La Fiscalía cuarta delegada ante la Corte Suprema le remitió a la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitaria la investigación contra el general (r) Rito Alejo del Río por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán, perpetrada por grupos paramilitares entre los días 15 y 20 de julio de 1997.
El oficial en retiro, quien se encuentra pagando actualmente una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio, es investigado por presuntamente conocer y apoyar la entrega de los paramilitares hacia el municipio del Meta. Allí ejecutaron, por orden de la Casa Castaño, a un grupo de pobladores señalados de ser auxiliadores de la guerrilla.
El ente investigador recibió este caso, puesto que pese al fuero constitucional que tiene el general, los hechos no tienen relación con el servicio activo en las Fuerzas Militares y sus funciones dentro de las mismas. Por esto es investigado por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y terrorismo.
Aunque el general era un miembro activo de las Fuerzas militares cuando ocurrieron los hechos, las conductas delictivas que se le atribuyen no hacen parte de las funciones propia de su cargo ni tienen ningún tipo de relación con sus funciones legales y constitucionales. “Se requiere que exista un vínculo directo e inmediato entre la conducta punible que se imputa y las funciones propias del cargo”.
Del Río habría omitido los controles, y pese a tener información sobre el movimiento de hombres fuertemente armados en la zona, no tomó las acciones necesarias. El entonces comandante de la Brigada XVII con jurisdicción en Urabá habría tenido conocimiento directo de la planeación de este ataque, la utilización de aeronaves, la entrega de armamento y municiones a los paramilitares.
Los hombres fuertemente armados salieron del aeropuerto de San José del Guaviare, controlado por el Batallón Joaquín Parín y miembros de la Policía antinarcóticos. La Fiscalía General busca establecer si el general aprovechó su cargo para concretar y prestarle apoyo a los paramilitares para esta masacre.
Por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó al Estado colombiano en septiembre de 2005 por la responsabilidad en el actuar y omisión de sus autoridades. En el fallo se reiteró la necesidad de investigar y esclarecer responsabilidades penales de los autores materiales, los determinadores por acción u omisión de estos crímenes.