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El prontuario criminal del jefe de 'Los Rastrojos' en Barranquilla

Alias ‘J’ tuvo relación con la clase política del Atlántico y según las autoridades era resguardado por la Policía.

El Espectador
05 de julio de 2014 - 10:36 p. m.

En los últimos meses el nombre de Javier Enrique Insignares Toro, alias ‘J’ era una de las prioridades para las autoridades en el norte del país. Era considerado el jefe de la banda criminal de Los Rastrojos en el departamento del Atlántico y el responsable de la mayoría de las extorsiones a comerciantes en la ciudad de Barranquilla.

Alias ‘J’ hizo parte del Bloque Norte de las AUC y era uno de los hombres de confianza del comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Tras la desmovilización se unió a la banda criminal emergente de ‘Los Rastrojos’ y continuó su actuar delictivo en el norte del país.

Según las autoridades habría participado en el ataque contra una vivienda ubicada en el barrio El Poblado, en el norte de Barranquilla, cuando fue arrojada una granada de fragmentación. En la acción resultaron heridos de gravedad tres miembros de una familia que venía siendo objeto de extorsión por parte de esa banda delincuencial.

Igualmente ha trabajado para personas muy poderosas e influyentes en la esfera política del país, lo que le ha permitido tener acceso a información y grabaciones que hasta el momento le habían ayudado a proteger su retención.

“Esta persona se hacía pasar como miembro del Ejérccito y estaba siendo ocultada por miembros de la Policía Nacional. Estamos adelantando las investigaciones para esclarecer estos hechos”, explicó el director del CTI de la Fiscalía General, Julián Quintana al explicar detalles del operativo adelantado en la mañana del pasado viernes en la capital del Atlántico. En la acción fue hallada una pistola CZ 9mm y tres proveedores para la misma.

En contra de ‘J’ existen cinco ordenes de captura por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y extorsión y 15 investigaciones abiertas. En las próximas horas será presentado ante un juez de garantías donde se legalizará la captura, se le imputarán cargos y se solicitará que sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por El Espectador

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