Una declaración rendida el 25 de septiembre de 2014 por la esposa de una de las víctimas de la denominada masacre de El Aro, registrada el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, fue la base para que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsara copias para investigar al actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.
En su declaración –recolectada en una audiencia de reparación integral- la esposa de uno de los campesinos que fue torturado y asesinado por los miembros del Bloque Mineros de las AUC, contó que al lugar llegó un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. En ese momento Uribe Vélez fungía como mandatario departamental.
En la diligencia judicial aseguró que debido a estas declaraciones ha sido víctima de amenazas e intimidaciones, hecho por el cual se vio obligada a abandonar su vivienda en el municipio de Yarumal (Antioquia) a donde tuvo que trasladarse después de la masacre ejecutada por el grupo paramilitar que delinquían en la zona.
“Lugo de la masacre tuvo que abandonar la población al constatar que su vida corría peligro, según ella, porque como denunciamos lo del helicóptero de la Gobernación de Antioquia”, precisa uno de los apartes de la decisión emitida el pasado lunes en la cual se condenó a una pena alternativa de prisión de ocho años al excomandante paramilitar alias ‘Cuco Vanoy’.
En la decisión se aclara que estas declaraciones hacen parte de un hecho nuevo y diferente a las investigaciones que se han adelantado en contra de Uribe Vélez. En este sentido se le solicitó a las autoridades practicar las pruebas orientadas a establecer todo lo relacionado con el pilotaje de dicho helicóptero y los itinerarios de vuelo.