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El rol de la UTL de Álvaro Uribe y su relación con la orden de detención

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estimó que el senador Álvaro Uribe usó a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo para gestionar la consecución de pruebas en el proceso en su contra. Para evitar que lo siga haciendo y afecte el caso, ordenó su detención. ¿En qué consistieron esas gestiones? El Espectador le explica.

07 de agosto de 2020 - 07:00 p. m.
Álvaro Uribe Veléz acudió a la diligencia de indagatoria el 8 de octubre de 2019.
Álvaro Uribe Veléz acudió a la diligencia de indagatoria el 8 de octubre de 2019.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es claro que el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez debe permanecer detenido mientras avanza el proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno. ¿La razón? Que de seguir libre podría afectar la continuidad del proceso, luego de estimar que el senador hizo ofrecimientos económicos y jurídicos a testigos para que declararan a su favor. Y, porque, entre otros, usó a subordinados suyos de la Unidad de Trabajo Legislativo para actividades ajenas a sus labores en el Congreso, como “la gestión de pruebas” en diferentes procesos. El Espectador revela los pormenores de este episodio que está detallado en la decisión del alto tribunal en la cual definió el pasado 3 de agosto la situación jurídica del senador.

La Sala de Instrucción considera que algunos miembros de la UTL tuvieron un “rol protagónico en la gestión de búsqueda y aseguramiento de información y/o de testigos en sus procesos penales, al margen de las funciones institucionales de aquellos”. Se refiere especialmente a Fabián Rojas Puerta, cuyo nombre ya ha trascendido en medios, y de dos personas más de quienes no se había hablado en este tema: María Claudia Daza (ni ella ni Rojas hacen ya parte de la unidad) y Hernán Cadavid. Este último aparece mencionado como la persona que aportó al expediente una carta de uno de los potenciales testigos, según se lee en el documento de 1.554 páginas que El Espectador conoció integralmente. En la decisión queda claro que a través de los integrantes se daban órdenes, se tramitaban poderes para abogados y se le informaba al senador los avances de las gestiones.

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¿De qué se trataba? De conseguir evidencias que se pudieran entregar a la Corte Suprema que, para 2018, había archivado la denuncia que Uribe había puesto contra el senador Iván Cepeda, alegando que este manipulaba testigos para que dijeran que el exjefe de Estado tenía nexos con paramilitares. La Corte no encontró delito en la actuación de Cepeda y, en cambio, ordenó investigar a Uribe Vélez por manipulación de testigos. En ese contexto se buscó contactar al testigo Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado que ha vinculado al expresidente con la formación del Bloque Metro, para que se retractara de sus dichos. Para eso, el abogado Diego Cadena fue a La Picota el 21 y 22 de febrero de 2018 y en varias ocasiones en abril y marzo de ese año, para intentar tramitar una carta cambiando su versión.

En el expediente reposan interceptaciones que indican que las diferentes gestiones que estaban haciendo los abogados del expresidente Uribe Vélez eran conocidas por Fabián Arturo Rojas Puerta, quien tomaba mensajes y enviaba recados. En una conversación del 21 de marzo de 2018, Diego Cadena y Rojas hablan sobre un documento que hizo el también abogado Jaime Lombana, del que, según la valoración de la Corte Suprema, estaban pendientes para que Cadena fuera por cuarta vez a la cárcel a entrevistarse con Monsalve para tratar de conseguir la retractación. Según la Corte, Uribe Vélez le encargó a Rojas la gestión de la revisión de la misiva.

Media hora después, el mismo miércoles 21 de marzo de 2018, Cadena llama de nuevo a Rojas Puerta y hablan del documento ya revisado. Rojas le dice: “Entonces doc (sic) voy a decir que procedan entonces, porque estoy como angustiado con el tiempo”. Para la Corte Suprema, “lo que indican estas conversaciones es que habiendo visitado Cadena a Monsalve el 20 de marzo, luego surgió un hecho que lo determinaría a volver el 22 de marzo, hecho que correspondería a la elaboración de un documento por parte del doctor Jaime Lombana como ya quedó visto en la conversación con Fabián Rojas Puerta, del cual tenía conocimiento el senador Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su asesor de la UTL Rojas Puerta estaba pendiente del concepto que le diera Diego Cadena”.

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Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes y con varias maestrías, Fabián Rojas fue asesor legislativo de la senadora Paloma Valencia entre 2016 y 2017, antes de llegar a la UTL de Uribe Vélez. Rojas, según las declaraciones rendidas en la Corte, era la persona que se encargaba del trámite de los poderes en la oficina y era “el único enlace contacto para recibir la información que Cadena o Salazar recaudaban y la enviaba a la oficina de los abogados titulares en los expedientes para que estos a su vez las encausaran a la Corte”. Otra conversación interceptada entre Fabián Rojas y Diego Cadena se produjo el 11 de abril de 2018 para discutir un video que entregó Eurídice Cortés, alias Diana, porque al parecer el contenido no era lo que esperaba el senador Uribe Vélez, aunque no se disgustó por ello.

La Corte tiene otra conversación del 12 de abril de 2018 entre Fabián Rojas y María Claudia “Caya” Daza en la que hablan de no generarle al senador Uribe Vélez falsas ilusiones, ya que este estaba “muy esperanzando” con la carta del testigo Juan Guillermo Monsalve, por lo que acuerdan decirle a Diego Cadena que no le informara nada al “jefe” antes de tener todo “amarrado”. María Claudia Daza renunció a la UTL de Álvaro Uribe cuando se hizo público el audio de una conversación que sostuvo en junio de 2018 con José Guillermo Ñeñe Hernández Aponte, un ganadero señalado de narcotráfico, sobre la campaña presidencial de Iván Duque. Actualmente se encuentra fuera del país y el pasado 3 de junio de 2020 rindió interrogatorio ante la Fiscalía General que investiga la llamada “Ñeñepolítica”.

Ese mismo 12 de abril, Fabián Rojas habla con Cadena sobre lo que hará con el video de alias Diana y le pregunta: “Mi doctor qué pena ... y que definió sobre el video?”. Seguidamente Cadena le pregunta al propio expresidente Uribe si vio su video. Y el senador le contesta: “Pues hombre, lo vio aquel muchacho Fabián, sobre ese tipo Alberto Guerrero, pero me dijo que usted iba a mandar otra parte, que no hiciéramos nada por ahora”. Cadena dice que no, que ese es el video completo y Uribe se compromete a verlo completo. Diana entregó una declaración desvirtuando las declaraciones que ha dado alias Alberto Guerrero, quien ha acusado al expresidente de nexos con el Bloque Metro. Alias Diana ha expresado que Guerrero no puede decir eso porque nunca hizo parte de esa facción paramilitar.

Otra conversación del 27 de abril de 2018, demuestra para la Corte -una vez más- que Diego Cadena “coordinaba la entrega de las gestiones que realizaba con el doctor Fabián Rojas Puerta de la oficina del senador Uribe Vélez, como atendían sus instrucciones y el manejo tenso con la oficina del señor abogado defensor, doctor Granados. Pero además relevantemente cuál era el trato que se le impartía a Diego Cadena, esto es que Rojas Puerta lo recibiera directamente y no permitiera que hablara con nadie más”. En la llamada, Rojas le cuenta ese episodio a Cadena.

-Fabián: Él me dijo, fue chistoso, porque él estaba a mi lado ... sí, o sea él estaba ahí sobre la oficina de al lado y me timbró y yo y cuando veo presidente en el teléfono yo dije al presidente se le timbró el teléfono y yo me asomé y me hizo caras, entonces yo me di cuenta y yo me salí por (inaudible) ¿cuente presidente? entonces me dijo como bien sabe ya viene Diego, entonces recíbalo usted y que no hable con nadie más.

-Cadena: Ah ok, listo

-Fabián: Entonces por eso yo salí de una, pum, pum, pum ... y ya. Cuando esto fue cuando yo lo estaba esperando ahí y yo me le asomé y le hice caras y él me hizo caras ... y como ya, y fue cuando salí a hablar con usted mi doctor.

-Cadena: Ah bueno, bueno, no bien. ¿Buen síntoma entonces?

Fabián: Sí, me gusta porque, pues él me reite ... me sigue reiterando lo mismo de las otras oficinas mi doctor Diego; o sea está supremamente aburrido, o sea, no se gana, pero ni una tutela, con decirle, no se gana ni una tutela y vainas chimbas; o sea perdemos ...

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La reunión con el coronel Germán Rodrigo Ricaurte

Un episodio clave que relaciona a Fabián Puerta Rojas y las gestiones realizadas en este expediente tiene que ver con tres cartas que fueron radicadas a la Corte Suprema por la defensa del expresidente en las que paramilitares afirman que Iván Cepeda les estaba ofreciendo beneficios para declarar en contra de Uribe Vélez. Las cartas aparecen firmadas por Elmo Mármol Torregrosa, Geovanny Cadavid Zapata y Máximo Cuesta Valencia, quienes fueron visitados por Cadena el 21 de junio de 2018, luego de que Fabián Rojas le contara que ellos habían sido visitados por Cepeda.

Según Cadena, en la puerta de la cárcel se encontró por casualidad con la abogada Ángela López -quien iba a visitar a un cliente apodado Cesarín- y quien le ayudó a abordar a los paramilitares. Las cartas no fueron escritas de puño y letra de los paramilitares sino por López, según los testimonios, porque supuestamente ellos tenían mala ortografía o escribían muy despacio. Y fueron radicadas por cadena el 28 de junio de 2018. ¿Cómo supo Rojas Puerta de estos testigos?

Según su declaración, un día estando en plenaria del Senado, Gisela Matamoros (la periodista que maneja las comunicaciones a María Fernanda Cabal) lo buscó, angustiada, porque tenía que entregarle una información a Uribe acerca de un cubano que supuestamente había sido trasladado a La Picota para hacer una entrevista y afectarlo. La periodista dijo tener una fuente confiable que debía reunirse con el senador. Al final, se reunieron en una restaurante de Bogotá Rojas y Cadena con el coronel Ricaurte, director de la cárcel de Cómbita, y Ángela López quien no solo era abogada de delincuentes sino asesora del oficial. Según Rojas, en un momento, López dijo que tenía personas de sus procesos que le habían manifestado que conocían asuntos que perjudicaban al expresidente y que habían buscado manipularlos.

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Después de la reunión, Cadena y Rojas fueron al apartamento del senador a Uribe a contarle lo que pasó. El integrante de la UTL ha asegurado que él cree que Cadena siguió en comunicación con ellos y que luego de insistir en si estaban interesados, Cadena se dirigió a recoger los testimonios a la cárcel. Las tres declaraciones fueron remitidas por Rojas -según su dicho- a la oficina de Jaime Granados, otro de los abogados de Uribe, y, dice la Corte Suprema: “(Rojas) aseguró que el senador Uribe Vélez tuvo conocimiento de que quien la recolectó fue Diego Cadena y que fueron derivadas de la reunión con el coronel Ricaurte y Ángela López”.

No obstante, la defensa del expresidente Álvaro Uribe considera lo contrario. Así lo indicó en un comunicado de prensa el abogado Jaime Granados, que fue emitido antes de que El Espectador revelara la decisión de la medida de aseguramiento pero cuando ya se sabían algunos detalles del testimonio de Rojas. “No es cierto, como se está tratando de insinuar, en otra filtración que atropella el debido proceso, que el doctor Fabián Rojas haya hecho sindicación alguna en contra del Presidente Uribe. Si el país conoce de forma íntegra el contenido de esa declaración podrá apreciar que nada de lo dicho por el doctor Rojas implica una actuación indebida del Presidente Uribe”, señaló.

Fabián Rojas aseguró que cuando revisó las cartas, le llamó la atención que había dos con la misma letra, por lo que le expresó su preocupación a Uribe Vélez y le habló fuertemente a Diego Cadena, quien se limitó a decirle que las personas no se sentían bien escribiendo por la ortografía. Rojas dijo además que habló con el coronel Ricaurte dos o tres oportunidades más porque “él manifestó un interés posterior, algo burocrático, algo que estaba pendiente por el cambio del Inpec”. Asunto que transmitió a Uribe Vélez, quien le dijo a Rojas que “qué era esa locura”, por lo que cortó comunicación con el oficial.

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Rojas declaró en la Corte el 26 de noviembre de 2019 y allí manifestó, por ejemplo, que Victoria Jaramillo, conocida como Vicky Jaramillo, “buscaba constantemente querer ser vinculada” a la UTL de Uribe y que el expresidente en una ocasión comentó que ella lo había buscado para transmitirle una información. Ante esto, el senador le dijo que hablara con Diego Cadena. Rojas Puerta declaró también que Jaime Lombana (otro abogado de Uribe) sabía del contacto permanente que tenían Jaramillo y Diego Cadena, por lo cual Lombana le solicitó a Cadena que buscara la forma de recuperar un chat de WhatsApp que ella le envió diciéndole que un “señor”, los estaba buscando “para decir toda la verdad”. Lombana negó a la Corte conocer a Jaramillo.

Vicky Jaramillo no trabajaba para el expresidente, sino que intentó buscarlo luego que Ricardo Williamson le comentara que su cuñado y amigo, Enrique Pardo Hasche estaba detenido en prisión junto a un testigo que -según su versión-supuestamente quería retractarse de declaraciones hechas sobre el expresidente Uribe Vélez. Pardo llamó la primera vez a Willamson el 31 de diciembre de 2017 cuando “causalmente” este estaba con Jaramillo y Willamson la llamó desde ahí (según la declaración de Jaramillo) varias veces. Jaramillo buscó a Lombana y al propio Uribe, quien la remite a sus abogados.

Ese contacto con el expresidente se hizo hacia marzo de 2018 a través de María Claudia Daza, quien le pasó la llamada. Para la Corte, Jaramillo pretende hacerse ver solo como una “razonera” entre Williamson y Cadena pero la Sala de Instrucción le compulsó copias al encontrar inconsistencias en su testimonio por presunto falso testimonio. Entre otros, porque al explicar Jaramillo las conversaciones con Ricardo Williamson, ella responde a la Corte -según las consideraciones de la Sala- “como si fuera un libreto aprendido lo repite una y otra vez, en más de 7 oportunidades”.

Aunque el contacto de Jaramillo con el expresidente se hizo por intermediación de María Claudia Daza, a la Sala de Instrucción le parece extraño que cuando ella declaró no hiciera mención a ese episodio. Sucedió a mediados de marzo de 2018 en las instalaciones del hotel Dann Carlton de la 94 en Bogotá, lugar al que Jaramillo llegó porque le habían avisado que allí estaría el senador. No obstante, cuando Jaramillo llegó, Uribe Vélez ya se había ido, por lo que “Cayita” Daza los contactó.

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“Es llamativa la omisión por cuanto justamente por ser la secretaria del senador Uribe Vélez, se le estaba interrogando si en virtud de esa posición había tenido conocimiento de la existencia de procesos penales en contra de su jefe y en caso de ser así, qué gestiones había desarrollado. Además, que se le indagó por Victoria Eugenia Jaramillo, por Diego Cadena a quienes conocía y evidentemente tenían relación con este asunto, mucho más cuando curiosamente la defensa en su solicitud probatoria no pidió que se escuchara a Victoria Eugenia Jaramillo, sino a María Claudia Daza para que diera cuenta de este hecho que evidentemente evadió referir”, dijo la Corte.

Sobre Hernán Darío Cadavid, quien es asesor del senador Álvaro Uribe, su nombre aparece en el expediente como la persona que obtuvo una carta del paramilitar Gabriel Muñoz Castañeda, alias Castañeda para el proceso. Para la Sala de Instrucción del alto tribunal, estos roles de los integrantes de la UTL son “protagónicos” y, por eso, para evitar que pueda el expresidente tener contacto con ellos, entre otras razones, ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso en contra del senador Uribe Vélez, quien ha negado haber cometido delito alguno. “Esto, resulta necesario añadir, aunque deba reconocerse que ya no hacen parte de la Unidad Legislativa del aforado María Claudia Daza, ni Fabián Rojas Puerta; situación diversa, en todo caso, respecto de Hernán Cadavid, quien aparece como el medio a través del cual se aportó una de las cartas de los potenciales testigos”.

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Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo, el abogado Jaime Granados publicó un comunicado de prensa en el que afirma que El Espectador hizo una tergiversación de la llamada interceptada el 21 de marzo de 2018 entre Diego Cadena y Fabián Rojas, en la que hablan de un documento elaborado por el también abogado Jaime Lombana. Este diario precisa que es la Corte Suprema la que asegura que el documento “sería la razón por la que Diego Cadena tuvo que ir el 22 de marzo de 2018, a entrevistarse nuevamente con Monsalve, pues de otro modo no habría motivo, si para ese momento no se había realizado la gestión por parte de Juan Guillermo Villegas para que Monsalve Pineda tuviera confianza en Diego Cadena y le diera la retractación a él”. La defensa del expresidente asegura que el documento tiene ver con un incidente de desacato.

Este es el comunicado de Jaime Granados:

El siguiente pantallazo corresponde a las valoraciones que hizo la Corte Suprema, citadas por este diario:

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