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La próxima semana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presentará uno de los interminables capítulos de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Treinta años después de la sangrienta toma y retoma que cobró la vida de al menos 94 personas, entre ellas once magistrados, y la desaparición de once más, las familias de dos agentes de la Policía que murieron enfrentados a la guerrilla del M-19 le pedirán a la CIDH que declare responsable al Estado colombiano por la falta de una investigación seria y oportuna en contra de quienes idearon, planearon y ejecutaron la toma.
Durante más de un año, el abogado Felipe Useche trabajó en la elaboración de la demanda que presentará ante la Comisión, acompañado de uno de los hermanos del capitán Héctor Talero, uno de los oficiales fallecidos. En el documento, de 141 páginas, detalló la manera en que los cerebros de la toma al Palacio de Justicia quedaron exentos de cualquier responsabilidad penal y cómo el Estado creó lo que él define como una estrategia para impedir que se investigara y sancionara a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre el 6 y 7 de noviembre, hace 30 años.
Su petición está enmarcada en un lío político y jurídico que comenzó cuando el Gobierno de Virgilio Barco entabló diálogos de paz con el M-19. Las conversaciones fueron exitosas y en marzo de 1990 entregaron sus armas y se desmovilizaron para convertirse en grupo político. El problema, que hoy reaparece, es que los guerrilleros y altos mandos fueron indultados y amnistiados por delitos como el de rebelión. Dentro de ese grupo de combatientes que no enfrentaron ninguna consecuencia judicial estuvieron los altos mandos que planearon la toma.
Por esa época, la jueza sin rostro Clemencia García de Useche, madre de Felipe Useche, tenía a su cargo el expediente de la participación de los jefes del M-19 en la toma. En 1992, García modificó los delitos por los que estaban siendo procesados y dijo que debía prevalecer la investigación por los actos de terrorismo que esa guerrilla había ocasionado en noviembre de 1985, como el incendio del edificio, y que por eso les imputaría cargos, pues esa clase de conductas no estaban amparadas dentro de la ley de amnistía e indulto que ya el presidente César Gaviria había revisado.
Leyes como estas son consideradas, en la demanda que llegará a la CIDH, como parte de la estrategia del Estado para impedir la investigación de los responsables de la toma. “Si bien la Ley 77 de 1989 autorizó al Gobierno a otorgar indultos en el marco de un proceso de paz, señaló también que no se podía aplicar a los homicidios cometidos por fuera de combate, con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión. Las autoridades judiciales se han abstenido durante más de treinta años de investigar a los dirigentes del M-19 que idearon, organizaron y ejecutaron la toma del Palacio de Justicia”, dice la petición de Useche.
La osadía de la jueza Clemencia García le ocasionó toda clase de problemas pues su determinación de investigar a los guerrilleros resultó ser un inconveniente, más político que judicial, al gobierno de Gaviria. Todas sus decisiones fueron tumbadas por otros jueces y la Fiscalía ordenó una investigación penal y disciplinaria en su contra, que incluso le costó la privación de su libertad durante varios años, en una celda en la que compartió con guerrilleras que ella misma había condenado. En 2003, la Corte Suprema de Justicia acabó con su calvario y dijo que Clemencia García era completamente inocente.
Aunque el proceso en contra de los responsables de la toma siguió su curso, pues se logró probar que los delitos que ocurrieron en la toma del Palacio de Justicia no podían ser indultados, en noviembre de 2009 un juzgado penal de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal y el archivo definitivo del caso en el proceso contra el M-19 por los hechos del Palacio de Justicia. En ese momento, Felipe Useche ya había heredado la lucha de su mamá y presentó una apelación que fue atendida por la Corte Suprema de Justicia en 2010, que explicó que, a la luz del Tratado de Roma, los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir y es un deber del Estado seguir investigándolos.
En abril de 2013 el Juzgado Segundo Penal del circuito se pronunció de nuevo sobre el caso y, por el delito de homicidio agravado, condenó a 30 años de prisión a los miembros del M-19 que habían muerto en Palacio. Pero también absolvió a los guerrilleros por la muerte de varios miembros de las Fuerzas Militares, entre ellos el capitán Héctor Talero. Este detalle sirvió para que Useche planteara de inmediato la apelación de la sentencia. Hasta el momento van dos años y siete meses sin que se conozca el resultado de la apelación.
Con el lento y casi nulo avance de la justicia colombiana en este capítulo de la historia de la toma del Palacio de Justicia, Felipe Useche tuvo el tiempo suficiente para componer en 141 páginas la injusticia que considera han vivido los familiares de las víctimas por la falta de condenas y actos de perdón por parte de quienes idearon la toma. Además de pedirle a la CIDH que condene al Estado por su estrategia que impidió la investigación y sanciones, dice que la amnistía que recibieron los miembros del M-19 que participaron en la toma debe declararse ineficaz, pues se olvidaron de que lo que ocurrió esos 6 y 7 de noviembre fue un atentado en contra de los derechos fundamentales.
Entre otras peticiones requeridas a la CIDH están: que se realice un acto público de perdón en el que participen los miembros de la guerrilla; que se instale una placa de memoria histórica en honor a la jueza Clemencia García; y que, por primera vez en esta historia, se les entregue una bandera de Colombia a las familias de los policías y miembros de las Fuerzas Militares que fueron asesinados.