Debido a la gravedad de los delitos imputados la Fiscalía General le solicitó al juez 65 de control de garantías cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario al coronel de la Policía, Jairo Gordillo procesado por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la contratación en la Contraloría General.
El ente investigador señaló que el oficial habría tenido conocimiento y participación en las falencias que se registraron en la convocatoria y celebración de un contrato que tenía como objetivo fortalecer la seguridad informática en el ente de control fiscal. El multimillonario convenio contaba con la colaboración de la Policía Nacional para su ejecución.
Gordillo, quien en la actualidad funge como jefe de la Oficina de Telemática de la Policía, se declaró inocente de los delitos de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en calidad de determinador. (Ver El coronel enredado por contrataciones en la Contraloría)
“Existe riesgo de fuga”, señaló el fiscal del caso en la argumentación de la medida al señalar que el oficial podría utilizar su rango y cargo para “influenciar” a los testigos, obstruyendo y afectando a la administración de justicia y el debido proceso que se exige. (Ver Enredos por caso Mnemo)
Según la Fiscalía General el coronel fue el que dio instrucciones e indicaciones para que celebrara dicho contrato con la empresa Mnemo Colombia S.A.S sin adelantar la licitación o realizar estudios previos. Esto con el único fin de satisfacer sus intereses personales.
"No se trata de un novato en la matería y en consecuencia sabe perfectamente que debieron elaborarse estudios previos para la adjudicación", aseguró el fiscal que además citó las declaraciones de varios funcionarios de la Policía que manifestaron que el convenio de colaboración siempre estuvo oculto.
Además señalaron que en estos momentos no aparecen los soportes documentales que validen el compromiso con la Contraloría General. Según la investigación los equipos adquiridos habrían sido utilizados para adelantar interceptaciones ilegales a los columnistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco Tascón, quienes eran fuertes críticos de la administración de Sandra Morelli Rico.