El pasado jueves 28 de junio la Corte Constitucional decidió despenalizar el porte de la dosis mínima, equivalente a un gramo de cocaína o 22 de marihuana. Con este fallo, las personas a las que se les encuentre tal cantidad ya no serán calificadas como delincuentes ni podrán ser judicializadas.
Este último pronunciamiento del alto tribunal llega, una vez más, a abrir el debate. Desde hace 18 años la dosis mínima ha estado en un vaivén entre su penalización y despenalización. La primera vez que se decidió retirar las sanciones al respecto fue en 1994. Ese año Alexandre Sochandamandou demandó la Ley 30 de 1986, argumentando que castigar a una persona que llevara consigo dicha cantidad era una intromisión del Estado en la “salud personal” y que la pena de hasta un mes de prisión allí establecida era discriminatoria con los drogadictos, ya que se encuentran en la misma condición de adicción que, por ejemplo, un alcohólico. El caso fue estudiado por el entonces presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, quién decidió que, de hecho, dos artículos de esa ley eran inconstitucionales y por tanto, en su calidad de ponente del caso, sacó adelante la sentencia en la que se despenalizó la dosis mínima.
En charla con El Espectador, Gaviria manifestó su satisfacción con el nuevo fallo de la Corte: “Es una decisión justa. Es imposible que en un país democrático se le prohíba a alguien fumarse un pucho de marihuana. Ahora es cuestión de que el Gobierno busque formas más eficaces de hacer la lucha”.
Pasarían seis años hasta que el senador Rodrigo Rivera, del Partido Liberal, presentó un proyecto de ley con el que pretendió reanudar las sanciones para quienes utilizaran la dosis personal en lugares públicos. El proyecto se concretó en la Ley 745 de 2002, que imponía como castigo una multa de hasta ocho salarios mínimos.
Con su llegada al poder, en 2002, una de las banderas del presidente Álvaro Uribe, además de la lucha frontal contra las mafias de la droga, fue la de penalizar nuevamente la dosis mínima. De hecho, en 2003 promovió un referendo con el que quiso incluir la pregunta sobre la dosis mínima, que finalmente no pasó cuando la Corte Constitucional argumentó que no estaba en la consulta inicial.
Este fue sólo uno de los muchos intentos que se hicieron durante el gobierno Uribe, quien recurrió al Congreso para volver a las sanciones a través de una reforma a la Constitución. Luego de muchos tropiezos, lo consiguió en 2009. En ese momento afirmó: “En mi concepto, la permisividad que hay para el consumo aquí y en muchos países del mundo donde no se sanciona, nos está demostrando que la droga está legalizada”.
Hoy, los partidarios de la despenalización en el país respiran el aire del triunfo. Uno de ellos, el senador Roy Barreras, le expresó a este periódico que “la penalización es un retroceso histórico; celebro la decisión de la Corte sin ninguna duda”. El fiscal general, Eduardo Montealegre, también se pronunció a favor: “Colombia no puede ser la excepción en un mundo donde todas las constituciones en ciertos ámbitos protegen la personalidad de sus ciudadanos, limitando el accionar del sistema penal”.
Por supuesto, los contradictores también ya alzaron su voz. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que impugnará el fallo del alto tribunal. La controversia sigue servida.