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Los militares supieron, no con uno sino con dos meses de anterioridad al menos, que el M-19 planeaba atacar el Palacio de Justicia; el Ejército le pidió a la Embajada de Estados Unidos explosivos; fueron informantes del comando Ricardo Franco (disidencia del M-19) quienes le indicaron a la Fuerza Pública que debían “dar de baja” a Andrés Almarales; en el aeropuerto El Dorado se recibieron llamadas anónimas advirtiendo que se explotaría el centro de control si no se detenía la operación.
Los militares supieron, no con uno sino con dos meses de anterioridad al menos, que el M-19 planeaba atacar el Palacio de Justicia; el Ejército le pidió a la Embajada de Estados Unidos explosivos; fueron informantes del comando Ricardo Franco (disidencia del M-19) quienes le indicaron a la Fuerza Pública que debían “dar de baja” a Andrés Almarales; en el aeropuerto El Dorado se recibieron llamadas anónimas advirtiendo que se explotaría el centro de control si no se detenía la operación. Estas y otras revelaciones forman parte de un documento secreto, desconocido por 28 años, y que hace menos de tres semanas fue descubierto mientras agentes del CTI hacían una inspección en la Brigada XIII del Ejército, en el marco de la investigación por la muerte del abogado Eduardo Umaña.
En la edición del pasado domingo 16 de junio, El Espectador reveló una parte de este reporte secreto, basado en un informe firmado por el entonces teniente coronel Luis Eduardo Torres Mesa. En éste se afirmaba que, desde el 17 de octubre de 1985, los planes de la guerrilla de atacar el Palacio de Justicia eran conocidos por inteligencia militar. Es decir, que el 6 y 7 de noviembre de 1985, los últimos sorprendidos fueron los militares. El oficial confirmó en su escrito también que tres brigadas se desplazaron hasta Bogotá para apoyar las acciones contra el M-19 —contrario a lo que afirmaron los militares por más de dos décadas—, que hubo francotiradores y que, incluso, se había logrado “el control de los medios de comunicación”.
El revelador documento, que está en manos de investigadores del CTI, dejó saber asimismo pormenores de la operación castrense: de cómo se alistaron las fuerzas de combate; de cómo llegó el batallón presidencial; de cómo lograron rescatar a más de un centenar de rehenes atrapados entre el mortal incendio y los disparos de una y otra orilla; de cómo “los comandantes de batallón estuvieron siempre en el lugar donde se desarrollaron las acciones decisivas”, sin que hubiera lugar a ruedas sueltas, y de cómo hasta las empresas de Energía y de Teléfonos, los Bomberos y la Cruz Roja habían colaborado “de muy buena voluntad”. Pero en la última semana, este diario conoció que hay más que el informe del coronel Torres.
Nuevas revelaciones
Los papeles que los agentes del CTI desempolvaron hace un par de semanas, sin embargo, no se limitan sólo al informe elaborado por el entonces teniente coronel Torres Mesa. Éstos forman parte de una carpeta AZ, igual de inédita y explosiva al informe mismo, que contiene en total 81 páginas, conocidas en su integridad por El Espectador. Una de las confesiones más sensibles es que, desde antes de octubre de 1985, el Ejército sabía de las intenciones del M-19 de hostigar la sede máxima de la justicia. “Movimiento subversivo M-19 pretende realizar acto terrorista contra instalaciones palacio justicia”, se lee en un telegrama fechado el 21 de septiembre de 1985.El remitente de ese telegrama era el entonces comandante de la Brigada XIII, el general Jesús Armando Arias Cabrales, y los destinatarios eran sus unidades tácticas. Ya antes —el 12 de agosto de ese mismo año, para ser exactos—, Arias Cabrales había empezado a enviar telegramas encendiendo alarmas entre sus hombres por la posibilidad que existía de que el M-19 cometiera “un acto terrorista de resonancia nacional”. En cada telegrama Arias Cabrales —hoy condenado en primera instancia por los desaparecidos del Palacio— concluía: “Extreme(n) medidas seguridad”. Advertencias que imposibilitan comprender cómo fue que, días antes de la toma al Palacio, se bajó la guardia y la seguridad fue removida.
Otra revelación de los documentos se enfoca en el comando Ricardo Franco, una disidencia del M-19 fundada por José Fedor Rey y por Hernando Pizarro Leongómez, hermano del último comandante del M-19, Carlos Pizarro. Un memorando secreto, fechado el 7 de noviembre de 1985 —es decir, el segundo día de la toma—, deja en evidencia que miembros del Ricardo Franco eran informantes del Ejército y que ellos delataron ante los militares al hombre que, en su concepto, tenían que “dar de baja” para desmantelar el M-19: Andrés Almarales. Justo ese mismo año José Fedor Rey ordenó la ejecución de 144 de sus hombres porque creía que entre ellos pululaban los informantes.
En la carpeta AZ descubierta en la inspección del CTI a la Brigada XIII se lee otro dato inédito: el Ejército colombiano le pidió apoyo a Estados Unidos para ejecutar el operativo. De hecho, en principio, fue el propio embajador de la época quien ofreció a los militares radios walkie talkie para los oficiales de enlace del Ejército y la Policía. Colombia, por su parte, no sólo aceptó el ofrecimiento, sino que le pidió la embajada americana “la posibilidad de consecución de explosivos plásticos para volar una puerta metálica requerida por parte del Goes (Grupo de Operaciones Especiales de la Policía) en el Palacio de Justicia”, se lee en una especie de bitácora del Centro de Operaciones Conjuntas.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 fueron dos días de caos no sólo para quienes se hallaban dentro de la sede máxima de la justicia, sino para quienes, sin ser parte de los operativos militares directamente, estaban apoyando de alguna manera la labor de la Fuerza Pública. En los documentos castrenses quedaron registradas varias llamadas que se hicieron a puestos militares o de Policía alertando de carros bomba contra casas fiscales del Ejército; al aeropuerto El Dorado llamaron a exigir que se acabara la operación para recuperar el Palacio a cambio de no explotar el centro de control; mientras el DAS detectaba que el M-19 planeaba cortar las líneas telefónicas en el Distrito Militar No. 3 de Kennedy para atacar a la Policía.
Durante esos dos días el Ejército recibió llamadas anónimas que informaban que se pondrían bombas en embajadas; se supo de dos explosiones en la Estación de Policía de Tunjuelito; un Renault 4 fue robado y abandonado frente al Ministerio de Defensa, aunque sin consecuencias; un Dodge de placas MC–4937 fue robado en el barrio marginal caleño Siloé y explotó en el centro de la capital vallecaucana, sin dejar víctimas; se allanó una casa en Zipaquirá donde se halló la cédula de la supuesta novia del comandante del M-19, Andrés Almarales, y hasta se advirtió de hechos que parecían lejanos, como que en Barranquilla se habían repartido volantes del Eln o que en Tierralta (Córdoba) un par de agentes de la Policía habían herido a sus compañeros.
En este explosivo documento secreto se evidencia también que la Fuerza Pública llevaba un cuidadoso ‘inventario’ de las personas que salían del Palacio de Justicia con vida. En un listado de 159 nombres se ve que a cada sobreviviente le pidieron su número de cédula, su teléfono, su dirección, y que le preguntaron por su nivel educativo, su estado civil y su edad. Al cotejar la lista con la de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia no coincide ningún nombre. Sin embargo, resulta extraño que figure el de Eduardo Matson Ospino sin que aparezca el de Yolanda Santodomingo. Ambos, estudiantes de Derecho de la Universidad Externado, fueron torturados en la Casa del Florero, que estaba bajo el control militar.
El caso Umaña
La carpeta AZ que contiene toda esta información, y que estuvo llenándose de telarañas en la Brigada XIII del Ejército durante casi 28 años, está ahora en manos de un despacho de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que investiga la muerte del abogado Eduardo Umaña Mendoza. Fue en el marco de esa investigación que se ordenó la inspección a la sede militar, lo que indicaría que, después de 15 años de parsimonia judicial, este organismo está reorientando sus indagaciones con el fin de descubrir quiénes estuvieron detrás de este asesinato, ejecutado el 18 de abril de 1998. El hijo del litigante, Camilo Umaña, ha denunciado en múltiples ocasiones que a la justicia colombiana no le interesa esclarecer el episodio de su padre.Eduardo Umaña era, además, el abogado de algunas de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Fue su lucha la que llevó a que en Colombia se tipificara el delito de desaparición forzada, tal como ocurrió dos años después de su muerte. Su asesinato se ejecutó dos meses después de que, en Medellín, mataran al abogado Jesús María Valle, en circunstancias muy parecidas: un grupo de sicarios irrumpió en sus oficinas y lo acribilló. La familia del abogado ha insistido en que agentes del Estado podrían haber orquestado el crimen, aunque nada ha comprobado la justicia.
Los altos mandos procesados por el Holocausto
Dos coroneles y dos generales han sido procesados por los desmanes cometidos por la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Son ellos los coroneles en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, excomandante de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, y Alfonso Plazas Vega, excomandante de la Escuela de Caballería, y los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII del Ejército, e Iván Ramírez, exjefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de esa fuerza armada.Arias Cabrales y Plazas Vega se encuentran a la espera de que la Corte Suprema de Justicia confirme o modifique la condena en su contra a 35 y 30 años de prisión, respectivamente. Por su parte, el general (r) Iván Ramírez fue absuelto. El fallo fue apelado y ahora es el Tribunal Superior de Bogotá quien debe confirmar o negar la absolución. En el caso del coronel (r) Sánchez, el juicio en su contra continúa.
El Palacio de Justicia en la Corte Interamericana
Desde el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia lo hecho por el Estado colombiano, para esclarecer lo sucedido en el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. A inicios de este año, víctimas y Estado presentaron sus alegatos al respecto.La defensa de Colombia, a cargo del abogado Rafael Nieto Loaiza, fue duramente criticada, porque negaba la existencia de desaparecidos del Palacio de Justicia, negaba, incluso, la desaparición de la guerrillera Irma Franco, que ya ha sido confirmada por varios tribunales. La defensa, en cambio, se esmeraba en decir que lo único que había en este caso era víctimas del M-19. Así mismo, la defensa de Colombia, por la que Nieto Loaiza recibió $400 millones, fue cuestionada por criticar las actuaciones de la justicia colombiana, lo que, en últimas, ameritaría que Colombia fuera sancionada por la CIDH. La Corte tiene la última palabra.