El regaño de la Corte Suprema de Justicia a los abogados de Álvaro Uribe

Por cuenta de la columna del periodista Daniel Coronell titulada “La calladita”, publicada hace 15 días en Semana, el nombre de Cristina Lombana Velásquez, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ha estado en el centro del debate. De acuerdo con el columnista, Lombana trabajó hace 22 años, durante tres meses, en la oficina del penalista Jaime Granados, hoy defensor del senador Álvaro Uribe Vélez. Información que, asegura Coronell, la magistrada omitió al postularse a su cargo en la Corte y que hoy cobra relevancia en tanto le correspondió estudiar, precisamente, el expediente que cursa en el alto tribunal contra Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. La columna derivó en la recusación que interpuso, el lunes pasado, el senador Iván Cepeda para apartar a Lombana del proceso. De acuerdo con Cepeda, su paso por la oficina de Granados le impide ser imparcial.

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La pepa de la controversia, tras la columna de Coronell y la recusación de Cepeda, es si Lombana podría favorecer a Uribe por haber sido fugazmente subalterna de su defensor en la actualidad. El Espectador investigó el caso y las fechas para entenderlo resultan claves. Sobre todo, en un expediente en el que están siendo investigados Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por los delitos de soborno y fraude procesal. La génesis de este proceso se remonta a febrero de 2018, cuando la Corte determinó que se debía indagar si los dos congresistas del Centro Democrático habrían presionado en el pasado a testigos recluidos en distintas cárceles o, por medio de terceros, tratado de manipular sus versiones a cambio de dinero o “favores jurídicos”, con el fin de desmentir testimonios contra Uribe o su hermano Santiago y, de paso, enlodar al senador Iván Cepeda. El 24 de julio pasado el alto tribunal llamó a indagatoria a Uribe y a Prada.

Sus abogados interpusieron un recurso de nulidad contra esa decisión que los vinculó formalmente al proceso. No obstante, debido a la norma que creó la doble instancia para congresistas, el caso quedó en el limbo hasta que fueron elegidos los nueve magistrados de la Sala de Instrucción y Juzgamiento de la Corte, entre ellos Cristina Lombana Velásquez. Ella y sus demás colegas se posesionaron el 8 de octubre pasado y nueve días después, el 17 de octubre, se remitió el expediente Uribe a la recién creada Sala de Instrucción. El 2 de noviembre, por sorteo, el caso le correspondió a Lombana y el 12 de diciembre de 2018 radicó su ponencia negando la petición de los defensores de Uribe y Prada y confirmando el llamado a indagatoria de los congresistas. El proyecto de fallo fue repartido a los demás magistrados y discutido durante semanas por la sala. Finalmente, el 18 de febrero pasado, por decisión unánime, se aprobó la ponencia de Lombana.

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Ese mismo día, el periodista Daniel Coronell le envió un derecho de petición a Lombana en el que le preguntó por sus nexos laborales del pasado con el abogado Jaime Granados y, varias semanas después, publicó su columna “La calladita”, en la que se preguntó si la Corte Suprema la habría elegido como magistrada “si hubiera estado al tanto de su antiguo vínculo con el abogado de Uribe”. En la trasescena quedó la sensación de que Lombana no parecía imparcial por esa “omisión”. Pero lo cierto es que su ponencia fue radicada dos meses antes de las preguntas del reportero. Y, al final, mantuvo en firme el proceso contra Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada. Aún más, este diario tiene en su poder esa decisión de la Corte y, por lo que se lee allí, antes que favorecimientos lo que hubo fueron regaños para los abogados de Uribe. El documento, de 49 páginas, sostiene que la defensa del expresidente acudió a “malabarismos argumentativos” para invocar la nulidad del caso.

El fallo

Los abogados de Uribe y Prada aseguraron que el expediente debía anularse por varias razones. Primero, alegaron que a sus clientes se les violó el debido proceso, pues la Sala Penal de la Corte los investigó cuando ya había entrado en vigor el acto legislativo 01 de 2018, que creó las salas de instrucción y juzgamiento en ese alto tribunal con el fin de garantizar el derecho a una segunda instancia a los parlamentarios. En ese sentido, argumentaron que hubo “rebeldía” de la Corte “para acatar una norma vigente” y que se extralimitaron en sus funciones. También arguyeron que todas las evidencias recogidas —que incluyen cientos de horas de grabaciones de interceptaciones— debían ser excluidas, pues fueron obtenidas por “funcionarios judiciales que carecían en manera absoluta de competencia”. En especial las conversaciones del expresidente Uribe, cuyo teléfono terminó interceptado por error en el expediente adelantado contra el excongresista Nilton Córdoba.

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La Sala de Instrucción desestimó los alegatos de los defensores y respondió uno a uno todos los señalamientos. En primer lugar, los magistrados consideraron infundadas las acusaciones sobre la competencia de la Sala Penal para ordenar pesquisas, interceptaciones y otras pruebas en este proceso, debido a que en ese momento aún no se habían implementado las dos nuevas salas y no podían detener sus investigaciones. Y vino el primer regaño: “La defensa no argumentó por qué al continuar la Sala de Casación conociendo de la investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales (Uribe y Prada) incurría en una usurpación de funciones. Pese a que la tesis quedó enunciada, esta nunca fue sustentada”. Así, advirtiendo que los defensores partieron de “premisas equivocadas”, la Sala de Instrucción sostuvo que sus alegatos fueron “sofísticos”, “confusos”, “redundantes” y, en todo caso, alejados de la realidad.

En relación con las supuestas ilegalidades en la interceptación de la línea telefónica del expresidente Álvaro Uribe (que apareció en otro expediente por parapolítica contra el excongresista chocoano Nilton Córdoba, y cuyos audios posteriormente fueron trasladados a este proceso) la Corte afirmó: “Tal razonamiento no solo se sustenta en una premisa inadmisible, sino construida con la intención evidente de inducir a confusión al funcionario judicial”. De acuerdo con el documento, aunque es verdad que Uribe nada tenía que ver en el expediente de Nilton Córdoba, su teléfono personal (el de Uribe) sí apareció en varias oportunidades como “número de contacto” de Córdoba, razón por la cual fue interceptado. Cuando, tiempo después, se constató que se trataba de la línea de Uribe se canceló dicha interceptación, pero al valorar los registros de esas llamadas la Corte encontró evidencias en su contra que decidió utilizar en el proceso por manipulación de testigos.

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Como colofón, la Sala de Instrucción consideró que la defensa de los procesados acudió a “malabarismos argumentativos” y a “una línea de argumentación especulativa y de construcción de premisas inciertas” para justificar sus alegatos. En tal sentido, no accedió a sus pretensiones, dejó vivas miles de horas de audio en donde resultaron mencionados los senadores Uribe y Prada, así como otras grabaciones del testigo y exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien denunció que supuestos emisarios de los parlamentarios, incluido el abogado Diego Cadena, lo visitaron en la cárcel e intentaron que se retractara de sus acusaciones y, en su lugar, que enlodara al senador Iván Cepeda Castro. En esas vueltas resultó mencionado el sujeto conocido como Carlos Eduardo López Callejas, más conocido como Caliche, al parecer, cercano de Prada. Caliche le envió varios mensajes de Whatsapp a Monsalve pidiéndole hacer un video en favor de Uribe.

Aún más, la Sala de Instrucción de la Corte dejó intactas las pruebas que relacionan al abogado Diego Cadena (defensor de Uribe Vélez) con una reunión de urgencia llevada a cabo el 22 de febrero del año pasado en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Dicho encuentro fue agenciado por el recluso Enrique Pardo Hasche, compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve. Allí, según las evidencias del caso, Cadena le dijo al testigo Monsalve que firmara un “documento previamente elaborado” en el que se retractara de sus acusaciones contra Uribe por su presunta promoción del paramilitarismo. “En contraprestación, Cadena Ramírez le ofreció a Monsalve Pineda presentar una acción de revisión en su caso sin cobrarle honorarios, gestionar a su favor mejores condiciones de reclusión y le sugirió solicitar públicamente seguridad para él y su familia, que él lo apoyaría”, señaló en su momento la Corte, cuando dispuso investigar al expresidente.

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En síntesis, la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte de febrero pasado, aunque muy técnica, fue enfática en los reproches a los abogados de Prada y Uribe, al tiempo que dejó íntegro el proceso. Los mismos defensores interpusieron un recurso de reposición que estaba ad portas de ser fallado por la misma Corte. Sin embargo, tras la recusación, esta semana, de la magistrada Cristina Lombana por parte del senador Iván Cepeda (luego de la columna del periodista Daniel Coronell), el proceso Uribe tardará aún más en resolverse. “Lo más paradójico es que, en teoría, el más interesado en agilizar este expediente, es decir, Cepeda, fue el que lo terminó alargando con su recusación a la magistrada Lombana”, le dijo a El Espectador una fuente cercana al alto tribunal. Este diario conoció que Lombana contestó la recusación y señaló que no tenía impedimento alguno.