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Judicial 10 Jul 2013 - 10:56 pm

El oficial en retiro es acusado por hechos relacionados con la masacre de este pueblo del Valle

El prófugo de Trujillo

La Fiscalía llamó a juicio al coronel (r) del Ejército Alirio Urueña por las muertes de 27 personas. Figura en este expediente el caso del sacerdote que llegó a ser castrado.

Por: Diana Carolina Durán Núñez
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La masacre de Trujillo dejó 342 víctimas, según Memoria Histórica. /Archivo

Hacer que el coronel retirado del Ejército Alirio Urueña Jaramillo responda por los crímenes cometidos en Trujillo (Valle del Cauca), a finales de los 80 y principios de los 90, parece hasta hoy una misión imposible. Con una nueva acusación, sin embargo, proferida hace menos de dos semanas, la Fiscalía espera no sólo dar con el paradero de este prófugo de la justicia, sino comprobar en los estrados que fue él el cerebro de uno de los episodios más funestos del conflicto colombiano, en el que a todas luces se cometieron —asegura la Fiscalía— delitos de lesa humanidad. Entre las 27 muertes por las que acaba de ser llamado a juicio Urueña se encuentra, además, el rostro del drama de Trujillo: el caso del sacerdote Tiberio Fernández.

En una providencia de 139 páginas, la Fiscalía resumió los años de la violencia que azotó a este pueblo del norte del Valle, con el coronel (r) Urueña a la cabeza y con el auspicio de narcotraficantes como Diego León Montoya (alias Don Diego) y Henry Loaiza (alias El Alacrán). La venganza, deja ver el escrito de acusación, fue el motor principal de muchos actos violentos. En este caso, concretamente, porque el 29 de marzo de 1990 el Eln emboscó a una patrulla del Ejército, matando a siete militares. Lo que siguió fue la captura de un guerrillero, cuyas delaciones bajo tortura derivaron en una cruenta cacería de brujas de la que no se salvó ni el párroco del pueblo.

El padre Tiberio Fernández, lo recuerda este expediente, fue víctima de una sevicia sin par. Su cuerpo, o lo que dejaron de él, fue encontrado a orillas del río Cauca. Según su acta de levantamiento, su cuerpo estaba “completamente desnudo, presentaba ausencia de vísceras torácicas y abdominales, decapitación total, emasculación (castración) completa con la conservación del pene y con varias perforaciones producidas por disparos con arma de fuego en el hombro izquierdo y muslos”. Hasta las manos le amputaron. “La crueldad del crimen ejecutado contra el párroco rompió todos los límites”, anotaría la Comisión de Memoria Histórica 18 años después.

Como ya es sabido, la última vez que el religioso fue visto con vida fue el 17 de abril de 1990, día en que celebró las exequias de José Abundio Espinosa, otra de las muertes por las que deberá responder el coronel (r) del Ejército Alirio Urueña. La desaparición del sacerdote ocurrió dos semanas después de que Ramiro Velásquez, mayordomo de una finca ganadera, fuera sacado a la fuerza de su vivienda —un cargo más contra Urueña—. El 31 de marzo de 1990, a su casa en La Sonora (zona rural de Trujillo) llegaron hombres armados. Lo insultaron, lo golpearon y ataron sus manos para raptarlo, todo en frente de su esposa y  niños, quienes lloraban y pedían que no lo mataran.

“Pero, ¿qué he hecho?”, les dijo Velásquez entre sollozos. “Nada más que colaborarle a la guerrilla”, le respondieron sus verdugos. “Pero si ellos lo obligan a uno a colaborarles, ¿uno qué más va a hacer? Si no lo matan a uno”, replicó Velásquez. Se lo llevaron, como lo hicieron con una oncena de personas más, entre marzo y abril de 1990. Los hombres armados y sin identificar que llegaban a las casas de las futuras víctimas decían que las personas estaban siendo retenidas para adelantar “una investigación”. Todos terminaron en el río Cauca después de haber sido torturados, se presume, por Urueña. Según el expediente, a todos los asesinaron con el “sistema torniquete”: rodeaban sus cuellos con un alambre y con un palo se enrollaba hasta asfixiarlos.

Las torturas tuvieron lugar en la hacienda Las Violetas, propiedad de Don Diego. Allí pereció también Esther Cayapu, una mujer de 59 años acusada de ser enfermera del Eln. “El mayor Urueña la tiraba al suelo con violencia, y otro le tenía los pies y ahí le colocaba la manguera por encima del costal, por boca y nariz. La anciana se estaba ahogando. (Urueña) le preguntaba si ella colaboraba con la guerrilla y ella dijo que sí, porque ellos llegaban a su casa y la obligaban a salir”. Así relató Daniel Arcila, testigo de los crímenes. Sus declaraciones ante jueces de orden público y procuradores, así como las confesiones del socio de los narcos Pablo Emilio Cano y de otros habitantes de la región entregadas en los años 90, siguen siendo válidas para la Fiscalía.

Arcila, como ya se ha expuesto en el proceso de la masacre de Trujillo, fue pieza fundamental de la investigación. Era un informante del Ejército que, el 29 de marzo de 1990, se cruzó con guerrilleros del Eln luego de que éstos hubieran emboscado a una patrulla del Ejército, hecho que fue el detonante de las muertes por las que hoy se busca responsabilizar al coronel (r) Urueña. Arcila identificó al guerrillero Wílder Sandoval quien, a su vez, y bajo torturas, identificó a otros supuestos colaboradores del grupo guerrillero al que pertenecía. Esas personas fueron sacadas de sus casas a la fuerza y, finalmente, asesinadas con motosierras.

Según la Comisión de Memoria Histórica, 324 personas fueron víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada entre 1988 y 1994. En 1991, el coronel (r) Urueña, El Alacrán y Don Diego fueron juzgados por primera vez por conformación de grupos de sicarios y de autodefensas, secuestro y homicidio, pero fueron absueltos. El Alacrán ya fue condenado de nuevo y está tras las rejas; Don Diego fue llamado a juicio y, además, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Urueña fue sentenciado por cuatro muertes relacionadas con la masacre de Trujillo en 2010. Un año antes, sin embargo, este alto oficial del Ejército nacido en Honda (Tolima) se había dado a la fuga luego de que, en medio de tecnicismos legales, un juez de Buga le otorgara la libertad.

La Fiscalía emitió otra orden de captura en contra del coronel (r) Urueña a raíz de este nuevo llamado a juicio, aunque investigadores del caso no son optimistas. Al coronel (r) Urueña parece que se lo hubiera tragado la tierra.

dduran@elespectador.com

@dicaduran

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