En cincuenta días de finales de 1986, con el gobierno de Virgilio Barco apenas nombrando funcionarios, Pablo Escobar mató a tres de sus enemigos esenciales. Al juez Gustavo Zuluaga que lo investigó cuando trascendieron sus antecedentes judiciales. Al coronel Jaime Ramírez que lo persiguió y le arrebató Tranquilandia. Y al periodista que lo puso al descubierto: Guillermo Cano. El cuarto fue Rodrigo Lara, asesinado el 30 de abril de 1984. El 12 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia echó abajo la ley aprobatoria del Tratado de Extradición, fue su victoria completa aunque sabía que se venía la redada. Pero había aprendido de escapes con el magnicidio de Lara. El primero en caer, la primera semana de enero, fue el narcotraficante de Amazonas, Evaristo Porras Ardila, presentado como capo y sumado a las listas de los hallazgos en los allanamientos a lujosas viviendas. (Primera entrega: Antes que Estados Unidos, España nos prohibió la coca )
Los verdaderos patrones estaban en la guerra y golpearon a las once y 25 de la mañana del 13 de enero. Un sujeto vestido con traje de esquiador baleó en Budapest (Hungría) al embajador Enrique Parejo cuando salía de su residencia en Rozsadomb. El exministro de justicia que concretó la extradición de 13 colombianos tras el crimen de Lara, sobrevivió de milagro. Un disparo le destrozó el maxilar. Otro le atravesó el antebrazo derecho. El tercero le laceró el cuero cabelludo a la altura de la nuca. El cuarto lo hirió en el cuello, pero la bala no afectó sus vértebras cervicales. El quinto le atravesó el brazo izquierdo. Cuando una ambulancia llegó a auxiliarlo, la nieve la atascó a tres cuadras. Para evacuar al herido se usó un camión militar. Pasaron casi dos horas hasta su ingreso al hospital Koltoi Anna, donde fue intervenido. Le salvaron la vida en el quirófano. (Segunda entrega: Cuando Colombia consumió cocaína 'made in Germany')
La revancha del Estado se dio a las dos semanas, cuando en la vereda Los Toldos en Guarne (Antioquia), un grupo de policías que llegó a contener los escándalos de un grupo de catorce jóvenes dedicados a consumir licor y droga en una finca del militante del Movimiento Latino Nacional Darío Lopera, terminó identificando al rey de la francachela, al capo Carlos Lehder Rivas. Lo delataron sus aliados, pero bajó la presión contra Pablo Escobar. “Nos cayó la virgen del cielo”, fue la frase del día registrada en los periódicos, aportada por el mayor de la Policía que dio el inesperado parte del positivo para el gobierno Barco. Por orden presidencial, en ocho horas Lehder fue trasladado a Medellín, luego al aeropuerto militar en Bogotá y ahí entregado a varios agentes de la DEA. En un avión Turbocommander fue conducido a una base militar en La Florida y después a una cárcel de Tampa. (Tercera entrega: Patrones y sicarios: así era el ajedrez de la mafia antes de Escobar)
Con la extradición de Carlos Ledher, el gobierno Barco notificó que así el tratado tuviera yerros, era orden presidencial extraditar mafiosos. Lo único a lo que temían. El vocero del Departamento de Estado, Charles Redman, resaltó la complacencia del gobierno Reagan, pero el director de la DEA, John Lawn, fue más explícito: “Tenemos ya al primero, pero nos faltan tres más: Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Rodríguez Gacha”. Con sus gatilleros, ninguno de ellos descansaba en su guerra. El sábado 11 de abril, una carga de dinamita explotó en el parque Simón Bolívar de Medellín y voló una escultura del periodista Guillermo Cano. La violencia era también contra la memoria o la libertad de expresión y El Espectador significaba un periódico incómodo al que la mafia se propuso sacar de Medellín a cualquier precio. El cartel y sus socios de las autodefensas eran también ley en la ciudad. (Cuarta entrega: Cuando los narcos eran 'los chachos' de Colombia)
Apremios para un gobierno que no llegaba a su primer año y ya enfrentaba una oleada de guerra sucia que anuló cualquier opción de diálogo, y semanalmente comenzó a dejar víctimas de la Unión Patriótica, A Luchar, Frente Popular, organizaciones indígenas o campesinas, sindicatos. El 17 de junio, cuando las Farc atacaron un convoy militar en la vía entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en Caquetá, dejando 27 militares muertos, quedó claro que los acuerdos de La Uribe entre gobierno y guerrilla terminaban. “Donde quiera que sea atacada la fuerza pública, el gobierno entenderá que se ha terminado el cese al fuego”, fue la declaratoria final. Se rompió la tregua con las Farc y los líderes de la Unión Patriótica (UP) quedaron en estado de indefensión. Por eso fueron carne de cañón del paramilitarismo y sus eslabones, entre ellos el narcotráfico. (Quinta entrega: El comienzo de un huracán de violencia llamado 'extradición')
Con oficiales y suboficiales de la fuerza pública en la nómina o compartiendo inteligencia con sus bandas armadas, Rodríguez Gacha fue un declarado victimario de la UP. En la misma tónica, Fidel Castaño y sus hermanos Vicente y Carlos, sembraron el terror en Medellín, dejaron su sello Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño y, con el combustible del narcotráfico, alentaron su cruzada antisubversiva. Mientras las Farc llenaban sus arcas con los mismos dineros, el paramilitarismo desdoblaba sus facetas. Los Grillos, Los Tiznados, Los Masetos, Los Escorpiones, limpieza social a la orden del día. Por esos días, a instancias de la ONU, se desarrolló una conferencia internacional sobre el problema del tráfico de las drogas, pero el mundo no quedó suficientemente enterado que en Colombia se había convertido en un multiplicador de la muerte.
Los Extraditables, faceta corporativa de los narcotraficantes, alentaban un capítulo paralelo de exterminio, aunque acabó por escindirse por sus mismos excesos. A la usanza de la Oficina de Envigado, donde tenía que pagar todo aquel que delinquiera, Pablo Escobar quiso extender el método a sus pares mafiosos para financiar la guerra. Algo así como una contribución, una segunda fase del movimiento Muerte a Secuestradores para incentivar la causa contra la extradición y enfrentar militarmente al gobierno, y de paso a Estados Unidos. Pero encontró un opositor que no quiso copiarle, Gilberto Rodríguez Orejuela, que acababa de salir bien librado de la justicia después de ser extraditado desde España, y aportó un argumento que fue su inamovible: “Nadie ha ganado una guerra contra un Estado”.
Además de su negativa a tributar para Escobar y su proyecto de guerra total, también existían desarreglos entre capos, y el cartel de Cali adoptó otra estrategia: convertirse en informante del Estado en su lucha contra Escobar y Rodríguez Gacha. Por eso infiltró hombres de su organización en el cartel de Medellín para obtener información. La discordia solo quedó a la espera de un pretexto para volverse violencia. El sábado 21 de noviembre de 1987, entre Palmira y Buga fue capturado en un retén de la Policía Vial el narcotraficante Jorge Luis Ochoa y circularon versiones de que la información fue aportada por el cartel de Cali. Ochoa fue sorprendido al volante de un Porsche blanco, tipo coupé, último modelo y la idea del gobierno fue repetir la ruta aplicada a Carlos Lehder. Pero la mafia prendió sus alarmas y activó el bufete de sus abogados.
Mientras los juristas esgrimían sesudos argumentos en derecho para neutralizar la extradición de Ochoa, los pistoleros del cartel de Medellín intentaron secuestrar al director del periódico El Colombiano, Juan Gómez Martínez, pero literalmente éste y su hijo se defendieron a bala después de que los asaltantes tumbaron la puerta del garaje de su casa. Tras el frustrado secuestro, los extraditables admitieron su autoría y anunciaron que, si Jorge Luis Ochoa era extraditado, no habría freno. “Declararemos la guerra total y absoluta contra toda la clase política dirigente del país. Ejecutaremos sin consideraciones de ninguna naturaleza a los principales jefes políticos de los partidos tradicionales”. El gobierno Barco comenzó a buscar la forma de extraditar a Ochoa sin poner en riesgo a tanto notable y el cartel de Medellín ganó el tiempo que necesitaban sus abogados.
Hasta que encontraron la fórmula de la libertad: un recurso de habeas corpus. Aunque el juez que lo concedió sabía que no podía hacerlo porque contra Ochoa pesaba una condena por contrabando de reses de lidia, así fuera por escasos 20 meses, lo autorizó a riesgo de ser procesado. El 30 de diciembre, en medio del sopor del fin de año, un sorpresivo motín de presos en La Modelo ocupó a las autoridades y puso al director de prisiones a encararlo. Entre tanto, al otro lado de la ciudad, el director de La Picota y el juez acompañaron a Ochoa hasta la puerta principal de la cárcel. El Espectador tituló al día siguiente en primera página: “¡Que vergüenza señor presidente!”. Estados Unidos declaró que se trataba de “un golpe vergonzoso contra la ley internacional y una violación a las promesas”. El gobierno se resignó a decir que los cómplices serían investigados.
Para tratar de enmendarlo, el ministro de justicia Enrique Low firmó de inmediato cinco autos de detención con fines de extradición contra Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y los tres hermanos Ochoa. Pero Escobar ya tenía lista su avanzada de secuestros estratégicos para contener la ofensiva del gobierno. Dada la orden para concretarlo, sus nuevos enemigos lo atacaron donde lo sabían vulnerable. En el edificio Mónaco, sitio de vivienda de su familia en el sector de El Poblado, donde pasadas las cinco de la mañana de 13 de enero de 1988 explotó un carro bomba. El único piso habitado era el penthouse, que ocupaban su esposa María Victoria Henao y sus dos hijos Juan Pablo y Manuela. En los demás pisos se ocultaba una imponente colección de arte con originales de Botero, Obregón o Enrique Grau. El parqueadero era una colección de autos antiguos y lujosos.
Era el bunker privado de Pablo Escobar, quien entendió que el ataque era del cartel de Cali. Con versiones de que el hombre que lo hizo fue preparado por Fidel Castaño, que lo ejecutó gente de Cali, lo único claro fue su gestor, Hélmer “Pacho” Herrera, patrón y enemigo de Escobar, con cuentas por resolver y droga cruzada. En respuesta al ataque a Mónaco, Escobar ordenó explotar la cadena de farmacias La Rebaja de sus enemigos en Cali y aceleró su plan secuestro contra el Estado. El 11 de enero, un comando armado sacó de la sede de su campaña a la alcaldía de Bogotá al periodista y dirigente conservador Andrés Pastrana, hijo del expresidente Misael Pastrana. Al cuarto día, los extraditables circularon un comunicado para advertir que hasta tanto el Estado no aceptara suspender las extradiciones y entablar un diálogo, Pastrana quedaba cautivo.
Se armó el revuelo político, la mafia condicionó como únicos mediadores para un arreglo a Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón o Carlos Jiménez Gómez, entre otros, y Escobar aprovechó para asestar su segundo golpe. El 25 de enero, cuando llegaba al aeropuerto José María Cordova, fue secuestrado el procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Los escoltas del funcionario fueron asesinados. La reacción de las autoridades fue una operación rastrillo en la zona para localizar al cautivo que se llevaron herido. De manera accidental, un grupo de cinco policías llegó a una finca cercana a El Retiro y un sujeto gritó a los uniformados que tenía en su poder a Andrés Pastrana, pero si alguno se canjeaba por él, lo soltaba. Así se hizo. El dirigente alcanzó su libertad y, minutos después, el agente que se hizo rehén también recobró la suya.
Andrés Pastrana se salvó de un largo cautiverio o incluso la muerte, pero según relató años después el confeso narcoterrorista John Jairo Velásquez, alias Popeye, cuando Pablo Escobar se enteró, como forma de “bajarle el triunfalismo al gobierno”, ordenó que Carlos Mauro Hoyos fuera ejecutado. A un lado de la carretera Las Palmas, junto a una plantación de pinos, con las manos esposadas, vendado y con impactos de bala en el pecho y la cabeza, fue encontrado su cadáver. Entre condolencias y declaraciones públicas, el gobierno Barco se decidió por el decreto 180 de 1988, llamado Estatuto para la Defensa de la Democracia, primer frente de artillería antiterrorista dictado al amparo del Estado de Sitio para encarar a la mafia. Con facultades de excepción para abordar una guerra que el mundo veía con asombro mientras en Colombia era un abismo.
Una encrucijada en la que el gobierno también lanzó su idea de reformar la constitución para atenuar la crisis. El 13 de marzo de 1988 se estrenaba la elección popular de alcaldes, y fue el escenario que el paramilitarismo escogió para desatar su acometida contra la UP, en el objetivo de que no alcanzara representación alguna en el poder político. En la hacienda Honduras, en Turbo (Antioquia), masacró a 17 trabajadores bananeros, y fue apenas el comienzo de una brutal campaña de terror que la Casa Castaño desarrolló a punta de masacres y asesinatos selectivos hasta que el año terminó y siguió derecho. Una embestida de matanzas que se repitió en Mejor Esquina, La Negra, El Tomate, Segovia, La Rochela o Pueblo Bello, con demasiadas víctimas inermes, mientras su socio Escobar enfrentaba también al Estado y al cartel de Cali, dosificando asesinatos y bombas.
El 22 de marzo, más de dos mil soldados de la Cuarta Brigada del Ejército, apoyados por helicópteros artillados y tanques de guerra, estuvieron a punto de capturarlo en la finca El Bizcocho, de su fortín en Envigado. Su esposa María Victoria Henao y su cuñada cayeron en la operación. Pero él huyó con “El Campeón” Alberto Areiza, John Jairo Arias o “Pinina” y Mario Alberto Castaño o “Chopo”. Lo encontrado en El Bizcocho permitió al Estado entender los alcances de su enemigo. Información estratégica sobre sus nexos con personalidades políticas, económicas y judiciales. El propietario de la finca, Gustavo Upegui, asociado al equipo de futbol Envigado, era pieza clave de su oficina de cobro. La heredó y fue uno de sus escuderos. Hasta 1998 respondió brevemente ante la justicia. En 2006 murió asesinado en una casa en San Jerónimo (Antioquia).
La funcionaria que dio el paso definitivo para que se enfocara la lucha contra el crimen organizado en cabeza de Escobar, fue la jueza de orden público, Marta Lucía González, quien adoptó una decisión crucial para el país, para su vida y la de su familia. Su pesquisa constató los nexos entre las masacres y el triángulo que las financiaba desde el Magdalena Medio, la zona de Urabá, Córdoba o Meta. Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. Con el respaldo operativo de Henry Pérez, la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) y una bien orquestada red de sicarios apoyada por oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía, autoridades municipales y hasta el alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio Rojas. La jueza se jugó la vida, pero develó que esa máquina asesina era la misma que mataba por la extradición. Piezas en el rompecabezas del narcotráfico.
Gonzalo Rodríguez Gacha o Fidel Castaño Gil, enceguecidos por el fanatismo antisubversivo y finos para corromper y seducir aliados en el Estado. Escobar, menos enconado con la guerrilla, amigo del M-19, pero puntual en su guerra terrorista. Contra ellos, una jueza inerme e indefensa y el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), general de la Policía Miguel Maza Márquez, develando además el dossier paramilitar, lo que no se sabía de Fidel Castaño, natural de Amalfi (Antioquia), gestor de Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, socio de Escobar y cabeza de la expedición de muerte que ensangrentaba a Colombia. En una de las fincas incautadas a Rodríguez Gacha, fue encontrada una copia del Estatuto para las Autodefensas Campesinas con una directriz inequívoca: “Acabar con el Partido Comunista y su brazo armado que son las Farc”.
Por eso en este tiempo no hubo semana sin asesinato de algún dirigente o simpatizante de la UP, como tampoco sin atentado a las farmacias de La Rebaja o las emisoras del Grupo Radial Colombiano. Las condiciones de Escobar para zanjar su disputa con los Rodríguez y Santacruz, se reducían a la entrega de Pacho Herrera y tres desertores del cartel de Medellín. No se dio y de esa confrontación quedó una zanja que el Estado usó para su guerra contra los capos. Una parte de éstos persistió en el objetivo de atacar a la guerrilla y para fortalecerlo importó mercenarios de guerra, que llegaron a Colombia desde el Reino Unido o Israel para instruir en tácticas de violencia extrema, fabricación de bombas o ataques terroristas. La saga criminal del coronel (r) israelí, Yair Klein, o del mercenario inglés David Tomkins, ganadores en el río revuelto de la violencia colombiana.
A mediados de 1988, esos mercenarios adiestraron a unos cincuenta hombres previamente escogidos. Veinte del grupo de Henry Pérez, por el apoyo esencial de Acdegam, veinte aportados por Rodríguez Gacha, cinco de Pablo Escobar, cinco de la Casa Castaño incluyendo a Carlos, y cinco del jefe esmeraldero Víctor Carranza, quien no había esgrimido su guerra con Rodríguez Gacha, pero sí le jugaba al paramilitarismo y al tiempo obraba a conveniencia del Estado, con buena información cuando era necesario. La encerrona de otras violencias paralelas con la misma impronta mafiosa, que también sumaban desde las guerras del fútbol. Al asesinato del presidente del Medellín Pablo Correa Ramos, perpetrado en 1986, ahora sumaban la muerte violenta del dueño del Deportivo Pereira y también exsocio del Atlético Nacional, Octavio Piedrahita Tabares que se acercaba a la gente de Cali.
Barones del narcotráfico y del paramilitarismo que vivían en estrecho contacto, y que tuvieron con los mercenarios un proyecto que finalmente nunca se consumó: atacar Casa Verde, sede del secretariado de las Farc en Uribe (Meta). La apuesta con David Tomkins, británico que había peleado en Andorra, Rodesia o Afganistán, que incluso constituyó un grupo a la cabeza del escocés Peter McAleese, dispuesto a atacar a los líderes de las Farc en su santuario. Según relata la periodista María Teresa Ronderos en su libro “Guerras recicladas”, con una docena de mercenarios, hacia agosto de 1988 estuvo listo en la Isla de la Fantasía, en el Magdalena Medio, el que apuntaba a ser “el golpe maestro de la guerra sucia en el corazón del Meta”. Al final no se concretó, pero quedaron enseñanzas terroristas y enlaces para el tráfico de armas hacia Colombia.
En octubre de 1988 hubo relevo en la embajada de Estados Unidos y llegó a Colombia Thomas McNamara, quien a los pocos días constató cuál era la dimensión de la barbarie que iba a constatar. El 11 de noviembre, un comando paramilitar irrumpió en Segovia (Antioquia) y masacró a 43 personas. Además del ataque al municipio gobernado por la UP, en adelante todo aquel que intentó esclarecer lo sucedido, firmó su sentencia de muerte. Lo hizo el abogado Tarsicio Roldán en apoyo a las familias de las víctimas y fue asesinado junto a su esposa. Era el mismo triángulo criminal denunciado por la jueza Martha Lucía González, que el Estado trataba de encarar con medidas desesperadas: aprobar la cadena perpetua, revivir la isla prisión Gorgona o eliminar los jurados de conciencia porque tampoco era posible blindarlos de las amenazas del narcoparamilitarismo.
Cuando declinó 1988, los medios lo rotularon como “El año de las masacres”. Pero el año nuevo comenzó peor desde el 18 de enero, cuando una comisión judicial de dos jueces, sus respectivos secretarios, seis agentes de la policía técnica judicial y dos conductores, que se internó en el Magdalena Medio para desentrañar las raíces del narcoparamilitarismo en expansión, fue masacrada en total impunidad. Con las manos atadas a la espalda, diseminados en el asfalto o inertes en un campero agujereado por las balas y pintado con distractores grafitis, quedó para la posteridad la imagen de la justicia acribillada. Solo sobrevivieron tres funcionarios. Fue la demostración de que la siniestra alianza entre narcotráfico y autodefensas, fuego amigo en la guerra contra la insurgencia o la izquierda democrática, tampoco tenía prevenciones para emboscar al Estado.
En verdad, el país no vivía días normales, como lo calificó el ministro de justicia, Guillermo Plazas Alcid, cuando afirmó que el país vivía “bajo la tenaza siniestra de la subversión estalinista y la derecha nazi fascista”. El 20 de enero, tomó posesión como presidente de Estados Unidos George Bush y, desde su discurso de posesión, perfiló su lucha prioritaria contra las drogas. “Tenemos mucho qué hacer y qué decir, pero una cosa prometo: esta plaga va a desaparecer”, comentó tras anunciar la creación de la oficina del zar antidrogas, que entró a ocupar William Bennett. Una visión de combate que necesariamente pasaba por Colombia, aunque la primera noticia que llegó a la Casa Blanca sobre este capítulo, de escasas 18 líneas en el semanario Time, dejó ver que además del narcoterrorismo, Bush debía enfrentar otro flagelo igual de grave: la corrupción y el soborno.
“Un curioso retiro” fue el título de la sucinta información que registró que la inesperada salida del director de la Policía, general José Guillermo Medina Sánchez, ocurrida dos semanas antes, no obedecía a los relevos normales en la institución sino a sospechas de que estaba en la nómina de Escobar. El semanario agregó que tenía evidencias de que el capo había huido de un cerco de las autoridades gracias a información suministrada por el oficial. El ruido mediático fue enorme y el general Medina Sánchez anunció denuncias penales que nunca se concretaron. Aunque como siempre se desvaneció el impacto del escándalo, meses después Medina fue condenado por enriquecimiento ilícito. Pocos volvieron a recordarlo porque los hechos rebasaron las grietas del Estado, y las guerras del narcotráfico también develaron los remezones entre sus propios capos.
Como el violento asalto perpetrado por sicarios de Gonzalo Rodríguez Gacha el 27 de febrero, para causar la muerte al poderoso jefe esmeraldero, Gilberto Molina Moreno, su mentor, quien murió junto a su jefe de seguridad -un coronel retirado del ejército-, dos socios que lo acompañaban, ocho guardaespaldas, el asistente de un congresista y seis personas más que asistían a una fiesta en la vereda Aposento del municipio de Sasaima (Cundinamarca). 19 víctimas y el desafío criminal de El Mexicano a su primer benefactor Gilberto Molina, antes de que la coca los enfrentara y se reeditara la guerra verde, que dejó decenas de asesinatos y atentados, en especial en Bogotá y el occidente de Boyacá. Rodríguez Gacha contra sus antiguos socios, mientras seguía oficiando como financiador insano de las autodefensas y socio de Escobar en la ofensiva terrorista que trasegaba el país.
La UP en la mira del narcoparamilitarismo. En febrero, Teófilo Forero, su esposa y dos militantes. En marzo, José Antequera, asesinado en El Dorado. La mano del triángulo Escobar-Rodríguez Gacha-Castaño, sus cómplices en el Estado y sus sicarios, que no pudieron matar a la jueza Martha Lucía González y le cobraron a su padre, el exgobernador de Boyacá, Álvaro González, asesinado en su carro el 4 de mayo, frente al Parque Nacional, cuando esperaba el cambio de un semáforo. Siete inocentes transeúntes muertos por atentar contra el director del DAS, Miguel Maza Márquez. La jueza de orden público María Helena Díaz y dos escoltas ametrallados por no revocar la decisión de la jueza González en el intocable expediente de la guerra sucia. El magistrado Carlos Valencia García, por confirmar que Escobar tenía que ser procesado por el crimen de Guillermo Cano.
Los funcionarios judiciales como objetivo primordial del cartel de Medellín, mientras el de Cali pensaba otra vez en David Tomkins, ya no para atacar a Casa Verde como pensaron en el Magdalena Medio sino a la hacienda Nápoles de Escobar en la misma región. Pero en la ruta hacia el asalto, el helicóptero Hughes 500 en el que se movilizaba una parte del grupo, pintado de verde para que pareciera Policía, se estrelló en la cuchilla del Tigre, en Sonsón (Antioquia). El hijo de un general de la Policía iba en la expedición y resultó muerto. La operación se detuvo y lo que vino después ya fue zarpazo. El viernes 18 de agosto, hacia las seis y 20 de la mañana, fue asesinado en Medellín el comandante de la Policía Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, que no dejaba respirar al capo; y en la noche, en la plaza central de Soacha, el candidato presidencial y seguro ganador Luis Carlos Galán.
El narcoterrorismo asestó un golpe demoledor que cambió el rumbo de Colombia. Lo ejecutó el cartel de Medellín con un comando de Rodríguez Gacha al mando de Jaime Rueda Rocha, alumno de Yair Klein, y cómplices en el Estado que pasaron de agache. Dos semanas después, el 2 de septiembre, detonó un camión bomba contra El Espectador. La sociedad asistía aterrada a la ofensiva mafiosa, pero el capo tenía tiempo para atender una entrevista internacional haciendo sonrojar: “Es que el Ejército es el pueblo, la Policía es el pueblo, y ellos saben que lo que nosotros les damos es platica. Mientras el Estado les da una o dos condecoraciones, nosotros les damos plata. Si no fuera por el narcotráfico en Colombia hubiéramos tenido una guerra civil hace cinco años. Usted que usted sabe que los políticos aquí no se preocupan sino por ver que se llevan o que se roban”.
El gobierno insistió en las extradiciones y el presidente Barco viajó en septiembre a la Asamblea General de la ONU en New York a recibir el aplauso del mundo por hacerle saber que existía un país que se encontraba acorralado por la mafia. “Es una perniciosa organización criminal con gran poder, nutrida de las utilidades ilegales provenientes del tráfico de drogas”, comentó ante 159 delegados, recordando a Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara o a los jueces, alcaldes, periodistas, soldados, policías o ciudadanos del común que seguían cayendo en las calles producto de los homicidios por listado y las explosiones. Con tres meses de anticipación, la organización Diplomatic World Bulletin de Washington escogió a Barco como el jefe de Estado del mundo en 1989.
Elogiado en el exterior, pero criticado en Colombia por lo contrario: inacción frente al crimen organizado. Un clima adverso que sacó también a relucir una historia oculta: de cómo el gobierno Barco, a través del secretario general de la presidencia, Germán Montoya, había sostenido contactos con voceros del narcotráfico, con intermediación del exministro de hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláez. El gestor de esa vuelta fue el abogado Guido Parra, ex asesor jurídico de la Presidencia en los años 60, suplente del senador Bernardo Guerra en los 70 y litigante exitoso en los 80, quien convenció al exministro Vallejo de participar en la gestión, a través de un encuentro con el capo que resultó relajada porque Vallejo era padrino de bautizo de Escobar, cuando sus padres Abel y Herlinda trabajaban como agregados en una de sus propiedades.
A cambio de la no extradición, los narcotraficantes se declararon dispuestos a cesar la violencia, entregar sus armas, desmontar los laboratorios, acabar con el negocio y someterse a la justicia. La misma fórmula de 1984, pero esta vez sintetizada en un borrador de preacuerdo que el exministro Vallejo hizo llegar a la Casa de Nariño. Cuando se supo, Germán Montoya lo capoteó con el apoyo del recién nombrado ministro de gobierno, Carlos Lemos, quien bajó la persiana de la polémica con una frase repetida una y otra vez: “No hubo, no hay y no habrá diálogo con los narcotraficantes”. Y agregó con la sagacidad del político avezado en esquivar las encerronas: “El gobierno recibió por intermedio del doctor Joaquín Vallejo una propuesta que rechazó. Hubo un contacto entre el doctor Vallejo y el doctor Germán Montoya y la respuesta fue no”.
Punto final a una discusión en medio del alud de las malas noticias: doble asesinato de los gerentes administrativo y de circulación de El Espectador en Medellín; bombazo contra el periódico Vanguardia Liberal en Bucaramanga; asesinato de los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, Héctor Jiménez y Mariela Espinosa; homicidio del periodista Jorge Enrique Pulido. Hasta el fútbol se vio truncado por las balas del narcotráfico. El 15 de noviembre, cuando caminaba hacia el hotel Nutibara de Medellín después de haber oficiado como juez de línea en un partido Medellín-América, fue asesinado a tiros el árbitro Álvaro Ortega Madero. En reunión extraordinaria entre la presidencia de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol con los integrantes de la comisión arbitral y el ministro de educación, Manuel Francisco Becerra, se canceló el campeonato.
Por primera vez, en 40 años de fútbol profesional en Colombia hasta ese momento, no hubo celebración de título por culpa de la mafia, que semanas después, el 27 de noviembre, ratificó que su guerra ya no tenía límites ni escrúpulos. A primera hora, cuando volaba sobre el cerro Canoas, inspección de El Charquito, en Soacha (Cundinamarca), explotó en el aire un avión Boeing 727 de la empresa Avianca que emprendía ruta hacia Cali con 107 ocupantes. A los nueve días, el miércoles 6 de diciembre, con el propósito de acabar con la vida del director del DAS, Miguel Maza Márquez, un bus cargado con 500 kilos de dinamita fue explotado junto al costado oriental de la sede del organismo de inteligencia en Bogotá, provocando graves destrozos en tres kilómetros a la redonda y causando la muerte a medio centenar de personas y heridas a por lo menos 600.
Doble infamia que no fue suficiente para la mayoría de los congresistas mostrara una postura erguida frente al crimen organizado. En ese momento se debatía la reforma constitucional que alentaba el gobierno para airear la democracia, pero en la puerta del horno, un grupo de parlamentarios le colgó un referendo inaceptable y terminó por quemarlo: “No se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes políticos sociales”. Así resumió el ministro de gobierno Carlos Lemos su rechazo y el del gobierno Barco ante el entuerto legislativo: “No están invitando a los colombianos a un referendo sino a una carnicería. Los narcotraficantes harán prevalecer su poder terrorífico para que se vote según sus deseos. Serán unas elecciones bajo el símbolo de la muerte, de los carros bomba, de los aviones que no terminan su viaje porque son volados”.
No fue posible que las mayorías del Congreso dieran marcha atrás y el gobierno, pese a tratarse de su bandera política, prefirió arriarla antes que someterla a un referendo con inobjetable ganador: el narcotráfico. “Tuvo un lánguido entierro de tercera, sin cajón, sin acompañantes, sin corona y sin cureña”, observó un parlamentario. El triste epílogo de un año doloroso que sin embargo tuvo Navidad oficial triunfalista, porque el viernes 15 de diciembre, en una finca sembrada de plátanos entre Tolú y Sincelejo en Sucre, junto a cinco escoltas y su hijo, fue abatido el capo del narcotráfico y promotor de autodefensas, Gonzalo Rodríguez Gacha. El hombre clave resultó ser Jorge Enrique Velásquez, alias El Navegante, una ficha del cartel de Cali que aportó la información que llevó a la Policía al lugar preciso. Desde un helicóptero artillado se consumó la baja del terrorista mayor.
De inmediato, Pablo Escobar secuestró al gerente de la firma Probolsa, Álvaro Diego Montoya Escobar, hijo del secretario general de la presidencia Germán Montoya Vélez. Una nueva jugada de intempestiva salida que detonó comentarios. El cardenal primado Mario Revollo, los exmandatarios Alfonso López, Julio César Turbay y Misael Pastrana, y el presidente de la UP, Diego Montaño, plantearon la urgencia de una transacción para sacar a Colombia del fuego; el gobierno anunció su rechazo a cualquier forma de negociación con la mafia, y Álvaro Diego Montoya recobró su libertad antes de un mes. Un mensaje a las estaciones de radio en Medellín, dejó rondando suspicacias sobre algo que pudo suceder bajo la mesa: “Nosotros ya cumplimos lo nuestro, ahora toca que el gobierno cumpla lo suyo”. Pero ya no quedaba tiempo para tratos.
El 15 de febrero en Cartagena, con presencia del presidente de Estados Unidos, George Bush, y los de Perú, Alan García, y Bolivia, Jaime Paz, el gobierno Barco respaldó la Estrategia Andina contra las Drogas que había sido planteada desde la Casa Blanca como una línea de defensa común contra el narcotráfico. Apenas un mes atrás había concluido la invasión de Estados Unidos a Panamá para capturar al general Manuel Antonio Noriega y con verbo complacido Bush expresó antes de emprender su regreso a Washington: “Creamos el primer cartel antidroga mundial. El presidente Barco y todos los colombianos que se le han unido en su valerosa lucha contra el narcotráfico son una inspiración para mí y para el pueblo norteamericano. Vine para dejar en claro que no están ni estarán solos en esta lucha. Tendrán el apoyo continuo de Estados Unidos”.
En el fondo era así. Detrás de la defensa de Colombia estaba también Estados Unidos. La extradición era su precio. El gobierno jugándose sus restos a propiciar la ruta para acceder a la constituyente, y el narcoparamilitarismo exacerbado tratando de acorralarlo para alcanzar sus fines antes del relevo en la Casa de Nariño. La Casa Castaño y sus cómplices, involucrados en los magnicidios de los candidatos presidenciales de la UP, Bernardo Jaramillo Ossa, perpetrado el 22 de marzo en El Dorado; y el aspirante de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro, el 26 de abril a bordo de un avión que volaba hacia Barranquilla. Hoy se investiga si el DAS metió la mano en ambos hechos, como en tantos otros crímenes políticos con escoltas cumpliendo roles en raros desenlaces.
La otra laceración hasta el último día de la administración saliente fue el terrorismo ciego. El 12 de mayo resultó desolador. Un automóvil cargado con cien kilos de dinamita causó la muerte a 17 personas en el concurrido barrio popular Quirigua, al occidente de Bogotá. Una mujer embarazada de seis meses y cinco niños entre los tres y doce años perdieron la vida. Era la antesala de la celebración del Día de la Madre, y el sector estaba atestado de compradores. A esa misma hora explotó otro carro bomba al norte, frente a un centro comercial en la avenida Suba con 127. Esa era la zozobra diaria también en Cali o Medellín. Todos los colombianos amenazados y la mafia destrozando muchas familias impunemente. Con precio por cabezas de policías, que comenzaron a ser asesinados a plena luz del día, en las puertas de sus casas o delante de sus familias.
Nunca sufrió tanto el país como esos días en los que el poder agresor del narcotráfico llegó a su tope. Siete ministros pasaron por la cartera de justicia en el gobierno. Explicable en una nación donde los jueces o magistrados desprotegidos fueron el objetivo militar. Los carteles de la droga, con largos años de laxitud, ahora aprovechaban esa ventaja. Por eso cambiaron en muchos escenarios el rumbo de Colombia. Contaminaron a la juventud, graduaron de sicarios a los menores, corrompieron autoridades y fuerza pública, degradaron el fútbol, llegaron a la sociedad la cloaca de las oficinas de cobro para fortalecer el crimen, envenenaron al país con sus ríos de dinero fácil que empezaron a circular en todos los frentes limpios o ilegales, y cuando llegó el gobierno Gaviria, después de meses de poner bombas o perpetrar masacres, se mostraron activos para negociar su rendición sin perder su poder.
*Este contenido es producto de la alianza entre El Espectador y ¡Pacifista!
**Para este artículo, el autor consultó la siguiente bibliografía:
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