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El rastro impune de la Oficina de Envigado

Con la habilidad del reportero y la capacidad del investigador, el periodista Juan Diego Restrepo logró contar la escabrosa historia de esta empresa criminal que durante tres décadas ha sido protagonista en el mundo del homicidio, el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción.

Redacción Judicial
15 de junio de 2015 - 03:11 a. m.
Archivo El Espectador / Archivo El Espectador
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“El nombre de la Oficina viene de los tiempos de Pablo Escobar. Como él se hacía decir doctor, entonces decía que todo doctor tiene su oficina”. Este comentario de un exintegrante de la organización criminal ante investigadores de Justicia y Paz resume el origen de la tenebrosa Oficina de Envigado y es al mismo tiempo el punto de partida de la minuciosa investigación realizada por el periodista Juan Diego Restrepo sobre esta violenta empresa ilegal que, a bordo del narcotráfico, la corrupción y el paramilitarismo, sintetiza la tragedia colombiana de los últimos tiempos. Desde los días en que la oficina se convirtió en plataforma asesina de Pablo Escobar y su red de sicarios, hasta recientemente, cuando los sucesores de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, comenzaron a matarse por su control.

Un libro que documenta también la corrupción de algunos frentes del Estado que han permitido la impunidad de su extenso prontuario: Las vueltas de la Oficina de Envigado: génesis, ciclos de disputa y reorganización de una empresa criminal, el cual permite entender cómo el crimen organizado pudo erigir un poder aparte.

Primero se constituyó como sistema de cobro a las malas cuando el cartel de Medellín necesitaba imponer su ley entre las bandas armadas. Después logró mimetizarse como estructura legal cuando el Concejo de Envigado y su alcalde de entonces, Jorge Mesa Ramírez, crearon el Departamento de Seguridad y Control. Cuando una de sus integrantes fue señalada de develar la verdadera esencia delincuencial de este invento y de milagro sobrevivió a un atentado, 16 de sus miembros fueron procesados y la oficina pasó a llamarse Departamento de Orden Ciudadano.

Como lo resume la periodista María Teresa Ronderos en el prólogo de la obra de Restrepo, “se volvió servicio de la seguridad para el control mafioso de los barrios populares, agente exportador de cocaína, coordinadora de jóvenes asesinos, brazo armado del conflicto interno e instrumento de expansión territorial”. En el momento en que Pablo Escobar arremetió contra sus socios y de las propias entrañas de su cartel nacieron los Pepes para combatirlo, la Oficina de Envigado sobrevivió a la guerra, y cuando el capo cayó abatido en 1993 cambió de dueños.

En la metamorfosis del delito, los Pepes, encabezados por la casa Castaño, le reconocieron al empresario Gustavo Upegui López su contribución a la causa y, con claros vínculos en la Alcaldía del municipio, la Oficina de Envigado extendió de su mano sus tentáculos hasta Itagüí, Bello, Medellín y otras localidades del Valle de Aburrá. Fungiendo como dirigente deportivo y máximo accionista del equipo Envigado Fútbol Club, Upegui López se volvió el hombre fuerte. A su sombra ya delinquía otro de los herederos del cartel: Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.

Con nexos en la Fuerza Pública, los organismos de seguridad y el poder judicial, que el periodista Juan Diego Restrepo precisa en su libro con nombres y misiones, la empresa criminal impuso su regulación y dominio territorial entre las bandas armadas. Hasta que el Eln decidió retar al poder mafioso y entre finales de 1995 y comienzos de 1996, en sendas acciones, secuestró a dos hijos de Gustavo Upegui. Por el primero el empresario pagó una millonaria suma. El segundo fue rescatado por una combinación de la Fuerza Pública y los paramilitares.

El libro registra cómo desde una cárcel en Estados Unidos el extraditado jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco, detalló la forma como Juan Pablo Upegui fue liberado por el bloque Mineros, entregado a Luis Guillermo Ángel, conocido como Guillo Ángel, y después reportado legalmente como rescatado por la Policía. Lo cierto es que ésta y otras acciones parecidas pusieron a Gustavo Upegui en el radar de la justicia, pero aunque alcanzó a estar preso y sus contactos con la Fuerza Pública quedaron en evidencia, años después fue absuelto de todo cargo.

Entretanto, bajo el poder oculto de Don Berna, la Oficina de Envigado se fortaleció alrededor de un tenebroso círculo de confianza integrado por Daniel Alberto Mejía, alias Danielito, reseñado como narcotraficante y criminal de vieja data; Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, exinvestigador del CTI, entidad desde la cual apoyó a la organización con labores de inteligencia, y Elkin Sánchez Mena, alias Negro, jefe máximo de la banda delincuencial La Terraza, que perpetró por encargo varios asesinatos políticos y vueltas paramilitares.

Con Gustavo Upegui libre, el triángulo homicida a sus anchas y Don Berna cada vez más narcoparamilitar, la Oficina de Envigado llegó a su límite. Sin embargo, la primera crisis surgió de sus entrañas. Ante la iniciativa de las guerrillas de urbanizar su acción armada en Medellín y los municipios del área metropolitana, las autodefensas crearon el bloque Metro, en cabeza de alias Doblecero. Las rencillas por el poder afloraron y el asunto derivó en guerra abierta. Sin que ésta hubiera cesado, llegó el gobierno Uribe y con él su accidentado proceso de paz con el paramilitarismo.

Para efectos de la negociación política, la Oficina de Envigado tomó la denominación de bloque Cacique Nutibara y, con Don Berna a bordo, encabezó las simuladas desmovilizaciones. Eso sin parar la guerra contra el bloque Metro, en la cual la Oficina tuvo el apoyo militar de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Éver Veloza García, alias HH, y Ramiro Vanoy, alias Cuco. En el fondo era la misma confrontación entre Carlos Castaño y el ala de los narcos. La historia es conocida: Doblecero cayó asesinado, Castaño igual, y ese fue apenas el comienzo del desplome.

Aunque a finales de 2003 surgió el bloque Héroes de Granada, con influencia en 29 municipios de Antioquia pero dirigido por la Oficina de Envigado, con la marcada intención de “mantener los intereses estratégicos del control del negocio del narcotráfico”, esta estrategia no fue suficiente para evitar la debacle. Cuando estalló la crisis del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, y Don Berna, junto con otros jefes del paramilitarismo, quedó reducido a prisión, de inmediato se desató la guerra entre sus compinches que permanecían en libertad.

El primero en caer fue Sánchez Mena, quien murió emboscado en Valencia (Córdoba) tratando de cooptar el poder del narcotráfico para su banda, La Terraza. En julio de 2006, en una finca de su propiedad en San Jerónimo (Antioquia), corrió la misma suerte Gustavo Upegui. Después le tocó el turno a Daniel Mejía Ángel en noviembre de 2006. Tras la extradición de Don Berna a Estados Unidos en mayo de 2008, se le vino la noche a la Oficina de Envigado. Entonces acorralado y en retirada, Carlos Mario Aguilar se entregó a la DEA dos meses después.

De inmediato, una nueva generación entró en escena. José Leonardo Muñoz, alias Douglas, empezó a reorganizar la red de extorsiones, sicariato, robo de hidrocarburos y narcotráfico, pero en abril de 2009 fue arrestado en un lujoso apartamento de El Poblado. En su documentado texto, Juan Diego Restrepo sostiene que esa detención marcó el inicio de una nueva guerra, esta vez entre Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, y Eric Vargas, alias Sebastián. El primero fue detenido en Venezuela en noviembre de 2011 y el segundo en Medellín en febrero de 2012.

Desde entonces, se sabe que hay una tregua entre la Oficina de Envigado y los Urabeños para coexistir en el delito, aunque ya se han advertido los primeros brotes de violencia que ponen en evidencia rupturas. Es el destino lógico de las vendetas en el mundo del narcotráfico, con un modelo criminal que nació en los tiempos de Pablo Escobar para regular la coexistencia de las bandas armadas. La corrupción mafiosa, con un capítulo singular que, aunque hoy parece en decadencia, constituye un reto a las autoridades para que nunca más vuelva a replicarse.

Lo demás es el rastro impune. La mayoría de sus integrantes murieron sin que la justicia los tocara. Los niveles de penetración en la Fuerza Pública o el poder judicial han dejado breves revuelos y muchas declaraciones ante Justicia y Paz insuficientemente exploradas. En 2014 el Envigado Fútbol Club y varias empresas que gravitan a su alrededor fueron incluidos en la Lista Clinton. En medio del escándalo que sacude hoy al fútbol mundial, la Fiscalía admitió que existen algunas indagaciones contra el equipo por nexos con la oficina de cobro que regentó Gustavo Upegui. 

***

¿Una estructura en decadencia?

Si bien, el libro de Juan Diego Restrepo señala que una de las estrategias empleadas por la Oficina de Envigado, para mantenerse vigente con el pasar del tiempo -tres décadas - ha sido precisamente su capacidad para transformarse y acoplarse a las circunstancias adversas, poniéndose al servicio de los poderosos del mundo legal, el autor manifiesta que su alcance no es el mismo de otros tiempos.

A manera de conclusión Restrepo manifiesta que, de acuerdo con investigadores de la Policía, la situación actual de la estructura ilegal es decadente y cada vez tiene menos poder en Medellín. Para las autoridades, 2014 fue el año que marcó el comienzo del fin para la organización, pues ya no existe como tal la “Oficina”, sino el uso de su nombre para "infundir terror y generar mayor impacto".

Una crisis que se ha visto reflejada en la reducción de hombres a su servicio, la incapacidad de los mismos para manejar las bandas armadas en los barrios y en que cada vez recibe menos ingresos por sus actividades ilegales. "Sus rivalidades internas y la persecución desatada por las autoridades nacionales e internacionales, la llevaron a su fraccionamiento", puntualiza Restrepo.

Un investigador riguroso 

Juan Diego Restrepo Echeverri ha dedicado los últimos cinco años de su vida a la investigación de temas como el conflicto armado, el proceso electoral y los grupos ilegales para la Corporación Nuevo Arco Iris y la Fundación Paz y Reconciliación.

Nacido en Itagüí, estudió español y literatura en la Universidad de Medellín, aunque se especializó en periodismo investigativo. Ha trabajado en medios reconocidos del país, como el diario El Colombiano y la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de la capital Antioqueña.

Como catedrático ha sido ejecutor de proyectos de investigación del programa de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

Actualmente se desempeña como editor del portal Verdad Abierta y periodista de la revista Semana y de la Fundación Ideas para la Paz.

Por Redacción Judicial

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