torpedear las investigaciones en su contra.
La Fiscalía estableció que Cruz “habría pagado la suma de $2 mil millones al procurador Hernán Jovel Muñoz para que, por intermedio de otro particular, se lograra que fiscales y directivos de la Fiscalía favorecieran las investigaciones que cursan en su contra por su participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Se trató de un absurdo episodio de falsos intermediarios, que habrían llegado a acuerdos delictivos con el exgobernador Cruz, sabiendo de antemano la transparencia de esta administración”.
Esta fue, para la Fiscalía, la gota que rebosó la copa y que la llevó a cerrarle las puertas a una negociación de la que se venía hablando desde antes de que el exgobernador renunciara a su cargo. “Que les quede claro a los corruptos de este país que quieren afectar la administración de justicia, que con esta Fiscalía no lo van a lograr”, sostuvo Montealegre. Cruz y Muñoz fueron detenidos y citados a imputación de cargos. Igualmente, el ente investigador anunció que le imputará cargos a la esposa de Cruz, Luz Zoraida Rozo, por su presunta participación en este bochornoso caso de soborno.
De la misma forma, el ente investigador anunció una serie de allanamientos e incautaciones de bienes obtenidos, supuestamente, con dineros de este soborno. Tras la detención de Muñoz, la Procuraduría anunció su suspensión del cargo una vez fuera dictada la medida de aseguramiento en su contra. Asimismo, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, ordenó “iniciar de manera inmediata las investigaciones disciplinarias (...) La Procuraduría no ha tolerado, ni tolera ni tolerará la corrupción en ninguna Entidad del Estado y menos dentro del Ministerio Público”.
A Cruz lo investigan por supuestamente haber entregado coimas de $800 millones para que una unión temporal de la que hacían parte dos empresas vinculadas a Cruz, ICM Ingenieros e Incoasfaltos, recibieran un contrato por $23 mil millones para pavimentación y reparcheo en Bogotá. El dinero era para los exconcejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada, todos ya condenados por el carrusel de la contratación, y para el exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza. De hecho, Noticias Caracol reveló que Hernández declaró en la Fiscalía que Cruz Vargas le había entregado $250 millones para garantizar la entrega de dicho contrato a ICM. De esa suma, $100 millones eran para él y el resto para Camacho Casado.
Cruz ha dicho en reiteradas ocasiones que es inocente y que los señalamientos en su contra son una venganza por parte de contratistas vinculados al carrusel, como Julio Gómez y Manuel Sánchez, porque les canceló contratos que tenían con el departamento. El pasado 11 de agosto, Cruz renunció a su cargo como gobernador de Cundinamarca por medio de una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos.
“La Fiscalía está adelantando una investigación frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional. Por lo anterior, para no afectar la gobernabilidad del departamento, me permito presentar ante usted renuncia irrevocable a partir del 18 de agosto de 2015”, sostuvo Cruz en la misiva. Hoy el gobernador encargado es el consejero presidencial Guillermo Rivera. Cruz, por su parte, se prepara para la investigación que continúa la Fiscalía, a la que se le suma ahora un grave señalamiento de soborno.