Tal como están las cosas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Leonidas Bustos, va en camino a una nueva retractación obligada por sus colegas, los otros 22 integrantes de ese alto tribunal, que son la Sala Plena. Ya había pasado en mayo de este año. De nuevo, expresarse sobre un asunto delicado para la Corte —en este caso el proceso de paz— sin consultarlo con los jueces que él representa lo tiene en aprietos. A todas luces, varios de los magistrados consideran inconveniente que la Corte Suprema navegue en las arenas movedizas de la paz, lo cual, creen, les corresponde sólo a los protagonistas de La Habana.
Este jueves varios magistrados quieren recordarle a Bustos que él es un vocero, una especie de subalterno de la Sala Plena, por muchas ganas que tenga de contribuir a la paz. El Espectador conoció la profunda incomodidad de varios magistrados que critican el apoyo abierto de Bustos a los diálogos con las Farc bajo una tesis elemental: si se firma la paz, la Corte tendrá que pronunciarse sobre aspectos esenciales en la implementación del posconflicto y, por tanto, hoy más que nunca, tiene que permanecer aséptica de cualquier contaminación política.
La inconformidad nació de la mano del discurso inaugural que el magistrado Bustos dio en el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, realizado en Cartagena hace una semana. Allí se alineó con el fiscal general y el Gobierno y reiteró lo que ha manifestado desde que fue elegido presidente de la Corte, en enero de este año: que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz. “Los poderes públicos no pueden constituirse en una barrera que impida la materialización de ese fin constitucional (...) Con el Marco Jurídico para la Paz, sin ser una normatividad perfecta, está servida la oportunidad para fortalecer el Estado social de derecho”.
La postura del magistrado Bustos no es sorpresa para nadie. Apenas tres semanas después de su elección dejó claro, en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo, que su apuesta era por “conciliar” fórmulas jurídicas “que permitan dar el gran paso de la guerra a la paz”. Desde entonces expuso que, tal como lo ha asegurado también el fiscal, Eduardo Montealegre, hay formas de castigo distintas al encierro, y que lo más importante era y es la paz. Pero esa era una posición personal, mientras en Cartagena todo lo que hizo, incluido entregarle al presidente Juan Manuel Santos una condecoración en forma de paloma, lo hizo a título de vocero de 22 magistrados más.
“El lío es que no nos consultó lo que iba a decir. El programa de Cartagena sólo lo compartió tres días antes del evento. Los contenidos del encuentro tampoco los sometió a discusión. Si se iba a llevar ese tema, debía llevarse con pros y contras, no así como lo hizo. Además, somos varios los que lo pensamos: la Corte no debería meterse de lleno en el tema de la paz. Este jueves, él debe entregarle a la Sala Plena un balance del evento en Cartagena. Ahí será la ocasión para que tengamos este debate”, le dijo un magistrado a este diario.
El rol que jugará la Corte Suprema de Justicia en caso de que se llegue a firmar la paz es tan fundamental que este año el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, y gente de su equipo ya han estado dos veces en el alto tribunal, en reuniones informales, contándoles a los magistrados en qué van los diálogos. “Ahí se avizora cuál podría ser la intervención de la Corte. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter en esa discusión?”, sostiene otra fuente del alto tribunal.
Estas palabras que hoy se oyen en los pasillos de la Corte Suprema riman con las que el vicepresidente de la Corte, el magistrado Fernando Giraldo, dijo en Cartagena después del discurso inaugural de Bustos: “Sin espíritu conflictivo debemos afirmar que aquí faltó la otra opinión. Estuvo ausente la opinión de muchos colombianos que tienen otra percepción de lo que pasa alrededor de la paz, que discrepan y se apartan de lo que se está haciendo en las conversaciones tendientes a poner fin a esta guerra de tantos años”.
Cuando Bustos le entregó al presidente Santos la condecoración en forma de paloma, expresó: “Señor presidente, la Corte Suprema de Justicia y la justicia en Colombia creen en la paz y confían en su prudente juicio, en su ponderación. Toda la Rama Judicial lo acompaña en la prosecución de la paz”. En contraste, el magistrado Giraldo, apoyado por otros de sus compañeros de tribunal, dijo frente a cámaras y micrófonos de medios: “Nosotros tenemos que apoyar al presidente en todo lo que hace, pero también tenemos derecho a discrepar y disentir. Yo estoy molesto porque no se invitó a la otra opinión”.
Un asunto más que tiene entre molesta y preocupada a la Corte, especialmente a la Sala Penal, es la otra gran afirmación del magistrado Bustos en Cartagena: “Nadie dudaría de que existe una conexidad entre el delito de narcotráfico y el delito de rebelión”. En estos días, precisamente, se discute el caso de un guerrillero al que Estados Unidos solicitó en extradición tanto por el delito de rebelión como por el de narcotráfico. “Al de rebelión tenemos que decirle que no porque es un delito político, pero al de narcotráfico tenemos que decirle que sí”, dijo una fuente que conoce ese proceso.
En los últimos días es tanta la desconfianza de algunos magistrados hacia su vocero, el presidente de la Corte, José Leonidas Bustos Martínez, que uno de ellos ha considerado pedir el video del discurso que dio en Cartagena para verificar que concuerde con el documento escrito. La anécdota aquella de que Martha Cristina Pinera, esposa del magistrado Bustos, se autoproclamara “primera dama de la Corte Suprema de Justicia” tampoco le cayó en gracia a más de uno. Y algún otro dice, con ironía, que el fiscal Montealegre va tanto a la Corte Suprema que “se la pasa más acá que en la propia Fiscalía”.
La primera vez que el magistrado Bustos fue desautorizado por sus compañeros —algo sin precedentes— fue el 7 de mayo de este año, cuando el magistrado Fernando Giraldo divulgó que la Corte Suprema no apoyaba la idea de convocar a una constituyente para reformar la justicia. Veinticuatro horas antes Bustos le había dado su respaldo a la propuesta —como vocero de la Corte Suprema—, igual que lo hicieron los presidentes de las otras tres altas cortes, un representante de los funcionarios de la Rama Judicial y el fiscal Eduardo Montealegre, miembros todos de la Comisión Interinstitucional que oficializó la idea.
Esa vez la Sala Plena rechazó por unanimidad el apoyo de Bustos a la iniciativa. Lo hizo de forma sutil. Este jueves, sin embargo, no se sabe si la sutileza reinará cuando le pregunten al magistrado por qué no consultó a la Corte si quería involucrarse en el espinoso debate de la consecución de la paz y, en caso de querer, en qué términos quería hacerlo.
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La carta en desacuerdo con Bustos
A comienzos de febrero de este año, José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le concedió una entrevista al periódico El Tiempo en la que aseguró que el derecho no puede ser un obstáculo para la paz.
Incomodados por estas las palabras, tres juristas colombianos le enviaron una carta al presidente de la Corte en la que expresaron su descontento con que jueces de la talla de Bustos interfieran en asuntos políticos.
“A nuestro modo de ver, la representación legal y social que el reglamento de la Corte Suprema atribuye a su presidente no alcanza para permitirle dar opiniones sobre temas que hacen parte de la agenda política de la Nación”, escribieron en la misiva Hernando Yepes Arcila, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exministro de Trabajo; Juan Carlos Esguerra, exministro de Defensa y de Justicia, y Álvaro Tirado Me
Puntos claves de la reforma de poderes
Casi un año duró el debate para reformar el equilibrio de poderes en el Senado. Su aprobación se logró el 16 de junio de este año y fueron cinco los puntos claves aprobados. El primero, y quizás el más importante, fue la eliminación de la reelección presidencial y de cargos como procurador, contralor, vicepresidente y fiscal, entre otros.
El segundo fue que quienes queden en segundo lugar en las elecciones presidenciales pasen a tener una curul en el Senado y en la Cámara de Representantes. En tercer lugar se eliminaron las curules que tenían los colombianos en el exterior y se les dio este lugar a dos representantes de San Andrés.
El cuarto punto consiguió la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y que en su lugar se cree el Consejo Nacional de Gobierno Judicial, que tendrá como tarea principal definir las políticas de la Rama Judicial, postular ternas de candidatos y expedir reglamento de la rama.
Y en último lugar, entre los puntos claves de la reforma constitucional está la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cuyo lugar se establecerá una comisión de aforados que se encargará de investigar y acusar a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general.