Su objetivo es defender la paz

El retorno del exfiscal Montealegre

A pesar de que se fue peleando con el Gobierno, el exfiscal regresó, por invitación del presidente Santos, en la línea de defensa de la implementación de la Justicia Especial de Paz.

Eduardo Montealegre Lynett, el exfiscal que regresó al país a trabajar en temas de paz. / El Espectador

Hace 16 meses, cuando dejó su cargo como fiscal general, el abogado Eduardo Montealegre protagonizó una dura ofensiva verbal contra el Gobierno y manifestó sentirse traicionado porque su demanda ante la Corte Constitucional para que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc fuera elevado a la categoría de acuerdo especial en el marco de los Convenios de Ginebra, fue calificada como inepta. En medio de su malestar aseguró que Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo querían el plebiscito para hacer campaña presidencial. Además agregó que el Gobierno estaba en un doble juego muy peligroso para la legitimidad de la justicia.

Después de un año sabático en Alemania, tras el fallecimiento de su padre, Eduardo Montealegre regresó a Colombia hace un mes. Su primera sorpresa fue recibir una llamada telefónica del presidente Juan Manuel Santos que recibió con beneplácito. Se reunieron y la conversación giró en torno al Acuerdo de Paz y sus desarrollos institucionales. Desde entonces, el exfiscal es uno de los principales defensores de la estrategia del Gobierno para dejar encaminado el Acuerdo de Paz antes de concluir su mandato en agosto de 2018. Montealegre lo resumió en aporte de ideas para que la implementación de la Justicia Especial de Paz se haga sin contratiempos.

“Las críticas y los desacuerdos del pasado ya están superados, y lo importante ahora es el futuro de Colombia, colaborando con los rediseños institucionales que son prioritarios para que se consolide la paz”, manifestó Montealegre a El Espectador. El exfiscal explicó que durante su estadía en Alemania mantuvo contacto con la embajadora María Lorena Gutiérrez, y que en múltiples escenarios tuvo la oportunidad de compartir opiniones sobre el proceso de paz. Esas aproximaciones fueron la clave para que a su regreso el primer mandatario, también aconsejado por la diplomática y el expresidente César Gaviria, recobrara el apoyo de Eduardo Montealegre, que fue determinante cuando fue fiscal.

Atrás quedó la férrea posición de Montealegre al mecanismo del plebiscito que calificó de innecesario, o la demanda que interpuso ante la Corte Constitucional para que lo pactado con las Farc se vinculara al bloque de constitucionalidad, a la luz del artículo tercero común de los Convenios de Ginebra. Su malestar por las descalificaciones del Gobierno a sus comentarios sobre el plebiscito, o la caída de su demanda en la Corte por aplastante votación de 8 a 1, hoy son asunto del pasado. Según Montealegre, no quiere integrar la Justicia Especial de Paz ni como magistrado ni como fiscal, pero, “sin odios ni rencores”, va a contribuir a la construcción de la paz.

Otra cosa piensan los detractores del exfiscal, quienes ya empezaron a indagar qué papel concreto va a desempeñar Eduardo Montealegre en lo que él denomina “los desarrollos inmediatos de las normas institucionales para la implementación de la Justicia Especial de Paz”, pues ya se advierte un giro en la estrategia del Gobierno para evitar un nuevo revés en la Corte Constitucional o incluso enderezar la limitación que impuso el alto tribunal para la aplicación del mecanismo del fast track. La prueba es el recurso de nulidad que presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la Corte para que sea anulado el fallo referido.

Una fuente consultada por este diario comentó que después de esa sentencia que llevó al jefe negociador Humberto de la Calle a decir que la Corte Constitucional había puesto en jaque al Acuerdo de Paz, el Gobierno concluyó que debía conformar un grupo de abogados para asumir la defensa de las demás normas que van a llegar al alto tribunal. Aunque la nulidad la presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el documento fue preparado por el equipo de juristas conformado por la Presidencia, encabezado por Yefferson Mauricio Dueñas Gómez.

Consultado el abogado Dueñas, éste reconoció que fue convocado por la Presidencia de la República para reforzar la defensa jurídica de los desarrollos del Acuerdo de Paz ante la Corte Constitucional, y que junto a abogados como Andrea Núñez o Néstor Osuna, y el apoyo de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, tiene el objetivo de defender las normas que aún faltan para consolidar el proceso de paz. Yefferson Dueñas agregó que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional entre 2008 y 2016, en el despacho de los titulares Clara Inés Vargas y Jorge Iván Palacio, y que esa experiencia es la que le permite liderar la defensa del Acuerdo.

Sobre los aportes del exfiscal Eduardo Montealegre, señaló que sí se ha visto con él después de su regreso de Alemania, pero que en el equipo que integró la Presidencia no está. En su hoja de vida se lee que después de alcanzar su título de abogado en el año 2000, Yefferson Dueñas Gómez trabajó como auxiliar y sustanciador en el despacho de los magistrados Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Montealegre Lynett. Entre los años 2005 y 2008 fue abogado asociado en la oficina del exfiscal y exmagistrado Montealegre. Juntos escribieron dos libros en 2006: La formación jurídica en América Latina y Constitución y vivienda.

Al consultar los documentos públicos de contratación del Estado, se constata que en 2016 el abogado Yefferson Dueñas prestó asesorías jurídicas a la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras (INAT) por valor de $89’206.000. En lo que va corrido de 2017, ha concertado contratos públicos por $368’955.000. Dos con la Agencia Nacional de Tierras, uno con el Ministerio de Justicia y dos con la Presidencia de la República, a través del Dapre-Fondo para la Paz. Estos dos últimos son los contratos para la defensa del Acuerdo de Paz y sus desarrollos legales.

El otro frente de defensa del Acuerdo de Paz y sus normas, obviamente está en el Ministerio de Justicia. Su titular, el exmagistrado del Consejo de Estado Enrique Gil Botero le hizo saber a este diario que ha visto al exfiscal Eduardo Montealegre en diversas reuniones, pero que no tiene vínculos contractuales con la cartera de Justicia. A través de su vocera de prensa, el ministro Gil precisó que se han recibido varios derechos de petición para establecer si existen vínculos legales con el exfiscal, y la respuesta es que no los hay. La inquietud surge porque el ministro Enrique Gil sí tuvo contratos en la administración de Eduardo Montealegre por $751 millones.

En cuanto a la Corte Constitucional, existe la convicción de que los magistrados tienen un deber histórico frente al proceso de paz, pero también de defensa irrestricta de la Carta Política. Por eso, su tarea inmediata es responder a la sorpresiva solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de anular el fallo que limitó el uso del fast track para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y las Farc. Este viernes trascendió que la solicitud fue admitida para estudio del alto tribunal, lo que no implica que de la misma manera vaya a revertir sus argumentos. “Todo se hará en derecho”, comentó una fuente consultada.

El Gobierno cree que cuando la Corte Constitucional echó abajo los numerales del Acto Legislativo para la Paz, que señalaban que los proyectos sólo podían modificarse con el aval del Gobierno y que las votaciones en el Congreso se debían realizar en bloque, la sentencia coincidió con el nombramiento del magistrado Carlos Bernal, lo cual no permitió que se evaluara si estaba impedido o podía ser recusado. Además, sostiene que se afectaron las mayorías para tomar la decisión cuestionada, que no hubo suficiente deliberación y que la Corte se contradijo al admitir que se necesita un trámite especial para desarrollar el Acuerdo de Paz y no acogerlo.

Esa es la primera pelea jurídica a la vista. El proyecto de fallo tiene que ser planteado por el mismo magistrado que obró como ponente de la sentencia en entredicho. En este caso, Antonio José Lizarazo. Ya se sabe que la magistrada Cristina Pardo está impedida para la discusión por haber sido la secretaria jurídica de la Casa de Nariño. En tal caso, los magistrados Alberto Rojas y Alejandro Linares, quienes salvaron su voto, podrían acompañar la nulidad. El dilema es la postura de Luis Guillermo Guerrero, Carlos Bernal, Iván Escrucería y Gloria Ortiz. Un voto puede inclinar la balanza. En los círculos jurídicos se especula que puede ser el de Gloria Ortiz.

Una consideración que parte del hecho de que el exfiscal Montealegre fue clave para la llegada de esta magistrada a la Corte Constitucional. Sin embargo, el panorama no es tan claro, pues a pesar de las gestiones de Montealegre para acercarse a los magistrados de la Corte, hasta ahora no se advierte un cambio en la postura colectiva del alto tribunal. De todas maneras, en altos círculos jurídicos ya se encendieron las alarmas y los ojos están puestos en la posición de la magistrada Ortiz. Lo demás lo tiene claro el propio exfiscal Montealegre: en lo que resta del gobierno se vienen decisiones cruciales en la Corte Constitucional, y el objetivo es defender la paz.

La piedra de la discordia

La decisión de la Corte Constitucional que causó revuelo en el Gobierno y las Farc, y replanteó la necesidad de una mayor defensa jurídica de los desarrollos del Acuerdo de Paz, fue la caída de los literales h y j del artículo 1° del Acto Legislativo para la Paz, según los cuales los proyectos sólo podían modificarse con aval del Gobierno y las votaciones debían realizarse en bloque.

La postura del Ejecutivo para reclamar la nulidad del fallo es que el magistrado Carlos Bernal, quien adoptó el voto definitivo, no tuvo suficiente tiempo para estudiar el caso, y por sus pronunciamientos previos y públicos sobre el tema debió declararse impedido. Según se ha conocido, la Procuraduría también prepara un recurso para cuestionar el citado fallo.

Las posturas frente a los grandes debates sobre paz

Desde que asumió como fiscal en 2012, Eduardo Montealegre fue un abierto defensor del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc. Por eso protagonizó intensos debates iniciales con el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Pero definitivamente los temas que sacaron a relucir la posición del exfiscal Montealegre fueron su oposición a que se realizara el plebiscito que terminó ganando el No. Siempre observó que el presidente Santos está facultado para buscar la paz.

El otro aspecto fue su demanda ante la Corte Constitucional para que el Acuerdo de Paz fuera elevado a acuerdo especial, según los Convenios de Ginebra. La Corte no lo aceptó y la falta de apoyo del Gobierno fue la causa de sus discrepancias en materia de justicia.